Por Héctor Cárcamo y Ximena Pérez Villamil
El viernes el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, dio un zarpazo al ex yerno del general Augusto Pinochet, ordenándole «reversar» US$235 millones de utilidades en las sociedades que usa para controlar SQM: Oro Blanco, Norte Grande, Potasios de Chile y Pampa Calichera, sus conocidas “sociedades cascada”. La SVS ordenó suspender las juntas de accionistas citadas para fines de abril, donde se aprobaría el reparto de dividendos por US$326,4 millones y cuestionó la forma de contabilizar en los resultados de 2011 la compra y venta de acciones hechas ese año.
Aunque la orden de la SVS apuntó a revertir utilidades -no menores por cierto- y recalcular sus estados financieros, fuentes de mercado reconocen que apunta a un tema de fondo: la manera en que opera Ponce.
En este caso, la manera fue así: Pampa Calichera, de Ponce, vendió acciones de SQM-A a través de una filial Global Mining. Las compró, a $27.000, Linzor Total Return Fund. Un par de minutos después Linzor vendió el paquete de acciones a Oro Blanco, de Ponce. Ambas operaciones las intermedió Banchile.
Global Mining ‘devolvió’ los recursos generados por la venta a Pampa, la cual a su vez reenvió las platas a Oro Blanco para que las usara para comprar las acciones al fondo Linzor. Todo en el mismo día. No sólo eso. En la misma jornada el directorio de Pampa aprobó dar un préstamo de US$300 millones a Oro Blanco para comprar acciones de SQM-A.
En agosto del año pasado, Pampa se dividió, naciendo la sociedad Potasios. Esta última se quedó, entre sus activos, con el crédito a Oro Blanco. Y los millones que había recibido de Pampa como crédito los usó para comprar acciones SQM-A en $29 mil cada papel.
Todas estas operaciones fueron incluidos por la administración de Pampa en los resultados de 2011, provocando millonarias ganancias en esa y las otras sociedades cascadas de Ponce. Según la SVS, la compra y venta de papeles fue entre partes relacionadas, y no salieron del grupo controlador.
Una de las sociedades que se vio beneficiada por estas operaciones fue Norte Grande. En ella, participó en el directorio y el comité hasta el 8 de marzo de 2012 el ex SVS y actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, quien validó la fórmula al aprobar los estados financieros.
Ferreiro -quien renunció al directorio a comienzos de marzo pasado- habló con El Mostrador Mercados y defendió su decisión.
“No tuve observaciones a la forma en que se contabiliza esto. Esta es una operación que se realiza a través de Pampa Calichera y los efectos en resultados de esas operaciones, por normas de consolidación se aplican a las sociedades que están aguas arriba y por tanto, indirectamente de lo que se resuelve y aprueba y audita en Calichera, no puede sino ser reconocido en idénticos términos a nivel de Oro Blanco y de Norte Grande. Por tanto, no hay ni posibilidades ni sería consistente tener opiniones distintas respecto del tratamiento contable de una operación que está registrada de una manera en Pampa Calichera e idénticamente registrada a nivel de Oro Blanco y Norte Grande”, dice Ferreiro, añadiendo que antes de aprobar discutieron el tema con PwC y el asesor contable de la compañía.
Para Ferreiro lo que pareciera subyacer en este caso es que hubiera un cuestionamiento de fondo al precio de la acción transada. “SQM es una acción que tiene liquidez en el mercado, tiene precio de mercado y por tanto, el hecho de que -y aquí está es el eje de la discusión- la SVS entiende que el hecho de que Global Mining haya vendido y después Oro Blanco haya comprado y probablemente en coordinación, aun cuando haya sido por Bolsa y aun cuando haya pasado por un fondo de inversión, supuso que esta operación era relacionada y al ser relacionada -porque al final del día las acciones quedaron en poder del mismo grupo de control, porque sale de Global Mining pero entra finalmente a Oro Blanco- entiendo que no es posible ‘marcar precio de mercado’ por esa transacción y por lo tanto, ese precio, o la revalorización de las acciones de SQM no podían pasar a resultados. Es un tema contable complejo, pero ese es el tipo de discusión”, señala.
Al respecto, el ex titular de la SVS fija posición respecto de si la condición de relacionada entre dos partes que transan papeles puede afectar el precio. “La lógica de la compañía y auditores, que es la que quedó reflejada en los estados financieros, es que primero esta es una operación que se hizo sobre una acción que tiene precio de mercado, por tanto, aun cuando sea relacionada la operación finalmente, es difícil atribuirle a dicha condición la posibilidad de que el precio no sea de mercado. La razón por la cual se suele desconfiar de la operación relacionada es porque se desconfía del precio, pero el precio de una acción extraordinariamente líquida es muy difícil de cuestionar», afirma.
En cualquier caso, Ferreiro estima que si la SVS lo decide así, su decisión debiera respetarse. “(Para la compañía se entendía que correspondía aplicar el criterio contable de IFRS, según el cual el mayor valor de esas acciones tenía que pasar a resultado. Entonces, yo creo que aquí hay una discrepancia contable, sobre operaciones que se realizaron, que fueron descritas en la nota a los estados financieros. Ahora, si la Superintendencia considera que hay que reversarlas, tendrá que ser así. Pero aquí no hay un cuestionamiento respecto de alguna irregularidad, no creo que lo que haya hecho la empresa sea un despropósito”, sentencia.
La polémica que envuelve a Ponce y sus empresas es parte de una larga lista de conflictos vinculados a su forma de operar. Ponce es un empresario que no da entrevistas y que se caracteriza por organizar sus negocios en sociedades difícil de rastrear. El controlador de la empresa SQM, uno de los mayores productores de litio y yodo en el mundo, ha estado siempre en duda por la forma en que controla su compañía, pero nunca nadie le ha podido hacer frente.
Analistas dicen que la situación podría tener un duro impacto en la situación financiera del conglomerado ya que las AFP y otros inversionistas institucionales no estarían dispuestos a seguir comprando los bonos de las compañía y participando en aumentos de capital.
En este nuevo impasse, que esta vez lo enfrenta con el regulador, Ponce deberá dar explicaciones. Y en esta lucha tiene un conocido aunque maltrecho aliado: la auditora PricewaterhouseCopper (PwC), multada por la SVS dada su deficiente labor en revisar los informes financieros de la multitienda La Polar y su emisora de tarjetas SCG.
PwC aseguró a la SVS hace pocos días que la contabilización de ganancias por parte de Ponce en sus sociedades cascadas, por la transacción indirecta de acciones de SQM entre ellas, interpretaba correctamente la norma IFRS. La SVS no estuvo de acuerdo y actuó.
