Más de 600 mil dispositivos de pago digital quedarían obsoletos con obligatoriedad de boleta física

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dictó una normativa que obligará a los comercios a imprimir y entregar la representación impresa de las boletas electrónicas y comprobantes de pago en ventas presenciales con consumidores finales. La medida regirá desde el 1 de mayo de 2025, con un plazo hasta marzo de 2026 para los comercios que no cuenten con impresoras.

Según el organismo, esta resolución tiene como objetivo “garantizar el cumplimiento tributario en materia de IVA y reforzar la lucha contra la evasión fiscal”, según se detalla en un comunicado. En esa línea, explicitan desde el servicio que la representación virtual del documento (por medios electrónicos como WhatsApp, correo u otros) continuará siendo una opción pero adicional, por cuanto “no reemplaza la obligatoriedad de entregar la boleta impresa”.

“Esta medida nos permite reforzar, tanto para los emisores de boletas electrónicas de ventas y servicios como para la ciudadanía en general, que la emisión y entrega de la boleta es obligatoria cada vez que se realiza una compra, independiente que se utilice pago en efectivo, por transferencia o mediante tarjetas bancarias”, explicó anteriormente el subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, Patricio Muñoz.

Sin embargo, la decisión ha generado rechazo en la industria de pagos digitales y fintechs, en donde la aprecian como un retroceso en la digitalización del comercio. Según cifras consignadas por el medio Chócale, más de 600 mil equipos sin capacidad de impresión quedarían fuera de servicio de acuerdo a la disposición del SII.

Transbank, principal operador de pagos con tarjeta, cuestionó la resolución al afirmar que “lo resuelto por el SII contradice su propio criterio. En 2022 consultamos al SII sobre la obligatoriedad de imprimir un documento físico y se nos confirmó que, cumpliéndose ciertos requisitos, la impresión del voucher o boleta era una decisión del comercio”. Además, y consultados por citado medio, advirtieron que la medida implicará nuevos costos y modificaciones en los sistemas actuales.

Similarmente, desde empresas como SumUp Chle y TUU advierten que la normativa representa barreras en materia de innovación y digitalización de la industria de pagos, obstaculizaría a las pymes de integrar tecnologías en su proceso y dañaría su productividad. Aún más, significaría una desventaja para las pequeñas empresas frente a las grandes, por cuanto contarían con mayor facilidad económica para adaptarse.

De la misma manera la industria de pagos móviles, como los dispositivos mPOS (mobile point-of-sale, punto de venta móvil) y la tecnología tap to phone, sería una de las más afectadas, ya que estos sistemas no cuentan con impresoras integradas. Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, advirtió que la medida “genera una barrera adicional para estos comercios, ya que los obliga a adquirir dispositivos más costosos, limitando sus opciones y aumentando los costos operativos”.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), su presidenta, María Teresa Vial, alertó sobre el riesgo de informalidad, señalando que “al exigir la impresión de vouchers, muchos pequeños y medianos comerciantes podrían optar por volver al uso de efectivo, lo que dificulta el control tributario y aumenta el riesgo de informalidad”. La CCS anunció que solicitará una reunión con el SII para presentar alternativas a la medida.

A pesar de las críticas, el SII mantiene la medida argumentando que busca garantizar que los consumidores cuenten con un comprobante de sus compras y evitar la elusión fiscal. No obstante, los gremios y empresas del sector insisten en la necesidad de reconsiderar la resolución antes de su implementación y han planteado alternativas, como el envío de boletas electrónicas por correo o medios digitales verificables.