MERCADOS
El Mandatario presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, enfocada en la transparencia y el combate a la corrupción, incluyendo la propuesta de levantar el secreto bancario para controlar la evasión y financiar la reforma de pensiones. La oposición criticó el anuncio.
“Vamos a levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión, proyecto que además presentaremos prontamente porque es fundamental para financiar temas que son tan importantes para la ciudadanía como lo es la reforma de pensiones”.
El Presidente Gabriel Boric recibió de parte del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la Subsecretaria de dicha cartera, Macarena Lobos y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lübbert, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, política pública orientada a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país.
“En Chile no debiera haber espacio ni complacencia con las faltas a la probidad, con los abusos y la impunidad ni para quienes buscan sacar provechos personales a partir de los recursos de todos los chilenos”, afirmó el Mandatario durante su exposición, y agregó que, “incluso, muchas veces, una línea más delgada aún porque hay ocasiones en que no son recursos contables necesariamente en dinero, sino también posiciones de poder para aprovechar privilegios injustos que terminan horadando el sentido más profundo de la función pública”.
En su Cuenta Pública de 2022, el Presidente Boric se comprometió a implementar una Estrategia Nacional de Integridad Pública que recogiese los lineamientos compartidos por la Comisión Engel, la OCDE y la Contraloría General de la República; mientras que en la Cuenta Pública de 2023, comprometió su lanzamiento para diciembre de este año.
“La Estrategia Nacional de Integridad Pública se hace cargo de los diferentes problemas de fondo que tiene el país en materia de corrupción y, también, busca anticiparse sin medias tintas ni dejando temas de lado, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevos temas que nos obliguen a actualizar esta estrategia como corresponde en un país desarrollado”, agregó el Jefe de Estado.
En su versión final, la ENIP, la primera de su estilo en nuestro país, cuenta con 210 medidas para mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción.
Se agrupan en las categorías de (1) Función Pública, que comprende a los órganos del Estado, las actividades que realizan al servicio de las personas y el conjunto de personas que ejercen labores en ellos; (2) Recursos Públicos, que corresponden a los medios que se encuentran a disposición del Estado para cumplir con sus funciones y financiar el gasto público; (3) Transparencia, que consiste en promover el principio que llama a respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración. (4) Política, que apunta a cerrar las brechas identificadas en materia de partidos políticos y campañas electorales; y (5) Sector Privado, se refiere a todos los actores del mundo de los negocios, como las empresas privadas y públicas, además de sus trabajadores, representantes y gremios.
Ejemplos de medidas contenidas en el documento
1) Función pública (70 medidas en total)
2) Recursos públicos (40 medidas en total)
3) Transparencia (30 medidas en total)
4) Política (22 medidas en total)
5) Sector privado (41 medidas en total)
La oposición criticó el anuncio, argumentando que podría generar incertidumbre. Plantean la necesidad de levantar el secreto bancario bajo autorización judicial, no “unilateralmente”.
Según consignó La Tercera, desde RN, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, manifestó su “extrañeza”, ya que solo “hace unos meses se limitó severamente el secreto bancario en una ley aprobada recientemente”. Además, el diputado indicó que esta materia “debería ser parte de un acuerdo, no de una indicación unilateral (…) lo que se entiende por levantar el secreto bancario implica que habrá funcionarios del SII con acceso a información personal de todos los chilenos y los casos de posible corrupción ilustran los riesgos de ello. El secreto bancario puede levantarse en marco judicial, aunque habría que conocer la propuesta del ejecutivo antes de tener una opinión”.
Guillermo Ramírez de la UDI criticó fuertemente al Presidente Boric, señalando que propone medidas no realistas como condonar el CAE y mencionó que levantar el secreto bancario sería perjudicial para la confianza, inversión y economía del país. En tanto, Juan Antonio Coloma de la UDI mencionó que actualmente la autoridad puede solicitar levantar el secreto bancario ante sospechas de ilicitud, cuestionando la idea de afectar la intimidad de las transacciones personales para financiar una reforma de pensiones.
El diputado Agustín Romero del Partido Republicano también se opuso a cualquier normativa que afecte la “libertad” de los chilenos. “Mientras este gobierno no logre controlar la corrupción dentro de su aparato estatal y no asegure que la información privada de una cartola bancaria de una persona, no termine en manos de abogados o funcionarios públicos corruptos para extorsionarlo o sacar ventaja, sin que haya consecuencias relevantes para esos funcionarios públicos implicados me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos”, fustigó.
Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz Coke, planteó que se debe conocer el detalle del proyecto, sin embargo, afirmó que en el caso que se debe levantar el secreto bancario, debe hacerse sin vulnerar los derechos de los contribuyentes. Por ello, dice que tiene que ser con autorización de un juez.
