A fines de 1997 y bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el Congreso aprobó por una amplia mayoría la ley que terminó de abrir la puerta a la privatización de las sanitarias y que dio luz verde a que hoy más del 95 % de los clientes de los servicios de agua potable y alcantarillado sean atendidos por empresas privadas versus al 0,1 % estatal.
Tras 15 años del inicio del traspaso del sector a manos privadas, que empezó a materializarse en 1998, la decisión enfrenta duras críticas y sus implicancias han empezado a ser debatidas en medio de los masivos cortes de agua potable que han afectado a millones de usuarios y que tienen en el banquillo a la sanitaria más grande del país: Aguas Andinas.
Pero a fines de los '90 y pese al férreo rechazo por parte de los trabajadores de las entonces sanitarias estatales, los parlamentarios tanto de la Concertación como de la Alianza optaron por seguir el paso de otros sectores, como el eléctrico y de telecomunicaciones, y abrir a los privados el mundo de las sanitarias. La razón más poderosa que se esgrimía en la época era la urgente de necesidad de aumentar la cobertura del tratamiento de aguas servidas, que en ese tiempo llegaba apenas a 18 % y requería de importantes inversiones.
El objetivo se cumplió con creces, ya que en 2011 llegaba a 94,2 %. En cuanto a la cobertura urbana en agua potable y alcantarillado, en esa época los índices ya eran bastante buenos (97,5 % y 85,4 % respectivamente), por lo que los sindicatos proponían privatizar únicamente lo referente a las aguas servidas. Pero no tuvieron eco. Y es que la aprobación de la ley se dio, pese al debate y las declaraciones públicas rechazando la privatización de diversos parlamentarios a través de la prensa. Finalmente, luego de más de dos años de tramitación, el proyecto presentado a través de un mensaje presidencial, terminó por ser probado en ambas cámaras después de pasar por una comisión mixta.
Había sido ingresado al Congreso en mayo de 1995 y firmado por los entonces ministros de Obras Públicas (MOP), Ricardo Lagos; de Hacienda, Eduardo Aninat; de Economía, Álvaro García Huidobro; y el ministro vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Felipe Sandoval.
En el Senado, de los 44 senadores en ejercicio, 30 dieron su voto favorable a excepción de Ricardo Hormazábal (DC), que se abstuvo. Entre los que dieron el visto bueno a la iniciativa se encontraban los actuales senadores Antonio Horvath (RN), Hernán Larraín (UDI) y Andrés Zaldívar (DC), junto al ex ministro Sergio Bitar (PPD), Carmen Frei (DC) y el actual presidente Sebastián Piñera. En tanto, en la Cámara Baja, de un total de 120 diputados en ejercicio, 84 votaron a favor, mientras que solamente Aldo Cornejo (DC) votó en contra, y Jorge Soria (PPD) se abstuvo.
Entre los diputados que dieron luz verde a la Ley N° 19.549, se encontraban varios de los actuales honorables. Entre ellos los hoy senadores Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS), Ignacio Walker (DC), Hosaín Sabag (DC), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Jaime Orpis (UDI), así como los aún diputados Juan Carlos Latorre (DC), Rosauro Martínez (RN), Carlos Montes (PS), Iván Moreira (UDI), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Carlos Vilches (UDI). También dio su aprobación el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez. Para Hormazábal, el respaldo de la Concertación a la idea de privatizar las sanitarias, que se dio “con algunas excepciones”, obedecería a que “el peso de los gobiernos era muy grande y la posición de los parlamentarios muy pragmática. Había gente que no quería aparecer creando problemas y aunque había algunos muy honestos prefirieron darle voto de confianza (…) Creo que había un tema de manejo del gobierno y de los que estaban en ese momento conduciendo los partidos”. En su opinión esta decisión fue un absoluto error.
En tanto, Aldo Cornejo recuerda que “la tramitación fue muy difícil porque este era un proyecto emblemático del gobierno de Frei. Hubo un lobby muy fuerte del gobierno de la época”.
“El encargado de llevar adelante el proyecto desde el gobierno fue el ministro de la Segpres, Juan Villarzú”. El ex alcalde asegura que “tuvimos varias conversaciones en que intentó convencerme de que votara a favor. Pero tuve muchas reuniones con dirigentes sindicales de Essval y llegué a la convicción que era un mal negocio para el Estado”.
En medio de la ola de críticas frente a las roturas de matriz y cortes de agua que enfrenta Aguas Andinas, el presidente del senado, Camilo Escalona, ha manifestado públicamente haber sido un férreo opositor a la iniciativa. En una carta publicada en el sitio oficial del Senado en contra de la privatización de las empresas sanitarias, señala que “como presidente del Partido Socialista, en el periodo 94-98, estuve en contra de la privatización de las empresas sanitarias”, detallando que en el contexto de esa época “la opinión de quienes rechazábamos la privatización no fue prevaleciente. Perdimos esa lucha”.
Desde los sindicatos de las sanitarias la versión es otra, ya que no recuerdan haber visto al entonces diputado en un rol activo para detener el traspaso de las sanitarias de manos del Estado a los privados. Según Jorge González, presidente de sindicato 2 de Aguas Andinas, que reaccionó muy molesto al ver las declaraciones de Escalona en la prensa, “hoy día aparecen levantando banderas diciendo que nosotros nos opusimos a la privatización de las sanitarias cuando un solo diputado, uno, fue el único que se opuso. El resto todos votaron a favor de la privatización”. González, que en los '90 formaba parte del sindicato de Emos —luego transformada en Aguas Andinas— formó parte de los trabajadores que intentaron por todos los medios detener la privatización. No hubo ninguno que nos apoyara. Todos con los que íbamos a hablar nos atendían muy bien, pero nos terminaban diciendo que accediéramos al acuerdo. La verdad es que por mucho que digan ahora, desde un principio estuvieron de acuerdo con la privatización”.
La oposición del presidente del Senado tampoco se refleja en la tramitación del proyecto, ya que al revisar la historia de la ley se observa que el parlamentario dio su voto a favor en las distintas etapas de su tramitación y no tuvo un rol activo en la discusión al interior del Congreso. De hecho, no estuvo presente en la votación final del 18 de noviembre de 1997. Al ser consultado al respecto, Escalona explica que “yo no era parlamentario. Desde marzo de 1998 estuve fuera del Congreso y la polémica fue pública con resoluciones del PS e intenso debate interno y externo (…). Mi posición siempre fue la misma, el Estado como socio controlador, aun cuando hubiera propiedad mixta”. En marzo de 1998 la ley ya estaba promulgada desde hacía dos meses. Ese año empezó el proceso privatizador, vendiéndose rápidamente las tres mayores empresas sanitarias: Emos (1999), Essval (1998) y Essbio (2000).
La salida del Estado
Durante la discusión de la ley, a la que asistieron distintas autoridades como el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Pickering —hoy presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess)—, el sector de la Alianza respaldó firmemente la idea de sacar de manos del Estado a las sanitarias. Uno de los puntos que generaba más rechazo era la exigencia incluida en el mensaje de Frei de que el Estado controlara, al menos, 35 % de la propiedad de cada una de las empresas que en ese entonces eran estatales, entre las que se encontraban Emos (actual Aguas Andinas), Essval y Essbío. Este porcentaje otorgaba el poder de veto y buscaba limitar los conflictos de interés a través de la acción de los directores elegidos con la votación de las acciones en manos del fisco. Idea que sacaba ronchas en el mundo aliancista y que en opinión del entonces senador Sebastián Piñera era “absolutamente inapropiado”, ya que aseguraba que “si el Estado retiene el 35 por ciento, con ello no va a evitar o prevenir ninguna conducta monopólica, pues la sociedad anónima se va a manejar por mayorías en que aquél no influirá en lo relativo a precios.
Pero, en cambio, sí retiene dos cosas. En primer lugar, un conflicto de interés. ¿Qué interesa al Estado con ese 35 por ciento? Maximizar la rentabilidad de la empresa, caso en el cual tratará de aprovechar la renta monopólica, o maximizar o garantizar la competitividad del sector. Son dos cosas abiertamente contradictorias. Una cosa es el ente regulador, que no tiene interés alguno en la propiedad y cuyo único objetivo es garantizar el buen funcionamiento competitivo del mercado, y otra, un Estado que pretende, a través de la propiedad, lograr propósitos que no son propios de ella”.
En la misma línea el hoy líder de la Segpres, Cristián Larroulet, ofreció en el Congreso su punto de vista en representación de Libertad y Desarrollo, sosteniendo que “esta limitación es inconveniente y carente de sentido” y que este porcentaje “impone un límite injustificado a las inversiones que los propios privados deseen realizar”. Según él, esto implicaría que “la deficiencia de los recursos no podrá ser resuelta con la iniciativa de los particulares, y dependerá siempre del derecho a veto que tendrá el Estado al decidir si aporta o no los recursos necesarios en cada caso”. Por su parte, el actual candidato presidencial y ex ministro de Defensa, Andrés Allamand, señalaba que “es evidente que esta situación tan absurda de mantener ese 35 por ciento obligatorio, por lo menos, en última instancia, debería ir de la mano de un proceso y un sistema de licuación para que, en definitiva, la presencia del Estado no signifique una traba, un veto, un impedimento al progreso de cada una de estas empresas”. La oposición finalmente no logró revertir el punto.
Al menos hasta 2003, cuando en el gobierno de Ricardo Lagos se suprimió la exigencia de conservar en las empresas sanitarias el porcentaje mínimo de 35 %, razón por la cual fue posible que en 2011 la administración del actual mandatario, Sebastián Piñera, terminara de vender lo que quedaba de la participación del Estado en el negocio. Durante ese período también se cambió la forma de privatizar, ya que se optó por entregar concesiones de largo plazo y no venderlas como se había hecho antes. Las razones esgrimidas por el gobierno de Piñera para justificar la venta de lo que quedaba de las sanitarias en manos estatales fueron nebulosas y cambiantes, ya que inicialmente se habló de la necesidad de obtener recursos frescos para la reconstrucción después del terremoto de febrero de 2010.
Luego, y en vista de que los recursos para ello fueron obtenidos a través de proyectos de ley con financiamiento extraordinario adicional al presupuesto ordinario aprobados por el Congreso en 2010, se justificó su venta con el fin de inyectar recursos para el Metro. Finalmente, según explicó a este medio el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, los dineros obtenidos serían enfocados en el fortalecimiento de programas Corfo. De esta forma se remataron 24,43 % de las acciones de Esval, 38,44 % de las acciones de Essbio y 30 % de las acciones que el fisco aún poseía en Aguas Andinas, manteniendo un porcentaje mínimo de 5 % y recaudándose US $ 1,548 millones.
La privatización de las sanitarias hoy alcanza su esplendor. Según datos de la SISS, a fines de 2011 —año en que el fisco terminó de desprenderse de lo que le quedaba de acciones en las sanitarias— 84,6 % de la propiedad del sector es privado, mientras que solo el 15,4 % es estatal y continúa en manos de Corfo. Hasta 1998 de las 19 empresas sanitarias que operaban, 13 eran estatales. Entre los problemas que generaría la entrega del manejo de las sanitarias a privados que los sindicatos advirtieron a las autoridades de la época, se contaban sostenidas alzas en el costo de las cuentas de agua. De hecho en los últimos diez años, según cifras de Fenatraos, el aumento de las tarifas supera el 150 %. En el caso de Aguas Andinas el alza llega a 157 %, en Essbío de Concepción a 138 %, en Esval de Valparaíso a 194 % y en Essal de Puerto Montt a 200 %.
Por cierto, las utilidades en el sector han sido sabrosas. En 2011 el sector recaudó $ 225.967 millones. En el caso de Aguas Andinas obtuvo $ 111.479 millones, lo que implicó que en una década sus utilidades aumentaron en 134 %, ya que en 2001 sus utilidades ascendían a $ 47.637 millones. Utilidades que son recibidas por compañías que cuentan con una serie de beneficios por parte del Estado, que les garantiza una rentabilidad del 9 % y que además otorga importantes subsidios directos a usuarios de bajos ingresos, beneficiando las utilidades de la empresa. En 2011 dichos subsidios se tradujeron en un 6 % de las ventas del sector.
Además, son los usuarios los que en la práctica y a través de las tarifas, financian las inversiones y reposiciones del sector en un 100 %. En opinión de Ricardo Hormazábal esto “es tener un mercado cautivo y asegurado en su pago: negocio redondo. Por eso no han hecho las inversiones indispensables como hemos visto, ya que los aluviones no nos habrían afectado si hubieran invertido en reservas para dos o tres días. Ha sido el ideal de las privatizaciones”.
En este punto tampoco erraron las advertencias de los trabajadores. Según explica Hugo Maturana, “planteábamos que se iban a generar grandes utilidades por ser un monopolio. Acá el negocio tiene mayor rentabilidad que en Europa, donde llega al 4,5 % y acá de 7 % para arriba. En el caso de Aguas Andinas sobrepasa el 20 % de rentabilidad. Y a costo de la ciudadanía”.
Según cifras de la SISS en 2011 “la rentabilidad operacional del sector va desde 8,2 % a 8,6 % en promedio, con un máximo de 20,3 % en el caso de Aguas Magallanes”. En cuanto a la rentabilidad sobre patrimonio “alcanza 11,8 % en promedio, encontrándose entre las más altas la rentabilidad de Aguas Andinas (en torno al 18 %) y el de las empresas que operan en las zonas extremas del país, que varían en torno al 30%”. Hoy quienes se reparten más del 50 % de la suculenta torta de las sanitarias son dos empresas extranjeras: el fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario (OTPPB por sus siglas en inglés), de Canadá, que posee 31,1 % de la propiedad del sector y el grupo francoespañol Agbar Suez, que tiene 22,4 %.
Entre ambas prestan servicio a casi 74 % de los clientes a nivel nacional. Le sigue Corfo con 15,4 % de la propiedad del sector y el grupo Luksic con 8 %. Otro de los temores de los sindicatos ante la privatización, eran las consecuencias para los trabajadores. Según Maturana, “esperábamos una merma de al menos 50 %. Fue peor. En el caso de Essval hoy el 75 % de las funciones propias de las empresas sanitarias, como reparación y manutención, son hechas por contratistas sin beneficios y cuyas remuneraciones son bajas”. Maturana recuerda que “cuando vimos que no teníamos apoyo de ningún político, ni de la ciudadanía, planteamos como alternativa que las plantas de tratamiento, que era un tema urgente se entregaran a los privados y no obtuvimos fuerza para impulsarla con ningún parlamentario. Ninguno”.
