Tras la petición del gobernador del Biobío de llevar a cabo un plan estilo posguerra, ante el eventual aumento de la cesantía por el cierre de la siderúrgica, el ministro de Economía —sin dar mayores detalles por ahora— anunció una “estrategia” para evitar un efecto dominó que derribe pymes.
Como una “bomba atómica” describió el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner (exmilitante DC), el cierre indefinido de la compañía siderúrgica Huachipato. Y es que la eventual pérdida de 20 mil empleos y el posible aumento de la cesantía al 12% no solo dañan la economía local, según la autoridad también, “también hieren nuestra identidad industrial”.
La región se encuentra en un estado de alta preocupación tras el reciente anuncio de la planta industrial ubicada en la comuna de Talcahuano —propiedad del Grupo CAP— de suspender sus operaciones a partir de septiembre.
El pasado 7 de agosto, el directorio de la compañía señaló que, si bien la Comisión Antidistorsiones reconoció la existencia de dumping en la importación de barras de acero de origen chino e impuso sobretasas transitorias a estos productos mientras toma una decisión definitiva, “a casi cuatro meses de implementada la medida el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles”.
Para enfrentar la emergencia, el gobernador Díaz propuso al Gobierno la implementación de un “Plan Marshall”, en referencia a a iniciativa de Estados Unidos para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial, destinado a mitigar el impacto económico y laboral de la suspensión de Huachipato.
“Tal como la semana pasada le propuse al ministro de Economía, Nicolás Grau, es fundamental que el Gobierno lidere la implementación de un “Plan Marshall” de diversas inversiones que permitan la reactivación económica de diversos sectores y un alivio para cientos que perderán sus puestos de trabajo”, señaló el gobernador en una columna publicada por Diario Concepción.
En respuesta, en entrevista en la radio Universo, el ministro Grau, encargado de asumir esta tarea y quien ya se ha reunido con dirigentes sindicales y autoridades, señaló que el primer objetivo apuntará a que todas las “empresas que son proveedoras de Huachipato tengan una alternativa, tengan un camino que les permita reorientarse hacia otros mercados, hacia otras demandas, de manera de poder sostener esos trabajos”. Asimismo, explicó que “vamos a hacer una estrategia que nos permita evitar que se genere un efecto de más cierre”.
El detalle de lo que se llevará a cabo se desconoce. No obstante, según el titular de la cartera de Economía, Fomento y Turismo, el plan se presentará “en las próximas semanas”.
La incertidumbre ha suscitado una fuerte respuesta entre los parlamentarios de la región. La diputada Marlene Pérez (independiente de la bancada UDI) criticó la falta de claridad sobre las medidas a tomar y exigió una respuesta más inmediata para mitigar el impacto en el empleo y la economía regional. Según consignó Emol, la diputada Pérez enfatizó la necesidad de ofrecer certezas a los habitantes del Biobío, alertando sobre las posibles consecuencias para los pequeños negocios que dependen de Huachipato.
Por su parte, la diputada Karen Medina (independiente y exmilitante del PDG) expresó su preocupación por la situación y sugirió la creación de soluciones alternativas, como el fomento a la creación de nuevas empresas y la implementación de incentivos para atraer inversiones a la región. La parlamentaria considera que estas medidas podrían ayudar a compensar la pérdida de empleos y revitalizar la economía local.
El diputado Eric Aedo (DC) también se refirió a la crisis, indicando que se está evaluando una negociación de salida justa para los trabajadores afectados por el cierre. De acuerdo al citado medio, Aedo destacó la importancia de asegurar que los trabajadores reciban condiciones económicas adecuadas, recordando que muchos de ellos habían postergado la negociación colectiva en apoyo a la empresa durante su situación crítica. Además, el legislador subrayó la necesidad de avanzar con proyectos de inversión y de reducir la burocracia que actualmente detiene la inversión pública en la región.
La región del Biobío enfrenta un momento crítico en el que la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad será esencial para superar la crisis provocada por la suspensión de Huachipato. Cabe mencionar que en marzo, la compañía hizo el primer aviso. Según explicaron en dicha ocasión, debido a que todas las empresas productoras son controladas por el Estado chino y, además, son de gran tamaño, en la práctica, derivaría en que la totalidad del acero se exportará a Chile desde la empresa a la que se le aplique la menor sobretasa, “eliminando cualquier posibilidad de competir en igualdad de condiciones”.
El desempeño de la Compañía Siderúrgica Huachipato ha tenido un impacto significativo en los resultados financieros del Grupo CAP en el segundo trimestre de 2024. La siderúrgica reportó una pérdida de US$ 311,9 millones, destacando los problemas operativos y financieros enfrentados.
Según consignó Reporte Minero, entre abril y junio de 2024, Huachipato registró un EBITDA negativo de US$ 21,5 millones, aunque mejoró respecto a los US$ -37,5 millones del mismo período del año anterior. Esta mejora se debió a una reducción del 32,8% en los volúmenes demandados y dificultades para ajustar los precios del acero. No obstante, la empresa decidió suspender indefinidamente sus operaciones debido a la falta de condiciones favorables para cambios estructurales y la complicada situación financiera.
En consecuencia, en el primer semestre de 2024, Huachipato acumuló una pérdida de US$ 412,4 millones, afectada por una provisión de reestructuración de US$ 335,5 millones. Los ingresos de la compañía disminuyeron un 31,4%, con una reducción del 22% en despachos y una caída del 9,2% en el precio del acero.
Nicolás Burr, gerente general del Grupo CAP, señaló que la decisión de suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas de Huachipato fue “difícil pero necesaria”, dado que los resultados financieros demostraron la insostenibilidad de continuar con la operación. Además, de acuerdo al citado medio, Burr reafirmó el compromiso del Grupo CAP con la Región del Biobío y mencionó la implementación de un “plan de salida” para apoyar a los trabajadores afectados, que incluiría compensaciones económicas, capacitaciones y soporte para la reinserción laboral.
A pesar de los problemas en Huachipato, el Grupo CAP vio un aumento del 68,2% en su EBITDA en el segundo trimestre, alcanzando los US$ 213,8 millones, gracias al buen desempeño de la Compañía Minera del Pacífico (CMP). CMP reportó ingresos de US$ 722,9 millones y un EBITDA de US$ 316,8 millones.
Los resultados de otros segmentos del Grupo CAP incluyeron una caída en el área de Soluciones en Acero y una disminución en ingresos en CAP Infraestructura, aunque ambos segmentos mostraron mejoras en EBITDA y utilidad neta.