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Créditos: Agencia UNO (referencial)
La Confederación de la Producción y el Comercio apuntó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional, con el propósito de modificar la ley de delitos económicos aprobada por el Congreso hace algunas semanas. La propuesta que induce sanciones más severas para los delitos de “cuello y corbata” fija penas de cárcel para la colusión, la corrupción y otros delitos económicos. Según el texto de la CPC, la normativa contiene una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos”. Desde el Gobierno, los ministro Camila Vallejo y Luis Cordero fueron críticos de la acción por parte de la multigremial del empresariado, y apuntaron a la amplia aprobación de la norma tuvo en el Congreso. Al respecto, la secretaria de Estado indicó que “es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público”.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional para presentar su propuesta de modificación a la ley de delitos económicos, que fue apoyada de manera transversal por el Congreso en mayo de este año y está pronta a promulgarse.
Según lo postulado por los representantes de la organización que agrupa al empresariado chileno – los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, exconvencional constituyente-, la norma que robustece las sanciones en los denominados delitos “de cuello y corbata” y aplicará a faltas de carácter enonómico y ambiental atenta “contra el propio orden público económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.
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Cabe destacar que la iniciativa introduce las penas de cárcel para conductas ilíticas como la colusión, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o la malversación de caudales públicos.
El texto legal introduce “un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Asimismo, el “téngase presente” ingresado al órgano juridiccional señala que “el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución”.
El escrito apunta que “la mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos”.
En ese sentido, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, indicó que esto representa una amenaza para el mundo del empresariado. Lo anterior debido a que la iniciativa “crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”.
Desde el Gobierno no vieron con buenos ojos el requerimiento presentado por la multigremial. El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que “me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”.
Según Cordero, el proyecto “ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final”.
De la misma forma, el Secretario de Estado criticó que “me parece que todo el mundo tiene derecho a petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso”.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la aprobación general del proyecto en ambas Cámaras del parlamento, y manifestó que “es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país”.
