MERCADOS
Foto: Agencia UNO
A pesar de valorar los beneficios para el Estado y regiones, el análisis del Cenda expresa indignación por “conceder” parte del valor del litio a SQM y critica la entrega a privados de otros yacimientos.
“La creación por parte de Codelco de una sociedad que recupera el control del Estado sobre la explotación del principal yacimiento del Salar de Atacama y del país constituye un hecho esencial para Chile”.
Así comienza el análisis proporcionado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), un think tank vinculado al Partido Comunista (PC), el cual destaca la magnitud de este negocio y su impacto a nivel internacional. Sin embargo, también expresa su indignación con algunos puntos del acuerdo.
A fines del año pasado, el Presidente Gabriel Boric ratificó el acuerdo alcanzado por Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, sosteniendo que la negociación se realizó respetando los contratos vigentes y que permite decir con “orgullo que el litio es de todos los chilenos”.
El análisis del Cenda resalta los considerables beneficios que esta iniciativa generará para el Estado, la región y las comunidades circundantes. Además, se enfatiza la coherencia de esta acción con la Estrategia Nacional del Litio, formulada por el Gobierno del Presidente Boric.
El centro de estudios ligado al PC valora la creación de esta sociedad conjunta, resaltando la herencia de la Unidad Popular.
“La conformación de esta sociedad sólo ha sido posible por la existencia de Codelco, principal herencia de la Nacionalización del Cobre, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional a instancias del Presidente Salvador Allende”, sostiene el Cenda.
El análisis también señala el respaldo directo del Presidente de la República, quien, “en un momento crucial”, ordenó a Corfo firmar un contrato que otorga a Codelco el derecho exclusivo para explotar el yacimiento.
Recordemos que el Estado de Chile pasa a ser el accionista mayoritario de una nueva sociedad que explotará el Salar de Atacama a partir de 2031. Codelco controlará el 50% + 1 acción y SQM el 50% – 1 acción.
Así, se resalta la implementación de una política racional para el manejo del litio, contrastando con la “infame” ley de concesiones mineras. Asimismo, se aboga por la derogación de esta legislación como un imperativo político para “salvaguardar los intereses nacionales”.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en las oficinas de la cuprífera estatal, junto al gerente general de SQM, Ricardo Ramos.
Pese a valorar parte del acuerdo, el análisis del centro de pensamiento cercano a los comunistas expresa “indignación” por la necesidad de “conceder” una parte significativa del valor de cada tonelada de litio. También se critica la entrega a privados de otros yacimientos de litio en salares menores, afirmando que el Estado tiene la capacidad de explorar y explotar estos recursos, como lo hará con el salar principal.
“La implementación de una política racional para el manejo del Litio ha sido posible gracias al patriótico resguardo de quienes lograron mantener el metal al margen de la infame ley de concesiones mineras de la dictadura, y mantenida por los gobiernos democráticos, que ha entregado la mayor parte de las riquezas minerales a un puñado de empresas privadas, casi todas extranjeras”, declara el Cenda.
Y agrega: “La sola comparación de los importantes beneficios que Chile obtiene del litio con los que aporta la minería privada que extrae los otros minerales concesionados sin pago significativo, pone en evidencia el daño enorme al interés nacional que significa la referida legislación. Asimismo, representa a la autoridad política el imperativo de su derogación, cuya postergación desde hace tres décadas es una de las causas principales de la pérdida de legitimidad del sistema democrático”.
En este sentido, el Cenda manifiesta: “Indigna con razón al país que en esta negociación haya sido necesario conceder cerca de un tercio del valor de cada tonelada de litio que será extraído por la empresa conjunta, para recuperar el control del Estado sobre un yacimiento que le pertenece y cuya explotación jamás debió ser entregada a privados. Menos a una empresa que fue usurpada por el yerno del dictador (Julio Ponce Lerou), lo que tampoco ha sido revertido por los gobiernos democráticos”.
Finalmente, se destaca que la recuperación estatal del yacimiento de litio no solo tiene implicaciones económicas y ambientales, sino también un impacto político al contribuir a la relegitimación del sistema democrático.
“Quizás el aspecto más importante de la recuperación por el Estado del principal yacimiento de litio, es su impacto político en cuanto a relegitimar el sistema democrático en su conjunto. Muestra que, haciendo uso de sus considerables atribuciones legales, el Gobierno puede abordar grandes abusos y poner coto a los grandes abusadores. Ese es el único camino para recuperar la legitimidad perdida”, concluye.
