La presidenta Cristina Fernández de Kirchner descartó acatar una orden judicial estadounidense de pagar plenamente a los tenedores de bonos impagos, lo que da a Argentina dos semanas para idear una forma de evitar una segunda crisis de deuda en 13 años.
En un mensaje que dirigió al país el lunes, horas después de que la Suprema Corte de los Estados Unidos se negara a escuchar la apelación argentina, Fernández utilizó el término “extorsión” para describir el fallo que exige que se pague a los tenedores de bonos impagos cuando se hagan los pagos de la deuda reestructurada. El próximo pago de intereses del país vence el 30 de junio, lo que limita el tiempo que tiene Fernández para llegar a un acuerdo con los acreedores “holdout”, entre ellos Elliott Management Corp., del administrador de fondos de cobertura Paul Singer.
Fernández dijo que acatar el fallo era imposible y que expondría a Argentina a reclamos de US$15.000 millones de acreedores que rechazaron las ofertas de reestructuración luego del impago del país de US$95.000 millones en 2001. La mandataria dijo que había dado instrucciones al ministro de Economía, Axel Kicillof, que negoció la resolución de disputas de deuda con el Club de París y Repsol SA en los últimos cuatro mees, para que buscara la manera de seguir pagando a los tenedores de pagarés reestructurados.
“Argentina ha evidenciado y tiene voluntad de negociación”, dijo Fernández. “Lo que no tiene es –digámoslo con todas las letras- por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece”.
Los bonos reestructurados de Argentina se derrumbaron ayer un promedio de 9,3 por ciento mientras los inversores analizaban cuáles serían los siguientes pasos del país.
Fernández dijo en agosto que ofrecería pasar a los tenedores de bonos reestructurados de la ley de Nueva York a deuda regida por la ley local para evitar tener que pagar a los acreedores “holdout”. Abogados del gobierno desmintieron luego que existiera ese plan.
Las opciones de Argentina
Según un memo del 2 de mayo que se filtró el mes pasado a un sitio web de Argentina, los asesores del país recomendaban un impago y una inmediata reestructuración en el caso de que la Suprema Corte rechazara la apelación, lo cual estaba ligado a reclamos por un total de US$1.300 millones.
Algunos inversores especulan que Kicillof podría indicar si el gobierno planea cambiar la jurisdicción de los bonos, según José Luis Espert, que dirige la firma de análisis Espert Asociados en Buenos Aires.
“No sé si eso es viable, pero hay muy poco tiempo para negociar”, dijo Kathryn Rooney Vera, una estratega macroeconómica de Bulltick Capital Markets, en entrevista telefónica desde Miami.
La semana pasada, Kicillof hizo pensar en la perspectiva de negociar con los “holdouts”, algo que el país rechazaba antes.
La disputa se relaciona con el impago argentino de 2001 de un récord de US$95.000 millones de deuda. El país ofreció canjear los valores por bonos de alrededor de 30 centavos por dólar en 2005 e hizo una propuesta similar en 2010. Los tenedores ofrecieron aproximadamente el 92 por ciento de la deuda en circulación.
