MERCADOS
Créditos: Agencia UNO
Desde la Sofofa -que junto a otras federaciones del ámbito empresarial pretencen a la Confederación de la Producción y del Comercio-, se sumaron nuevas críticas a la la ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente. Esto, luego de que la confederación de sectores productivos acudiera al Tribunal Constitucional para señalar que la norma posee una mirada “fragmentada” de los delitos económicos. Según señalan, la ley de “cuello y corbata” podría “tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión”.
Luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentara un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional respecto a la ley de delitos económicos y de medioambiente, la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril) se sumó a los cuestionamientos.
Así, desde la organización se refirieron a la denominada ley “de cuello y corbata”. A través de un comunicado, señalaron que si bien concuerdan en la importancia de desfavorecer la actividad delictiva a través de la norma, “esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión”.
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Por esto, consideraron que esta ley genera problemas en cuanto al “estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país”, lo que a su vez pasa a llevar el principio de igualdad ante la ley.
De la misma forma, sostienen que hay una “falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas” como la colusión, el cohecho y la corrupción, lo que a su vez “genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito”.
Sobre estas faltas a la legalidad, cuestionan que “tienen un carácter más subjetivo”, que complejizará los procesos penales, y que esta se verá “agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados, que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos”.
A la vez, agregan que “creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades”.
