MERCADOS
Tras más de dos meses de trabajo, la instancia compuesta por representantes de los senadores que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, elaboró un documento con los acuerdos clave en esta materia y también los desacuerdos entre los integrantes.
La Comisión Técnica de Pensiones emitió finalmente su informe respecto del análisis que realizó de la reforma previsional presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y posibles alternativas.
Tras más de dos meses de trabajo, la instancia compuesta por representantes de los senadores que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, elaboró un documento con los acuerdos clave en esta materia y también los desacuerdos entre los integrantes.
Uno de los puntos de consenso más destacados es el aumento de la cotización en un 6% con cargo al empleador. Este incremento se implementará de manera gradual, a razón de 1 punto por año, posicionando a Chile en el promedio de cotización de la OCDE.
Además, se acordó la necesidad de modernizar el sistema de cobranza para garantizar la eficiencia en la recaudación de las cotizaciones, así como hacer obligatoria la cotización adicional para los trabajadores independientes, con la gradualidad correspondiente.
Los integrantes acordaron licitar paquetes del stock de afiliados de manera aleatoria, permitiendo a los afiliados decidir si participar o cambiarse de AFP una vez licitados. Asimismo, se acordó adoptar fondos generacionales para el traspaso de activos sin impactar negativamente el mercado financiero.
Se logró un consenso en la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida, convirtiendo el bono tabla en un componente permanente del nuevo seguro social. Además, se acordó implementar un período transitorio de solidaridad intergeneracional, enfocado en mujeres y grupos con más años de cotización.
Finalmente acordaron fortalecer la Superintendencia de Pensiones, transformándola en un cuerpo colegiado similar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Los desacuerdos más significativos del informe giran en torno a la Pensión Garantizada Universal. Aunque se decidió no aumentar la cobertura del 90% al 100% como proponía el proyecto, no hubo consenso sobre el incremento de la PGU a $250.000. Sin embargo, se coincidió en que la PGU debe referenciarse a la línea de pobreza.
Otro punto de divergencia fue el diseño del beneficio intrageneracional. Aunque se reconoció la necesidad de asegurar suficiencia en los beneficios y compensar las brechas de género, no hubo acuerdo sobre los términos específicos del beneficio dentro de una misma generación.
