MERCADOS
Foto: AgenciaUNO
Fiscalía apunta a esquema de sobreproducción ilegal que infló el valor de la empresa. Se acusa perjuicio económico de US$620 millones para Joyvio y daños ambientales. Tribunal decretó 180 días de investigación, arraigo nacional y firma periódica para los imputados. Defensa niega acusaciones.
Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formalización del expropietario de Australis Seafoods, Isidoro Quiroga, junto a los exejecutivos de la misma empresa, Martín Guiloff y Santiago Garretón. El Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de estafa y administración desleal relacionados con la compraventa de la mencionada salmonera a la empresa china Joyvio, por un monto de US$921 millones.
Los chinos compraron Australis en 2019, pero hace dos años presentaron una querella, acusando que, en el proceso de compra, Quiroga, uno de los hombres más ricos de Chile, y el directorio les ocultaron información.
Hoy, el tribunal decretó un plazo de investigación de 180 días. Se establecieron medidas cautelares de arraigo nacional y firma trimestral para Isidoro Quiroga en la comuna de La Reina, mientras que Santiago Garretón deberá firmar en Puerto Varas. Por su parte, Martín Guiloff, residente en España, deberá realizar su firma en el consulado chileno cada dos meses. Además, cualquier solicitud de salida del país requerirá una fianza de $10 millones.
Durante la formalización, la fiscal Constanza Encina presentó un extenso documento de 59 páginas, detallando cómo los acusados implementaron un esquema de sobreproducción sostenida que infringía los límites establecidos por la normativa ambiental chilena. Este plan habría permitido a Australis inflar artificialmente su valor patrimonial, lo que derivó en la venta fraudulenta de la empresa. Pero no solo eso.
“Nosotros tenemos una serie de diligencias pendientes, que tienen relación con un posible delito medioambiental que podría hacer variar las circunstancias de los imputados”, añadió la persecutora de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Según la Fiscalía, la salmonera produjo 329.670 toneladas entre 2018 y 2022, superando en más de 98.000 toneladas el límite permitido por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Esto habría generado un perjuicio económico para Joyvio al adquirir la compañía por US$921 millones, cuando su valor real ajustado sería de solo US$299 millones.
“En consecuencia, la disposición patrimonial perjudicial ocasionada a Joyvio asciende, a lo menos, a US$ 620.511.496”, sostiene la Fiscalía.
Isidoro Quiroga durante su salida del Centro de Justicia (AgenciaUNO)
Tal como señaló la fiscal Encina, el plan de sobreproducción no solo tuvo consecuencias económicas, sino también ambientales. Según los antecedentes presentados, la sobreproducción sistemática comprometió los ecosistemas marinos y generó sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La salmonera enfrentó multas, la implementación de planes de cumplimiento ambiental y una posterior reducción de su capacidad productiva.
“Todo lo anterior trajo como consecuencia, conocida por los imputados, el compromiso y socavamiento patrimonial de Australis, ya que las conductas por ellos desplegadas y que tenían como finalidad sobreproducir en abierta infracción a la normativa y autorizaciones medioambientales, implicaba tener que asumir en el futuro inmediato: importantes disposiciones patrimoniales para saldar las multas aplicadas; implementar planes de cumplimiento medioambiental; y reducir la producción con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa que los imputados decididamente incumplieron”, añade el Ministerio Público.
Isidoro Quiroga cuenta con un equipo legal de alto perfil conformado por Cristóbal Eyzaguirre, Alex Van Weezel y Juan Domingo Acosta, mientras que Joyvio y Australis están representadas por Gabriel Zaliasnik y Alberto Eguiguren. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que las acusaciones de la Fiscalía carecen de fundamento sólido y se comprometió a demostrar la inocencia de sus clientes.
La Fiscalía asegura que cuenta con pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y buscará acreditar que las acciones de los imputados constituyen delitos de estafa y administración desleal en grado consumado.
“Estamos con mucha diligencias pendientes, son 180 días de plazo de investigación y por lo tanto en ese plazo esperamos tener ya resuelta la situación a lo menos medioambiental o por Ley de Mercado de Valores”, concluyó la fiscal Encina.
