Digna de una novela de Stephen King, las 337 páginas del oficio con que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) justificó la formulación de cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, terminaron ayer de remecer por completo el mercado de capitales chileno.
La Bolsa de Comercio quedó al desnudo en sus prácticas más cuestionables, las cuales, hasta ahora, nunca habían sido develadas.
La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma, tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y 2011.
Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
Hasta ahora, con la revelación de los cargos que Coloma formuló el 10 de septiembre pasado, se conocía solamente de la participación de Ponce y de un grupo de ejecutivos ligados a las cuestionadas operaciones de las sociedades cascadas que controlan SQM. Entre ellos, el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, del gerente general de Potasio y director de algunas ‘cascadas’, Patricio Contesse Fica —hijo del amigo de Ponce y gerente general de SQM, Patricio Contesse González—, y del asesor y amigo de Ponce, Roberto Guzmán.
Pero ayer, con la filtración del oficio de formulación de cargos a Ponce se reveló toda la estructura con que operaba Ponce para comprar y vender acciones de las ‘cascadas’ y de SQM. Al mismo tiempo, salieron al ruedo los personajes y empresas que fueron parte del esquema con que operaba. El informe plantea que Ponce “habría sido el ideólogo y promotor” del referido esquema.
El documento de la SVS reveló que entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, bajo un diseño “recurrente y coincidente”, el que en términos simples, consistía en la venta por parte de las ‘cascadas’ de algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la venta —de vuelta y en algunos casos luego de transacciones entre algunas de las sociedades de estos empresarios— a las ‘cascadas’ a precios sobre la cotización del momento. Esto generaba ganancias tanto para Ponce, como sus amigos y socios, y pérdidas para las ‘cascadas’.
Aunque Vial no es acusado aún por la SVS, es junto a Le Blanc, el principal involucrado en el caso, por su casi indiscutible participación en las cuestionadas operaciones. Esto, porque al menos dos sociedades suyas —Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña— transaron acciones de las cascadas, de forma directa o indirecta, y con los otros implicados.
Pero además, porque su corredora aparece como la principal operadora en las operaciones, dada su reiterada aparición en compraventa de acciones, en condiciones que, según la SVS, si bien en lo formal aparentaban cumplir la ley, en la práctica estaban hechas para impedir que otros inversionistas —salvo algunas excepciones de institucionales— intervinieran. Las califica como operaciones “engañosas”.
Es justamente este hecho el que además puso en el ojo del huracán al reconocido gerente general de la corredora Larraín Vial, Manuel Bulnes, y el gerente de distribución de la misma empresa, Felipe Errázuriz. Ambos ejecutivos son identificados como los que personalmente gestionan las distintas operaciones en que participa LV y son —según las propias palabras de Bulnes— los que informan a Vial, de los negocios que se producirían en la bolsa con las cascadas.
El primo hermano de Bulnes, Santiago Bulnes, es casado con la hija de León Vial y trabaja también en la corredora.
Respecto del actuar de Vial, la SVS es clara: “En el caso de las sociedades instrumentales relacionadas al Sr. Leonidas Vial, su nexo al esquema expuesto podría ser hallado principalmente en el actuar de Larraín Vial, corredora que se encargó de llevarlos a la práctica en los mercados bursátiles, principalmente en el año 2009 y en menor medida en el año 2010, siendo personeros de dicha corredora, los Sres. Bulnes y Errázuriz, quienes se transformaron en el nexo con dichas sociedades, toda vez que estos se encargaron de presentar tales negocios a estas Sociedades Instrumentales, ejecutándolos en bolsa, en términos funcionales al esquema antes descrito”, afirma.
Además de LV, aparecen nombrados los otros grandes actores de la bolsa. Las corredoras de Bolsa Banchile, del grupo Luksic, y Citigroup, hoy socio del mismo grupo en el Banco de Chile, son reiteradamente nombradas en la investigación por cumplir una especie de rol de comprador “puente” entre las distintas operaciones de estas sociedades. En particular, la SVS alude a la participación del polémico ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya. Hoy Araya es socio de la corredora Tanner.
Incluso es reiteradamente aludida en la investigación la segunda corredora del país —que hace poco fue adquirida por el banco brasileño BTG Pactual—, Celfin, que al momento de los hechos investigados era controlada por Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus. En roles más secundarios se dan algunas apariciones de CorpBanca, Bci y Santander, aunque fundamentalmente en operaciones de financiamiento de diverso tipo.
El documento de la SVS confirma lo que se sabía: la participación en algunas operaciones claves de Ponce, del fondo Linzor Fund Return, que al tiempo de las operaciones —hace dos años— la gestionaban tres prominentes ejecutivos: Canio Corbo Atria, hijo homónimo del empresario y director de Sigdo Koppers y la Compañía Sudamericana de Vapores, y sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; Nicolás Larraín Hurtado, hijo del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín; y Tomás Hurtado Larraín, sobrino del controlador de Entel y del holding financiero Consorcio, Juan Hurtado Vicuña. Eso sí, en la investigación sólo aparece Corbo mencionado, en un choque de declaraciones con Cristián Araya, en ese momento de Banchile. Su rol en el caso fue una de los factores determinantes en la ruptura de los tres con los socios fundadores de Linzor Capital. Los tres ahora operan bajo el nombre de CHL.
Consorcio es socio en el gestor privado de fondos Moneda Asset Management, que lidera Pablo Echeverría y que junto a AFP como Habitat, Cuprum, Provida y Planvital, lideraron la ofensiva contra Ponce, desatando la investigación de la SVS.
En el oficio, además, la SVS detalla la actuación del ex director de Norte Grande, el ex superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, quien dejó en el papel distintas actuaciones que tuvo particularmente en 2010 cuando reclamó a Aldo Motta la necesidad de elaborar una pauta de transacciones de acciones, solicitud que Motta tardó casi medio año en poner en práctica mientras en el intertanto seguía realizando las hoy cuestionadas operaciones.
La investigación revela además el impacto dominante que tuvieron las operaciones asociadas a Ponce Lerou en las ‘cascadas’. Según la SVS, entre 2009 y 2011, las acciones transadas como parte del esquema que —como determinó— había diseñado Ponce y en el que participaron Guzmán, Le Blanc y Vial, representaron entre el 70 % y el 88 % del total de operaciones del mercado local para la acción Calichera A, y un 73 % en 2009 en el caso de Oro Blanco, cifra que bajó a entre 10 % y 30 % entre 2010 y 2011.
La SVS determinó que las operaciones realizadas se efectuaron a través de un aceitado engranaje que consideraba distintas situaciones.
Por un lado, las ‘cascadas’, específicamente Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, “habrían sido utilizadas de forma que dejaran disponibles, aparentemente para el mercado, paquetes relevantes de acciones representativas del capital de Oro Blanco, Pampa Calichera y/o Soquimich”. Luego, estos paquetes de acciones resultaron ser acciones de primera emisión de aumentos de capital no suscritos por la correspondiente Cascada en su calidad de accionista, en particular Oro Blanco y Calichera A, o acciones que formaban parte del activo de aquéllas, esto último específicamente para los títulos Calichera A y SQM-B.
La SVS detectó que en algunas oportunidades, Norte Grande acopió acciones de manera previa, específicamente Calichera A y SQM-B, para luego vender estos paquetes de acciones. “Dichas adquisiciones fueron, por lo general, financiadas mediante la venta de acciones Oro Blanco. En cuanto a las compras de acciones Calichera A efectuadas por Norte Grande, sus contrapartes principalmente fueron terceros, entre ellos inversionistas institucionales, los que asimismo fueron las contrapartes de las ventas de acciones Oro Blanco efectuadas por aquélla para financiar la adquisición de las acciones Calichera A. En las adquisiciones de los papeles SQM-B por Norte Grande, se observa que la principal contraparte de dichas operaciones fue una sociedad de propiedad del Sr. Roberto Guzmán, operaciones que se realizaron principalmente mediante OD sin difusión y OD con difusión de 3 minutos, en tanto, las contrapartes de las ventas de acciones Oro Blanco efectuadas por Norte Grande para financiar las compras de acciones SQM-B, fueron principalmente inversionistas institucionales”, dice.
Por otra parte, indica que en el caso de las acciones provenientes de aumentos de capital, “se habría procurado, a través de la realización de diversas operaciones sociales, que la sociedad cascada con derecho a dichas acciones no suscribiera dicho aumento, en tanto, en el caso de las acciones que formaban parte del activo, se habría generado una razón aparente para fundamentar dicha venta o, en algunos casos, simplemente se habría instruido efectuar esas ventas sin mayor justificación”. Dichas ventas se habrían hecho a través de remates efectuados en bolsa y, en menor medida, por operaciones bursátiles OD (orden directa), en especial para SQM-B.
“En cuanto a los remates, éstos compartieron las características de inscribirse a precios que podrían entenderse bajo mercado y ejecutarse, salvo alguna excepción, en dichas condiciones. Asimismo, estos remates fueron ejecutados en un solo lote aun cuando correspondían a montos significativos y con una difusión que, si bien cumplió las reglamentaciones bursátiles, no habría sido acorde con el objetivo de maximizar la captación de recursos derivada de dicho proceso, dados los montos a rematar, actuando ello como barrera para la intervención de potenciales inversionistas. Estos remates de acciones en la totalidad de los casos fueron suscritos, ya sea en forma significativa o en su integridad, por sociedades bajo el control del Sr. Julio Ponce Lerou o por sociedades cuya propiedad era del Sr. Guzmán y, en menor medida, por sociedades de propiedad del Sr. Leonidas Vial, dependiendo del año, conforme se explicó en los Hechos y Análisis. En el caso de las ventas a través de operaciones OD, específicamente para el título SQM-B, se observa que la contraparte fue principalmente alguna de las sociedades de propiedad del Sr. Guzmán, previo paso por la cartera propia de Banchile”, detalla la SVS.
Según la entidad, una vez que las acciones Oro Blanco, Calichera A y/o SQM-B estaban en poder de las personas mencionadas se procuraba financiar a la sociedad cascada que, al final del ciclo del esquema, se encargaría de comprar esas acciones, siendo tales sociedades Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios, en diferentes ocasiones. Para financiar a las cascadas otra de las mismas le daba el financiamiento, se dividía alguna de ellas o se endeudaba con sociedades relacionadas, como firmas ligadas a Ponce.
De acuerdo a la autoridad, las compras de acciones SQM-B, Calichera A y Oro Blanco efectuadas por las cascadas se “hicieron principalmente a precios aparentemente superiores a los prevalecientes en el mercado, y mayoritariamente a sociedades bajo el control del Sr. Julio Ponce Lerou, distintas de las Sociedades Cascadas, y del Sr. Roberto Guzmán y, en menor medida, a sociedades de propiedad de los Sres. Leonidas Vial y Alberto Le Blanc, las que, previamente hablan adquirido esas acciones principalmente de las propias Sociedades Cascada y de otras Sociedades Relacionadas, Vinculadas y/o Instrumentales y, a terceros, aunque en este caso en una cuantía menor”, indica.
En estos casos, agrega, se detecta concertación entre los actores. “Se ha podido observar además que las operaciones que se realizaron entre las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales se efectuaron mayoritariamente a través de remates, operaciones en rueda que darían cuenta de una concertación entre las partes, operaciones OD con y/o sin difusión, habiéndose efectuado una parte importante de estas últimas con la particularidad que el cumplimiento de los requisitos para la realización de estas OD sin difusión era alcanzado por Larraín Vial, que ingresaba en los segundos anteriores a dichas operaciones ofertas de compras y ventas que le permitieran, aparentemente, cumplir con la normativa bursátil, las que eran eliminadas en los segundos posteriores al cierre de la operación OD buscada ejecutar”, apunta.
Según indica, el esquema en cuestión habría hecho posible que sociedades relacionadas a Ponce Lerou pudieran vender las acciones Calichera A y Oro Blanco, a precios significativamente mayores a los de su compra.
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