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Después de intensos debates y oposición por parte del gran empresariado, el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que busca abordar la impunidad en delitos económicos al establecer un enfoque diferenciado, reconociendo su impacto social. A la ceremonia que se realizó en La Moneda estaban invitados los presidentes de la CPC, Ricardo Mewes, y de la Sofofa, Rosario Navarro, pero se excusaron. Ambas organizaciones habían presentado reparos ante la nueva legislación por sus impactos en la actividad empresarial.
Tras meses de discusión y luego de los reparos del empresariado agrupado en la CPC que planteó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional (TC), el Presidente Gabriel Boric finalmente promulgó la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambientales, también conocida como ley contra delitos “de cuello y corbata”.
Un objetivo clave de esta ley es combatir la impunidad económica. La ley introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la criminalidad económica. “Se acabaron los tratos especiales”, sentenció el Jefe de Estado.
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“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”, afirmó el Mandatario, quien agregó que “frente a eso, y me imagino que todos quienes son representantes electos o que han cumplido funciones públicas lo deben haber experimentado en sus salidas a terreno, hay una percepción en la ciudadanía de que, a veces, pareciera existir dos justicias, una justicia para ricos y una justicia para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real”.
El propósito central de la ley es prevenir la comisión de delitos económicos a través de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo.
“La promulgación de esta legislación es un paso importante en la recuperación de las confianzas en las instituciones. Muchas veces, me preguntan qué es lo que espero al final de nuestro mandato, y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras, más allá de las cifras, un bien intangible que para mí es prioritario es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso respecto de ello”, reflexionó el Presidente de la República desde La Moneda.
El Gobierno reconoce la promulgación de esta ley como “uno de los avances y cambios más importantes al sistema penal, valorando de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que provoca”.
Cabe mencionar que la CPC puso un “téngase presente” ante el TC cuestionando algunas de las normas que incluye la nueva normativa, pero finalmente el organismo de control de constitucionalidad lo desestimó. El Presidente Boric aseguró que “es cierto que haber recurrido al Tribunal Constitucional por gremios termina con fortalecer la legislación” promulgada.
Desde la Sofofa -que junto a otras federaciones del ámbito empresarial pertenecen a la Confederación de la Producción y del Comercio-, se sumaron a las críticas a la la ley. Según señalaron, la legislación podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requería de una “profunda revisión”.
A la actividad estaban invitados los presidentes de la CPC, Ricardo Mewes, y de la Sofofa, Rosario Navarro, pero se excusaron. La ceremonia, que tuvo lugar en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, contó con la participación de las ministras del Interior, Vocera de Gobierno y de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Tohá, Camila Vallejo, y Antonia Orellana; junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda, Segpres y Economía, Luis Cordero, Mario Marcel, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau, respectivamente.
La senadora Paulina Núñez (RN) manifestó que “estos delitos son tan importantes y tan relevantes como cualquier otro, por ejemplo, de alta connotación social, porque aquí las víctimas no solamente son las personas, sino toda la sociedad”. La legisladora valoró el aumento de penas, la sistematización de los delitos económicos y medioambientales en un solo catálogo para que, de esta forma, “los tribunales puedan hacer justicia, que es lo que todos esperamos”.
El senador Matías Walker (Demócratas) agradeció al Presidente Boric la promulgación de la ley y expresó sentir que hoy día como país “nos ponemos los pantalones largos con una legislación con estándar europeo”.
“Desde hoy en Chile hay verdadera igualdad ante la ley, y se trata de la reforma más importante en la historia del Código Penal. Esta nueva ley “se puede también aplicar sanciones a los partidos políticos. Los partidos políticos –por ejemplo- que se vean involucrados en casos de corrupción podrían perder su personalidad jurídica, tener sanciones patrimoniales, además de penas efectivas privativas de libertad”, añadió el senador Walker. El autor de la Ley de Delitos Económicos y Medio Ambientales, también destacó que la ley “constituye la reforma más importante al Código Penal”, significando que “desde hoy hay verdadera igualdad ante la ley”.
