En línea con el debate sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo ayer que se provocó un ”bombazo” en el mundo de la salud. La causante fue la Corte Suprema que emitió un inédito fallo en contra de las Isapres, el cual ordena no volver a subir los precios de los planes de cotizantes en forma unilateral y sin causas verificables.
Y Mañalich no está solo en describir el fallo en términos tan sensacionalistas. Para varios expertos, la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema es un golpe al corazón del negocio de las Isapres.
Hasta ahora —en los últimos 10 o 15 años— el máximo tribunal había acogido sistemáticamente la mayor parte de los recursos de protección presentados por clientes de las aseguradoras de salud privada que protestaban por el alza unilateral en sus planes, sin razones específicas, que se notificaba vía una carta. Sin embargo, ayer la Suprema dio un salto y zanjó una treintena de casos, ordenando que las Isapres no suban unilateralmente los planes.
“La facultad revisora de la Isapre debe entenderse condicionada en su esencia a un cambio efectivo y plenamente comprobable del valor económico de las prestaciones médicas, en razón de una alteración sustancial de sus costos y no por un simple aumento debido a fenómenos inflacionarios o a la injustificable posición de que la variación pueda estar condicionada por la frecuencia en el uso del sistema, pues es de la esencia de este tipo de contrataciones la incertidumbre acerca de su utilización”, señala uno de los fallos, emitido por los ministros de la Tercera Sala Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia.
Cabe recordar que esta fue la misma sala que derribó el proyecto de la central termoeléctrica Castilla.
En el dictamen advierte que “el alza anual efectuada unilateralmente por la Isapre vulnera las garantías constitucionales del afiliado, de modo que, según se ha dicho, tal proceder resulta arbitrario, por lo que no es posible que se efectúe nuevamente ante iguales supuestos de hecho”, determinando que “no resulta admisible que la Isapre reitere esa misma conducta, puesto que la protección otorgada por la jurisdicción es permanente y no transitoria”.
La reacción de Mañalich, en su estilo, no dejó espacio para las dudas. «La Suprema le pone un candado bastante duro, se trata de una legislación universal. La Corte Suprema señala que todo aumento de plan de precios que se haga y que no esté ingresado por una cuestión objetiva es ilegal y por lo tanto se acabó. Lo que le dice a estos reclamos es que ‘señores, se acabó’… Esto, perdonen que lo diga, es un bombazo».
El fallo llega al día siguiente que el Presidente de la República Sebastián Piñera criticara la judicialización de los procesos de evaluación medioambiental de los proyectos eléctricos en Chile.
Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud, califica el fallo como inédito. “La Suprema le dice a las Isapres que no va a poder ser aplicable una nueva alza unilateral por estos hechos, nunca más, con el afiliado que reclamó. Esto nunca había ocurrido, hasta ahora los fallos se manifestaban no en toda la extensión del tiempo sino para esa alza de ese año y caso en particular. No decía nunca más puede enviar una carta de alza por esos motivos, que es lo que hace ahora. Aunque esto sólo beneficia a los que reclaman en los tribunales”.
El mercado resintió en algo la noticia. Cruz Blanca cayó 2,17 % en el día, mientras el Ipsa subía 0,17 %, en tanto que Banmédica no sufría el impacto, subiendo 0,55 %.
El impacto del fallo en el negocio de las Isapres puede ser mortal. Inostroza estima que alrededor de un 60 % del crecimiento de los ingresos de las Isapres proviene de este incremento en los planes, por lo que en un escenario extremo en que los 1,5 millones de cotizantes (125 mil al mes) acudiera a tribunales por el mismo motivo, el alza en los ingresos sería mucho menor al actual.
Esto también se notaría en las utilidades del sector, que Inostroza estima podrían caer a un 40 % del nivel actual.
A septiembre de 2012, las Isapres ganaron $ 66.350 millones, un récord histórico. Y según Inostroza podría llegar a $ 80 mil millones en 2012. Solamente al mes de septiembre las utilidades subían un 36 %. Casi dos tercios de eso se perderían si todos los cotizantes reclamaran en tribunales. A nivel de ingresos, a septiembre éstos aumentaban 10,5 % o $ 118.000 millones, cifra que caería a poco más de 6 mil millones.
En el acumulado de los últimos dos años las Isapres han elevado los planes en un promedio 8,5 %.
Según Inostroza, desde el 2010 las utilidades de las Isapres se han triplicado. Si al cierre de 2009 eran de $ 25 mil millones, en 2012 bordearán los $ 80 mil millones (a septiembre eran de $ 66 mil millones).
Un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica este año concluyó que la industria es más rentable que la banca.
En todo caso, el efecto inmediato del fallo sería marginal, ya que a la fecha el total de fallos sobre este tema no supera los 80 mil en los últimos cinco años; en total, no más del 4 % de los cotizantes. Pero los números están aumentando en forma vertiginosa: sólo en 2012 la cifra llegaría a más de 45 mil.
Por ello, la asociación de Isapres disparó fuerte contra el fallo de la Suprema y advirtió el abismo como un escenario cercano. «Si resulta que no se le permite a las Isapres subir los planes, lisa y llanamente el sistema colapsa, así de simple, porque las alzas no son antojadizas… el sistema de Isapres desaparecería porque es una actividad que no sería rentable, que habría que rehacerla, ponerle plata encima y en esa situación las Isapres en el tiempo desaparecerían», reparó Hernan Doren, presidente de la Asociación de Isapres.
En su comunicado, el gremio aceptó que la sentencia deberá ser respetada en el caso particular del cotizante recurrente, pero advirtió que seguirán aplicando alzas en los planes y cumpliendo la ley, la cual, de hecho, les permite tales incrementos.
Las Isapres explicaron que las alzas se justifican por los incrementos de costos de la medicina, tanto por el envejecimiento de la población como por el mayor uso que las personas hacen de los servicios médicos más complejos.
En este sentido, señalaron que estos incrementos son un “fenómeno mundial” y que Chile no está exento de eso, con un aumento de 9 prestaciones al año en promedio en 1990 a más de 22 en la actualidad. “Por ello, es necesario buscar una solución racional y transparente y que evite seguir en este proceso de judicialización”, comunicó el gremio.
El socio de www.ganasalud.cl, una de las entidades que ha asesorado a más cotizantes que reclaman en tribunales, Waldo Albornoz, concuerda en que el fallo es particular, no extensible a otros cotizantes, pero advierte que si las personas ejercen su derecho, las Isapres verían masivamente congelados los planes.
Para Albornoz, esta es una gran oportunidad para los cotizantes de evitar fuertes incrementos en sus gastos en salud en los próximos años. Según sus estimaciones, con un alza promedio de $ 6 mil al mes, el ahorro en 10 años es de varios millones de pesos, considerando que cada incremento anual ahorrado se realiza sobre el alza que se habría en el periodo anterior y proyectándolo en una década.
Sin embargo, para ellos las personas deben recurrir a las Cortes para impedir el incremento de los planes. “Para los que reclaman va a ser extensivo el criterio de la Suprema”, agrega.
La situación no es vista en forma tan dramática por el analista senior de FitchRatings, Rodrigo Salas, quien considera que la decisión de la Suprema incentivará a que las Isapres elaboren algún mecanismo de alza que permita justificar los incrementos, lo cual en el fondo dará mayor certeza jurídica hacia el futuro tanto a las aseguradoras como a los cotizantes.
“Está en manos de las Isapres proponer mecanismos y de la autoridad avalarlos. A nadie le conviene que se acaben las isapres, ni al gobierno ni a los asegurados. Lo que está en discusión es cómo mejorar ciertas prácticas de la industria para dar más transparencia. Yo creo que lo que se va a generar es que las isapres sean más proactivas generar mecanismo de alza”, señala.
Albornoz discrepa. “Las Isapres no han podido lograr que los costos y variaciones sean verificables, se lo ha pedido la Corte en los últimos diez años. Si no son capaces de fundamentar las alzas, de seguro la Suprema va a seguir sacando fallos a favor de los cotizantes; la apuesta de la industria es que no todo el mundo reclama”, señala.
Nora Balzarotti, gerente de Estudios de Nevasa, piensa que el fallo no cambiará mayormente la situación que hasta ahora han enfrentado las Isapres y que impacta mayormente a los privados por los costos de los juicios que deben pagar a los abogados que presentan estos recursos para los cotizantes.
En su opinión, el problema de fondo para las Isapres es que se les prohíba elevar sus planes ya que vincular costos con precios para autorizar subas de precios, “ha sido complicado siempre e implica regular el sector”.
Aun más, a su juicio, las dificultades crecen dada la asimetría de información que existe en perjuicio de los usuarios de sistema de salud privado. “Pareciera muy difícil justificar el aumento del precio de un plan, basándose en costos específicos, con mayor detalle que el que las Isapres hoy brindan en esas cartas que mandan a fin de año. Por eso se ha venido hablando de un IPC para isapres, o IPC de la salud, y se sometió un proyecto de ley a consideración del congreso. Parecería que la solución debería venir por este lado, para eliminar incertidumbre y los costos de la judicialización al sector”, agrega.
Esta alternativa no es compartida por el ex ministro de Obras Públicas y actual académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Bitrán, quien en una columna en La Tercera, señaló ayer que eso significaría dejar en manos de las propias Isapres la determinación de los precios de las prestaciones y por ende, de los planes de salud, debido a la integración vertical ente las aseguradoras y las clínicas.
De hecho, hace pocos días Bethia, a través de un fondo de inversión de Larraín Vial, donde es uno de los principales aportantes, entró a la propiedad de Colmena, dueña del 50 % de la Clínica San Carlos. Además, Bethia tiene un 12 % de Clínica Las Condes y maneja un poder comprador para llegar al 20 % de la propiedad.
Otras Isapres, como Banmédica tiene clínicas como Santa María y Dávila, mientras Consalud tiene la Bicentenario, Tabancura y Megasalud y Cruz Blanca tiene clínicas en regiones, está construyendo una en La Florida y tiene el centro ambulatorio Integramédica, entre otros.
Al respecto, el ex subsecretario de Salud, Inostroza, cree que la solución debe ser reinstalar el proyecto de ley acordado en 2011 con el gobierno y que crea un plan garantizado de salud único para Fonasa e Isapres, con un fondo solidario con tarifa plana sin discriminación por edad, ni cautividad. “El sistema tal como lo conocemos hoy, en mi opinión, con tarifas, tabla de factores de riesgo, cautividad, no da para más, para la ciudadanía, para la clase política y para los tribunales de Justicia. Lo que debemos hacer es crear un nuevo sistema asegurador nuevo”, afirma.
Sin embargo, Inostroza es poco optimista al respecto pues hace poco, recuerda, Mañalich “tiró la esponja” luego que el lobby de la industria le doblara la mano, indicando que este tema quedaría en manos de un próximo gobierno.
En ese escenario, el ex superintendente de Salud prevé que las Isapres podrían buscar “ganar tiempo” y presentar nuevamente las alzas, pero usando resquicios legales que incluyan otros motivos para aplicarlas, lo que obligaría a los tribunales a estudiar en su mérito tales argumentos.
