10% de Azul Azul en prenda: la garantía de los Schapira a un precio menor del que acusan a Clark

Mientras la “U” arma una delantera de temer para afrontar el 2025, con la contratación de los argentinos Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, y con la Copa Libertadores y revanchas a nivel local en mente, en Azul Azul S.A. —la sociedad anónima que administra el club— están “pidiendo VAR” en tribunales, pero no por una falta en la cancha, sino por una “jugada financiera”.

Con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como árbitro, este “partido” —aunque ambas partes visten la misma camiseta— se trasladó hace pocos días al área judicial y lo disputan los segundos mayores accionistas de la sociedad: Daniel Schapira y su hijo Eduardo —a través de Inmobiliaria DSE LTDA (21%)—, con una querella en contra del actual presidente del directorio, Michael Clark.

La acción judicial apunta a la compra de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport que controla Azul Azul (63 %). Como antecedente, agrega con suspicacia, que justo antes de la venta “a un precio de bicoca”, Sartor —donde Clark tenía un rol secundario— mantenía una deuda con BCI Corredores de Bolsa que intentó saldar prendando cuotas del FIP, lo que finalmente no se concretó.

No obstante, un documento de escritura pública al que accedió El Mostrador revela que, al momento de presentar la querella, los Schapira mantenían en prenda acciones del club como garantía de obligaciones financieras con Penta Financiero. Pero no solo eso.

La molestia de los querellantes radica en que el precio de las cuotas pagado por Clark (que según sus cálculos equivale a $ 219 por acción) fue “absurdamente” inferior al valor de mercado ($ 550) y al de los papeles que ellos compraron para quedarse con el 21 %. Por ello, y considerando que el anuncio de una eventual OPA “voluntaria” no será inferior a $ 387 por acción, acusan un duro golpe a su patrimonio.

Sin embargo, de acuerdo con expertos del mercado de valores, aunque no hay una norma legal que reduzca el precio de las acciones en prenda, en la práctica el mercado puede percibirlas con mayor riesgo, lo que podría afectar su valor. Por ello, si un gran número de acciones de una sociedad está pignorado, los inversionistas podrían considerar que la empresa o el accionista tienen problemas financieros.

La escritura pública firmada por Eduardo Schapira ante notario el 20 de noviembre establece una “prenda sin desplazamiento” entre Inmobiliaria DSE Limitada y Penta Financiero S.A., garantizando con 5.421.643 acciones de Azul Azul S.A. el cumplimiento de obligaciones financieras.

En este caso, se trata de más de la mitad de las acciones que actualmente poseen los Schapira y al mismo tiempo más del 10 % del total de acciones de Azul Azul. Los expertos del mercado señalan que las prendas generalmente se castigan en un tercio, lo que sustenta versiones de conocedores de la indagatoria acerca de que el precio de los títulos prendados sería inferior a los $ 200 pesos y cercano a los $ 190.

“Solamente son garantías”

Eduardo Schapira aseguró a este medio que dicho contrato “no tiene nada de extraño dentro de las operaciones que realiza una empresa inmobiliaria”. Explicó que Penta Financiero, al igual que muchas otras instituciones, acepta este tipo de garantías para otorgar créditos, en este caso, “para la operación normal del negocio”.

El también socio de Azul Azul afirmó que la prenda “no tiene un valor escrito para las acciones” y que “después de lo que hizo Clark, las acciones no valen nada, causando un grave perjuicio a todos los accionistas minoritarios y a la propia institución”.

Schapira enfatizó que el préstamo de Penta Financiero cuenta, además, con otras garantías físicas. Añadió que ellos siguen siendo los dueños de las acciones, ya que la prenda no otorga derechos, sino que “solamente son garantías”.

Finalmente, declaró que lo que se cuestiona es que, a diferencia de su situación, “Sartor vendió las acciones de Azul Azul a un tercero relacionado, como Michael Clark, a un precio que fijaron entre ellos para no pagarle al BCI”.

De ahí viene lo que para su padre, Daniel Schapira, es “un chiste, una burla”. Y es que Clark, a través de Antumalal, adquirió 6.354.981 cuotas de la serie única del FIP Tactical Sport a un valor de US$ 0,90 cada cuota y un valor total de US$ 5,7 millones.

Según el cálculo establecido en la querella de los Schapira, la cifra pagada a Sartor S.A. equivale a un valor de $ 219,3 por acción de la serie B de Azul Azul, precio que —acusan— “no solo absurdamente menor al que a la fecha se transaba en la bolsa, que era de $ 550 por acción, sino sustancialmente inferior también al que había pagado el mismo fondo por la adquisición de las acciones de Azul Azul en el año 2021”.

En mayo de 2021, Tactical Sport (Sartor) compró el 63 % de las acciones de Azul Azul que estaban a nombre de Carlos Heller, lo que le permitió a la administradora transformarse en propietaria del club. La transacción se materializó por un total de US$ 15 millones.

Daniel Schapira ingresó a la propiedad de la firma en 2013 cuando adquirió por US$ 12 millones los papeles de Carlos Alberto Délano y se posicionó como el segundo mayor accionista en 2015, al comprar parte de las acciones de Peter Hiller por un total de US$ 3,6 millones.

“Imagínese que compré el veintitantos por ciento de Azul Azul en US$ 15 millones, ¿y ahora Clark controla el 64 % pagando solo US$ 5,6 millones (con un club en mejores condiciones financieras)? Me daña, y aunque da lo mismo lo que vale la acción de Azul Azul, pues casi no se transa, mi parte vale nada”, manifestó en entrevista con El Mercurio.

Los Schapira llevan a tribunales a Clark

El 22 de enero, los Schapira presentaron la querella criminal contra Clark e Inversiones Antumalal por “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones”, luego de que el timonel azul adquirió el 13 de diciembre del año pasado todas las cuotas del Fondo de Inversión Privada Tactical Sport de Sartor S.A, grupo caído en desgracia luego de que la CMF ordenara la liquidación de su división Sartor Administradora General de Fondos (AGF).

Antes de que la CMF le mostrara esa tarjeta roja a Sartor —el 15 de noviembre— y, de paso, le pidiera explicaciones a Michael Clark, el 63 % de Azul Azul era propiedad del FIP Tactical Sport, compuesto en un 90 % por Sartor y solo en un 10 % por Inversiones Antumalal. Esta última, propiedad de Clark y su esposa, le permitió pasar de una participación minoritaria al 100 % de Tactical Sport a través de su sociedad.

Los Schapira aseguran que el ingeniero comercial se quedó con el control absoluto de la sociedad anónima de manera “clandestina” y a “puertas cerradas” sin cumplir con la obligación de efectuar una OPA dirigida a los accionistas de la sociedad —lo que según Clark, respaldado por un informe del abogado Carlos Peña, no tiene fundamento por las características de la operación—.

La acción judicial de los Schapira —declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago— remarca que Sartor S.A, previo a la transacción, ofreció prendar cuotas del FIP Tactical Sport para intentar zafar de una millonaria deuda con BCI Corredores de Bolsa. Ese acuerdo nunca se firmó, y, tras la intervención de la CMF, BCI presentó una demanda pidiendo revocar la venta de Sartor a Clark.

En esa línea, los Schapira levantan sospechas sobre la fecha de la compra. “No deja de llamar la atención”, dicen en la querella, sobre todo porque el ultimátum de BCI “llegó justo el día antes de que Sartor S.A. le vendiera a puertas cerradas sus cuotas del fondo a Clark en un precio de bicoca”. Y más aún considerando el rol de director independiente de Clark en Sartor AGF.

Defensa de Clark

Fue inevitable que lo futbolístico se mezclara con los negocios. La respuesta de Michael Clark a la querella de los Schapira llegó durante la presentación del delantero Rodrigo Contreras, el 27 de enero. “La verdad es que siempre hemos dicho que hemos actuado de buena fe y que la compra de cuotas que se hizo, se realizó cumpliendo la ley y siguiendo los consejos de los abogados, en el entendido de que no era necesario lanzar una OPA”, declaró desde el Centro Deportivo Azul (CDA).

El ingeniero respaldó su afirmación con el informe encargado al abogado Carlos Peña, en el que el también rector de la Universidad Diego Portales sostiene que Antumalal (la sociedad de Clark que compró las cuotas del FIP Tactical Sport) no adquirió, en modo alguno, ni de manera directa ni indirecta acciones de Azul Azul, por lo que las normas que regulan las OPA no resultan aplicables.

Según Peña, la exigencia de la CMF se trata de “un malentendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado”.

“Este es un país libre y aquí cualquier persona se puede querellar contra alguien y eso es su derecho, pero que esa querella tenga mérito, es otra cosa”, recalcó Clark en la mencionada conferencia de prensa, junto con advertir que “en el ordenamiento jurídico actual, quien hace una denuncia o querella injuriosa o que difama o no tiene mérito, eventualmente puede cometer un delito y uno debe ser cuidadoso con esas querellas”.

OPA “voluntaria”

Un nuevo movimiento del presidente de Azul Azul llegaría en febrero, llevando la disputa con la CMF a tribunales. Clark presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, buscando anular la exigencia del organismo regulador que le ordenó realizar una OPA sobre las acciones de Azul Azul.

Clark argumenta que no ha habido un cambio de control y que, por ende, la normativa de OPA no le aplica. Sus abogados sostienen tres puntos clave: los fondos de inversión no pueden controlar sociedades; ser titular de cuotas solo otorga derecho a recibir dineros, no a tomar decisiones; y la adquisición de cuotas del FIP Tactical Sport no implica control sobre Azul Azul.

Además, se señala que quien realmente administra Tactical Sport es Sartor Administradora General de Fondos de Inversión Privados S.A., y no Clark. En ese sentido, la sociedad, todavía ligada al grupo Sartor, seguiría teniendo la facultad de proponer directores en Azul Azul, como se espera en la próxima junta de accionistas del 30 de abril.

No obstante, Clark ya delineó un camino que podría formalizar su control sobre Azul Azul, en línea con lo exigido por la CMF. En un oficio del 8 de enero propuso reemplazar el FIP Tactical Sport por una sociedad directamente controlada por él mismo (“Sociedad MC”) y lanzar una OPA “voluntaria” para adquirir el 100 % de las acciones Serie B de Azul Azul.

“El precio que se ofertará en la OPA voluntaria será un valor que se determinará en su oportunidad, pero que no será inferior a $ 387,97 por acción”, dijo Clark a la CMF.

El monto ofrecido es el mismo que pagó Tactical Sport a Carlos Heller en 2021 cuando se hizo del control de la sociedad. Sin embargo, la acción de Azul Azul actualmente se transa en $ 550.

Si bien la mencionada OPA ha sido anunciada para el primer cuatrimestre de 2025, aún no hay una fecha exacta para su ejecución.