A las 11 de la mañana del jueves último el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira acudió a las oficinas del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
En la ocasión abordó su situación en el SII, aunque en Contraloría no se entregan antecedentes debido a que la reunión fue solicitada por Pereira y por ende, tiene carácter privado.
La Contraloría lleva a cabo desde diciembre un sumario en el SII para determinar si Pereira y el subdirector jurídico del servicio, Mario Vila, cumplieron con la ley de probidad administrativa que le impedía conocer ni tomar decisiones en la condonación de la multitienda Johnson’s, debido a sus vínculos pasados con dicha empresa cuando trabajaban en la auditora PwC.
El viernes último se sumó un nuevo antecedente, luego que la revista Qué Pasa informara que Pereira firmó con el dueño de Cencosud, Horst Paulmann un contrato de arriendo hace más de una década, por el cual recibe $ 22 millones mensuales.
El Contralor debe evacuar –sin fecha por ahora- el sumario, para confirmar si Pereira cumplieron su deber de abstenerse en este caso. Hace dos semanas el órgano contralor emitió un primer dictamen citando la ley y refutando en el mismo parte de los argumentos de Pereira.
Y es que en su defensa Pereira había sostenido que no podía dejar de conocer el caso sólo porque había un “potencial” conflicto de interés. Mendoza le respondió con la ley, cuyo articulado señala que debe actuar con rigurosidad para evitar estas situaciones aun cuando sea “potencial”.
En medio de este sumario, Pereira salió ayer a reclamar por los cuestionamientos y peticiones de renuncia que le llueven. Pidió “debido proceso” y advirtió que Contraloría es la única entidad que puede zanjar el caso.
“La Contraloría está realizando un sumario administrativo, único instrumento establecido por la ley para resolver la corrección de los actos administrativos de los funcionarios públicos. El más mínimo respeto al debido proceso y a las instituciones, tantas veces invocado en los distintos foros, exige esperar que ese sumario sea resuelto, lo que hasta la fecha no ha sucedido”, dijo en carta enviada a El Mercurio.
La carta de Pereira tuvo más dureza de la acostumbrada. Defendió su gestión recaudando mayores ingresos para el Fisco y dijo que han hecho en los últimos dos años las mayores recaudaciones de la historia, explicadas no sólo por mayor crecimiento económico sino también por gestión y fiscalización.
Además, recalcó que el perdonazo a Johson’s fue mucho más beneficioso para el Estado que para Paulmann. “A algunos no les conviene entender que la eliminación de las pérdidas en el caso Johnson’s benefició al fisco de Chile, impidiendo que la empresa o sus compradores pudiesen utilizarlas para no pagar impuestos por muchos años o solicitar devoluciones al Estado por US$ 240 millones de dólares aproximadamente. Por tanto, el comprador, en este caso Cencosud, se vio afectado tributariamente con el correcto actuar del SII, el que mantuvo su interpretación histórica sobre la materia”, señaló.
La incomodidad del Gobierno
Ya terminada la Cumbre Celac-Unión Europea, que desde el viernes tuvo concentrada toda la atención y esfuerzos del gobierno en el encuentro multilateral de jefes de Estado, también se acaba la suerte de tregua que ha tenido estos días el director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, nuevamente en el foco del conflicto luego que se conociera su relación comercial vigente con Cencosud, mismo holding que compró la empresa Jonhson’s una vez que el SII le otorgó un perdonazo tributario en multas e impuestos por 119 millones de dólares, lo que evitó su quiebra.
La información surgió el viernes, el mismo día que comenzaba en Santiago el desfile de cancilleres, mandatarios extranjeros y empresarios, razón por la que rápidamente en La Moneda se resolvió dejar el tema en statu quo hasta que concluyera la cumbre el lunes en la tarde.
Eso sí, más de una voz comentó en privado ese día que la decisión de sacarlo del cargo estaba tomada, porque fue una verdadera bomba para el gobierno enterarse que desde el año 2001 Pereira le arrienda a Horst Paulmann —dueño de Cencosud— un terreno donde hoy funciona el Portal La Reina y que le reporta un ingreso de 22 millones mensuales.
Efectivamente, la figura es legal y por lo mismo la primera defensa pública del gobierno, en voz de la ministra Cecilia Pérez el viernes 25, apuntó en esa dirección: “Es una situación de más de 13 años de antigüedad, donde hay consultas a la Contraloría según lo que él nos ha señalado y hay pronunciamientos de la Contraloría que señalarían que no hay incompatibilidades”. Pero que sea legal, no evita que no sea cuestionable y que se vea impresentable el vínculo de Pereira con un holding que previamente defendió jurídicamente, al que le arrienda un terreno y que luego, se beneficia de la condonación de una deuda que su repartición resolvió.
Por lo mismo, los comentarios el fin de semana y hasta ayer lunes apuntaban a que en Palacio imperaba la “preocupación” e “incomodidad” por la situación del director de Impuestos Internos. La administración de Sebastián Piñera lo ha respaldado incansablemente —en público y en privado— durante meses, desde que estalló el escándalo del perdonazo a Jonhson’s, pero ahora los nuevos antecedentes dejan a La Moneda muy complicada, porque se trata del principal y reiterativo talón de Aquiles de esta administración: el conflicto de interés entre el pasado empresarial de buena parte de las autoridades del gobierno y el choque de eso con las decisiones políticas que ahora asumen desde la vereda del Estado.
Así las cosas, comentan en Palacio, la cuenta regresiva para Pereira habría comenzado, porque ya ayer en la tarde desde el gobierno reconocían que el tema “va a seguir escalando” y que no se esperaría “el informe pendiente de la Contraloría” para solucionar este problema.
Es más, en el gobierno anotaron y comentaron como señales no menores que hoy se dijera públicamente que se está analizando la situación de Pereira, lo que fue leído como un indicio claro que la férrea defensa que el Presidente Piñera ha hecho de su funcionario en los meses previos, ya no es tan sólida. Según algunos inquilinos de Palacio estiman, “no le queda mucho tiempo en su cargo”.
En una entrevista en Radio Futuro, ayer en la mañana la ministra Pérez dijo que “se está analizando cada uno de los informes” del caso y si bien insistió en que “en términos legales no existiría ningún tipo de problemas”, agregó inmediatamente una nueva frase: “Yo siempre señalo que el Presidente siempre evalúa a cada uno de sus funcionarios, sobre todo cuando surgen este tipo de temas”.
La situación de Pereira y las implicancias del caso fueron parte del debate de ayer en el Comité Político de los lunes en La Moneda, que reúne a los ministros políticos y los representantes de la UDI y RN.
Públicamente desde la Alianza las declaraciones apuntaron a criticar a la oposición por estar de forma permanente cuestionando el “pasado empresarial” al gobierno, pero en privado la defensa de Pereira también se resquebrajó luego de los nuevos antecedentes.
Que “se ha manejado mal”, que “quedó en muy mal pie” y que por lo mismo “se hace impresentable mantenerlo”, son algunas de las opiniones que ahora se escuchan en la Alianza. Explican que hasta la semana pasada y desde el principio del caso a mediados del 2012, la defensa al director del SII era férrea y unánime en la coalición oficialista, porque consideran que el perdonazo a Jonhson’s fue una buena decisión, argumentando que evitó dejar a miles de personas sin trabajo.
Pero las conversaciones durante el fin de semana en la derecha, coincidieron en que el elástico se ha estirado demasiado.
Uno de los principales defensores del director del SII ha sido el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de quien depende directamente Pereira y que hasta ahora ha hecho de “fusible”, para tratar de contener el caso y evitar que salpique políticamente a La Moneda.
Varias veces en distintos comités políticos el jefe de las arcas públicas pidió al oficialismo blindar a Pereira, especialmente durante el trabajo de la comisión investigadora del Caso Johnson’s de la Cámara de Diputados. Pero el ministro Larraín por sí solo no cuenta con el piso político en el gabinete para sostener a una figura públicamente cuestionada, sino que dicha defensa la ha realizado porque contaba para ello con la venia expresa del Presidente Piñera.
En la propia Alianza reconocen que el mandatario se jugó todo este tiempo por defender al director de Impuestos Internos y evitar a toda costa su salida, pero ahora en la coalición se cuestiona que ese apoyo se mantenga en forma tan irrestricta.
El caso del perdonazo a Johnson’s no está lejos de estar cerrado. Entre los puntos pendientes que podrían complicar aún más la situación de Pereira está el sumario administrativo ordenado por la Contraloría General para determinar si hubo irregularidades en la condonación de intereses y multas a la multitienda.
La resolución que dio origen al sumario, fechada el pasado 7 de diciembre de 2012, incluye la suspensión del sumario interno iniciado por el propio director del SII y ordena a la institución entregar los antecedentes del proceso para sumarlos a la investigación que ahora lleva el ente fiscalizador.
Pero además está pendiente la votación en sala del informe final de la comisión investigadora, que concluyó que podía acreditarse que Pereira y el subdirector Jurídico del SII, Mario Vila, “tuvieron una participación activa en el proceso, no cumpliendo con su deber de abstención, vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa y el de imparcialidad, contemplados en nuestro ordenamiento jurídico”.
La votación ha sido aplazada en varias ocasiones, debido, según explicó el diputado y miembro de la comisión, Carlos Montes, a “un problema de organización de la mesa de la Cámara”. Ahora quedó para las primeras semanas de marzo.
En la propia derecha reconocieron que Pereira no ha sido diestro en manejar su situación y que incluso habría hecho gestiones en el Congreso para que el informe de la comisión investigadora no se votara la semana pasada y se postergara hasta después del receso veraniego, por temor a que se aprobara.
En el gobierno ha sido inevitable que varios se acuerden estos días del fantasma del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien a fin de año dejó la cartera, debido a sus vínculos con Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, preso por cohecho y fraude. Por desgracia para Pereira, su situación actual se asemeja bastante, porque tampoco cumple con aquella regla de oro para las autoridades en los tiempos actuales, que no sólo tienen que ser probos, sino que también parecerlo.
