MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
Luego de meses marcados por miradas contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero impulsado por el Ejecutivo y que establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras. Desde el Gobierno destacaron que el royalty minero se traducirá en la inyección de recursos en las regiones, y que esto permitirá avanzar hacia la descentralización fiscal y justicia territorial. Dentro de las claves de la medida, se encuentran la distribución de parte de la recaudación en tres fondos que buscan fortalecer el desarrollo de las regiones, especialmente las de zonas mineras.
Tras meses de discusión entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Ley el proyecto de royalty minero impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras y que va en beneficio, primordialmente, de las regiones del país.
En concreto, el proyecto del royalty minero fue visado en su tercer trámite constitucional tras conseguir 101 votos a favor y 24 en contra, consiguiendo también un amplio respaldo en las normas en las que se solicitó que se discutieran por separado.
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Tras la determinación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que “este es un proyecto que estuvo cuatro años en discusión. Lo primero que tenemos que reconocer es la visión de los diputados y diputadas que partieron con esta idea”.
“Tenemos que agradecer el aporte que se hizo en las distintas etapas del proceso legislativo, en especial en el Senado, donde senadores de todos los sectores políticos aportaron para perfeccionar el proyecto, tanto en su componente tributario, como en la distribución de recursos”, añadió.
En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal indicó que “esto permitirá que el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre y, por otro lado, distribuir un tercio de estos recursos a todas las regiones del país, a las comunas más afectadas por la actividad minera en su territorio y a 302 comunas de menores recursos y mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas como por comunas de todo el país”.
El proyecto de ley busca modificar los impuestos que pagan las grandes empresas estableciendo una carga tributaria potencial máxima. Asimismo, la medida establece una carga tributaria potencial máxima diferenciada de acuerdo al nivel de producción de cada gran empresa de la minería.
Desde el Gobierno destacaron que el royalty minero se traducirá en la inyección de recursos en las regiones, y que esto permitirá avanzar hacia la descentralización fiscal del país y en justicia territorial. Dentro de las claves de la medida, se encuentra la distribución de parte de la recaudación en tres fondos que buscan fortalecer el desarrollo de las regiones en el país, especialmente en las zonas mineras.
Así, dichos $390 mil millones se distribuirán, primer, en el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual beneficia a todos los gobiernos regionales con fines de desarrollo productivo. El Fondo de Comunas Mineras, destinado a comunas que tengan externalidades negativas producto de la actividad minera y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, a favor de las comunas más vulnerables del país con mayor dependencia del Fondo Común Municipal o bajos ingresos propios.
En ese sentido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó que dicho proyecto se trata de “una prioridad para las regiones y una necesidad para el país. El diálogo y entendimiento han demostrado el compromiso por el desarrollo y equidad territorial, logrando este impuesto que entregará $390 mil millones a gobiernos regionales y municipios”.
En medio de las intensas negociaciones durante las últimas semanas, la discusión giró en torno a la carga tributaria máxima. Primero, el Gobierno se abrió a rebajarla desde un 50% a un 48%, mientras que desde la industria esperaban un 43 o 44%.
Para que las negociaciones no quedaran paralizadas, desde el Ejecutivo se abrieron a rebajar el tope a un 46,5% para las empresas que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino, y de 45,4% para las que exploten entre 50 y 80 mil toneladas.
Previamente, fue el propio Presidente Boric quien emplazó al Parlamento para que aprobase la medida, asegurando que “ha costado mucho poder llegar a acuerdos para establecer un nuevo royalty a la gran minería en Chile. Ha habido diferentes excusas, pero yo les quiero decir que en estos temas en donde está en juego la justa distribución de la riqueza que genera el país, no es tiempo de excusas sino de soluciones”.
