Cecilia Cifuentes, Economista Senior de Libertad y Desarrollo
El gobierno ha propuesto reajustar el salario mínimo a $ 205.000, lo que equivale a US$ 433. Con el reajuste propuesto, que en términos reales supera un 4%, el salario mínimo en Chile sería el más alto de América Latina, y de paso evidenciaría que sólo cuando este precio se maneja en forma responsable a lo largo del tiempo, es posible lograr mejorías permanentes en la situación de los trabajadores.
Es así como países como Argentina y Venezuela, que otorgaron importantes reajustes salariales en la segunda mitad de la década pasada, sólo lograron mejorías de muy corto plazo, hoy inexistentes producto de una inflación creciente. Nuestro país, con una reducida tasa de desempleo y un aumento importante de la productividad en 2012, se encuentra en condiciones sustentables para otorgar este reajuste y permitir una mejoría real en las condiciones de vida de vida de un grupo decreciente, pero aún importante de trabajadores chilenos. Son cerca de 500 mil los trabajadores dependientes que ganan este salario, de los cuales algo más de la mitad son jefes de hogar.
¿Por qué entonces no podemos ir más allá y beneficiar a este grupo con un reajuste aún mayor? Son varias las condicionantes para otorgar un reajuste realista, ya que en caso contrario se podría terminar beneficiando a un grupo, pero perjudicando a otro que puede ser más numeroso, y en ocasiones en condiciones de mayor vulnerabilidad que esos 300 mil jefes de hogar.
Si bien hemos celebrado como un éxito, y efectivamente lo es, el que la tasa de desempleo se encuentre en 6 %, la tasa de desempleo para los jóvenes entre 15 y 24 años es de 17 %, y contrario a la tasa promedio, no muestra una tendencia decreciente en los últimos dos años. Si además medimos la tasa de desempleo juvenil en el primer quintil de ingresos, nos encontramos con que llega a un 45 %. Es decir, cerca de la mitad de los jóvenes del 20 % más pobre que quiere trabajar, no encuentra trabajo. Estamos hablando de más de 70 mil jóvenes, y de 125 mil si incorporamos al segundo quintil.
Se debe agregar además que estas cifras de desempleados esconden parte del problema, ya que son muchos los jóvenes de los estratos más bajos que no participan del mercado laboral, no estudian ni trabajan, y que por lo tanto, caen en situaciones de riesgo social. Son más de 300 mil jóvenes en el primer quintil que están en esta condición, y que al salario mínimo vigente son menos atractivos que trabajadores con más experiencia.
Un salario mínimo muy alto agravaría estos números. No terminan ahí los grupos afectados por un salario mínimo muy alto, ya que también debemos considerar el efecto que se produce para las pequeñas empresas, que son las que en mayor proporción pagan el salario mínimo a sus trabajadores. Un salario muy elevado puede dañar la viabilidad de esas empresas. El 54 % de los jefes de hogar del primer quintil de ingresos trabaja en empresas de menos de 10 trabajadores, y sólo un 17 % lo hace en grandes empresas.
Estos números constituyen una evidencia bastante clara de que un alza muy significativa del salario mínimo puede finalmente ser una política regresiva, en el sentido de dañar a los sectores de bajos ingresos. Esto es lo que explica que no sólo este gobierno haya enfrentado con prudencia el tema. En números gruesos, se ha mantenido la política de los anteriores gobiernos de la Concertación. El rechazo de este sector, entonces, parece exclusivamente motivado por razones políticas.
