No estaba en el libreto del Gobierno que la Corte Suprema saliera públicamente a golpear la mesa y a advertir a las autoridades políticas que transgredieron la línea de las sanas relaciones entre los poderes que debe primar en un Estado de Derecho. Ello, porque no se calculó que las críticas expresadas por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al contenido del fallo que paralizó la Central Termoeléctrica Castilla, gatillarían el público llamado de atención de los supremos por lo que consideraron una “intromisión indebida” del Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial.
Fue evidente el intento de La Moneda por bajar el perfil al episodio, poniéndole paños fríos, lo que quedó reflejado en el silencio que imperó en Palacio buena parte de la jornada.
La frase de la discordia fue aquella en que la ministra Benítez declaró que el fallo sobre Castilla “se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”. Fue esta declaración la que los supremos analizaron en un pleno extraordinario ayer desde las 8 A.M y cuya resolución demoró varias horas en afinarse hasta el último detalle. Mientras, el Gobierno esperaba expectante, ya que se desconocía el tono que utilizaría el máximo tribunal para expresar su malestar.
Cuando el vocero de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmestch, leyó la resolución en tribunales, no dejó espacio a dudas del “párale” público y oficial que el máximo tribunal hacía al Gobierno. Que las opiniones de las autoridades de Gobierno “afectan la independencia de los tribunales”, garantizada en el artículo 76 de la Constitución Política”; se recordó que la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los poderes del Estado son “condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho” y se advirtió que las declaraciones de Benítez “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.
Desde antes que hablara el juez Dolmestch, en La Moneda se decidió que fuera a todo evento el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien saliera al paso en este tema, en un gesto de formalidad, considerando que en la práctica es el encargado de manejar las relaciones con el Poder Judicial. El vicepresidente, Rodrigo Hinzpeter, únicamente habló del duelo oficial por la muerte de Sergio Livingstone y Raquel Correa, sin aceptar ningún tipo de preguntas, mientras que el vocero de Gobierno, ministro Andrés Chadwick, guardó silencio también, aunque en la tarde se reunió con Ribera antes que éste diera a conocer la respuesta pública de Palacio.
“El Gobierno reitera su más pleno y total compromiso y respeto por la independencia del Poder Judicial”, señaló el ministro de Justicia. Pero acto seguido, en la declaración que leyó, agregó que tienen la convicción “que todo ciudadano o autoridad tiene el legítimo derecho de emitir su opinión con respecto a las actuaciones de cualquier Poder del Estado, para contribuir a la generación de una opinión pública informada, siempre y cuando lo haga con el debido respeto y sin afectar sus atribuciones o competencias constitucionales”.
En la sede de Gobierno reconocieron que la resolución del pleno de los supremos “fue dura”, pero así y todo se optó por no recular en la “torpeza” institucional y dieron un espaldarazo a Benítez. Esta línea de defensa, argumentando el derecho a la libertad de expresión de los políticos es la misma que ha sostenido la administración Piñera en cada roce con el Poder Judicial. Lo fue en el impasse de la ministra Evelyn Matthei cuando criticó el fallo del Caso Bombas o del propio ministro Ribera, cuando en octubre del año pasado advirtió en una entrevista que se tendría en consideración para los ascensos en el Poder Judicial, la forma en que los jueces resuelven las causas de seguridad ciudadana.
En el Ejecutivo se habla de que impulsan una tesis “menos conservadora” del Estado de Derecho, en la perspectiva de que éste se entiende en cuanto al respeto de las normas vigentes y a los derechos fundamentales. Por lo mismo, en la declaración de La Moneda, el último párrafo precisaba que éste “entiende” que las declaraciones de la ministra Benítez fueron expresadas “en su calidad técnica (…) y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del Poder Judicial”.
En Palacio consideraban que esa frase era un guiño no menor a los tribunales y esperan que con ello, se pusieran “paños fríos” al episodio, del que el ministro Ribera se encargó de recalcar que no representaba ni ha sido “un impasse, conflicto o incidente” con la Corte Suprema.
Sin embargo, desde tribunales trascendió que no estaban conformes con la respuesta de La Moneda, pero que no seguirían la escalada del conflicto, porque se había logrado dar un claro mensaje al Ejecutivo, golpeando la mesa de modo firme y contundente y dejando en evidencia la molestia, pues se había pasado el límite de la legalidad. Cuando los supremos quieren dar una señal clara no hablan con nadie, no filtran nada a nadie, no adelantan ni advierten, solamente dejan instalado el acuerdo de su pleno y eso fue lo que sucedió ayer.
Para el director de Adimark, Roberto Méndez, el nuevo gallito entre La Moneda y la Corte Suprema “es un eslabón más en el deterioro del diálogo social, ya lo vimos antes con todo lo sucedido con la reforma tributaria y la Encuesta Casen y esto sólo contribuye a debilitar las instituciones (…) el tema de fondo es el problema de la falta de credibilidad y desconfianza de la opinión pública a las instituciones”.
En esta línea Méndez considera que en esta vuelta no gana ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial, ambos pierden ante los ojos ciudadanos al hacerse reproches mutuos, reconoce que “las autoridades (aludiendo al gobierno y Benítez) debieron manejar mejor sus críticas, no hacerlas por los medios de comunicación, ver otras formas de tratar las diferencias”.
El tema no ha pasado desapercibido y en el oficialismo no todos comparten la línea de acción crítica a los tribunales ni los cuestionamientos de Benítez. La senadora RN, Lily Pérez —parte del círculo de hierro del piñerismo— puso el acento en que “los fallos de la justicia hay que acatarlos nos gusten o no nos gusten, y no comentarlos cuando no resultan cómodos. En este caso particular, no corresponde que una ministra ponga en tela de juicio una decisión de la Corte Suprema”.
La senadora agregó que “cuestionar los fallos de la máxima instancia del poder judicial como la Corte Suprema, abre una puerta difícil de cerrar” y que si la Corte “tomó una decisión lo hizo conforme a derecho”.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y ex ministra de Justicia, Soledad Alvear (DC), dijo que le llama la atención “que en materia medioambiental se exprese hoy esa opinión y antes haya sido un llamado del Presidente de la República respecto de la situación de Barrancones el que haya echado abajo un proyecto», que ya estaba aprobado.
