El organismo advirtió sobre la vulnerabilidad del país ante crisis futuras debido al aumento de la deuda y la reducción de activos del Tesoro Público, enfatizando la importancia de actuar ahora. Por eso, advierte que “es imprescindible que el Gobierno y el Congreso alcancen un consenso político”.
El aumento de los niveles de endeudamiento público, las recomendaciones sobre fuentes permanentes de financiamiento, así como las inquietudes sobre el proyecto de reducción de la evasión y la elusión tributaria, fueron algunos de los temas de urgente preocupación planteados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). El organismo llamó a La Moneda y al Parlamento a ponerse de acuerdo para mejorar la crítica situación de las finanzas públicas
En la exposición de su informe semestral ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Senado, este martes, el CFA consideró dentro de sus recomendaciones que es “imprescindible que el Gobierno y el Congreso alcancen un consenso político amplio sobre una agenda concreta para mejorar la situación de estrés fiscal”.
El organismo público independiente y de carácter técnico advirtió que la actual situación de las finanzas públicas se proyecta también para el mediano plazo, y que esta se refleja en el aumento sostenido de la deuda pública en los últimos 16 años.
Para mejorar estas perspectivas, propuso que el Poder Ejecutivo y Legislativo deben tomar una serie de medidas. Entre ellas, que se cumplan rigurosamente las metas de Balance Estructural; que se retome la tramitación del proyecto sobre responsabilidad fiscal con miras a su aprobación; que se fortalezca la institucional fiscal para el mediano y largo plazo; lograr una combinación equilibrada de fuentes permanentes de financiamiento, y reconstruir gradualmente el Fondo de Estabilización Económica y Social.
El presidente de la CFA, Jorge Rodríguez señaló que, si se hubiera aplicado el ajuste por litio, “se debería haber gastado el año pasado US$3.340 millones menos de lo que efectivamente se gastó para obtener el mismo resultado estructural”. Esto implica debe haber un mayor esfuerzo para alcanzar la meta estructural de -1,9% del PIB en 2024”.
El senador Felipe Kast (Evópoli) valoró el informe del organismo y expresó sus dudas respecto a lo que se entiende por “niveles de deuda prudente”, pues a su juicio “los intereses que pagamos son altos y ya equivalen al gasto del Ministerio de Vivienda en un año”.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) coincidió con su par, respecto a lo que se considera como nivel de deuda prudente. En ese sentido recalcó que la eficiencia del gasto público es clave y manifestó sus inquietudes respecto a las proyecciones de recaudación que se pretenden con el proyecto sobre evasión y elusión fiscal.
A su turno, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos afirmó que “las recomendaciones del CFA son categóricas. Tiene que haber un acuerdo entre Congreso y Gobierno”. Asimismo, también consultó respecto a lo que se entiende por “nivel de endeudamiento prudente”.
Rodríguez fue claro en señalar que el país está en una posición “más vulnerable” frente a potenciales crisis debido al aumento de la deuda y la reducción de los activos del Tesoro Público.”Los actuales niveles de endeudamiento y de los activos financieros del Tesoro Público muestran que, ante una eventual crisis, el sector público tendría significativamente menos ahorros y menor espacio para endeudarse del que tuvo en las grandes crisis previas”, planteó.
El CFA recordó algunos escenarios que ya considera el reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), con un “acotado espacio” para nuevos gastos entre 2024 y 2028 -incluso sin holguras entre 2025 y 2026-, con un incremento de la deuda neta a 38,2% del PIB en 2028 y una reducción de los activos financieros del Tesoro Público desde 5% a 3% del PIB en el mismo lapso.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) también admitió que existen dudas razonables respecto a que se alcance la meta recaudatoria. “La cuestión es compleja y la pregunta es si han cuantificado el efecto de reformas económicas y qué recomendaciones hacen para mejorar la eficiencia del gasto público”.
Por su parte, la senadora Ximena Órdenes (independiente, PPD) hizo presente sus dudas respecto a la autonomía de los gobiernos regionales, cuáles son los riesgos que visualiza el organismo y cuáles son las medidas que ven más estructurales.
“El estrés fiscal no es consecuencia sólo de lo ocurrido en años recientes por la pandemia, sino que es resultado de una tendencia que viene de antes. El deterioro de las finanzas públicas se observa desde la crisis financiera global de 2008, con distintos grados de cumplimiento en la consolidación fiscal desde entonces”, señaló el titular del CFA.
Y agregó que desde dicha crisis, el gasto público superó la mayor parte del tiempo a los ingresos estructurales. En detalle, en los últimos 16 años los desembolsos del Fisco promediaron un 23,8% del PIB, mientras los ingresos fiscales lo hicieron en un 22%.
Rodríguez recordó que desde el 2016 el país ha sufrido al menos dos recortes de clasificación de riesgo de parte de cada una de las agencias principales de rating, lo que refleja la mayor debilidad del Fisco.
“Los indicadores de riesgo país de Chile se ubican en niveles similares a algunos de sus pares regionales que cuentan con menor calificación crediticia tales como Perú y Paraguay”, añadió en su exposición ante el Senado.
“Es improbable que no haya una crisis en los próximos 10 años. Recomendamos que hagamos un acuerdo político amplio ahora, que están prendidas las luces amarillas, y no cuando estén las luces rojas prendidas, que es mucho más doloroso, es más desordenado y no se pueden priorizar los ajustes”, alertó el economista del CFA.