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Gobierno anuncia reducción de carga tributaria máxima en proyecto de royalty minero MERCADOS

Gobierno anuncia reducción de carga tributaria máxima en proyecto de royalty minero

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Desde Hacienda buscarán ajustar la carga tributaria de la iniciativa, un punto menos que el presentado inicialmente y tres puntos por debajo de la idea original del proyecto. El pago de royalty, impuesto de primera categoría e impuestos finales se considerarían en conjunto para dotar de mayor predictibilidad al royalty. Además, se implementaría una tasa diferenciada para los explotadores mineros con una producción de hasta 80.000 toneladas, con un límite máximo de carga tributaria. Según el jefe de la billetera fiscal, tomando los precios reales de los últimos 10 años, la carga tributaria promedio sería del 41,5%.


El Gobierno presentará nuevas enmiendas al proyecto de royalty minero que reducirán la carga tributaria máxima del 48% al 47%, con el objetivo de incentivar la expansión de proyectos de inversión.

Estas indicaciones incluyen la tasa diferenciada para explotadores mineros que produzcan hasta 80,000 toneladas y exención del pago de impuestos por hasta seis años para pequeños y medianos explotadores que buscan expandir su producción.

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Según consignó El Mercurio, la propuesta también contempla el pago conjunto de royalty, impuesto de primera categoría e impuestos finales para mayor predictibilidad y certeza en el cálculo del royalty.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que estos cambios buscan fortalecer los incentivos para la inversión en el sector minero.

El Ejecutivo también anunció la creación de un fondo plurianual para la seguridad ciudadana que recibiría aportes tanto desde el presupuesto como del royalty minero a partir del 2025. Además, se busca reducir el tiempo de tramitación de permisos para proyectos mineros en un tercio, mediante la creación de una mesa técnica con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. También se incluirá en el proyecto de ley de rentas regionales la asignación explícita de recursos a regiones y municipios, junto con exigencias mayores de transparencia y auditoría en el uso de estos fondos.

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