Transpiró helado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger a trámite un requerimiento de Aldo Motta, imputado en el caso Cascadas, quien cuestiona la constitucionalidad de una norma usada por la SVS para ordenar la etapa probatoria del bullado caso que involucra también a Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial y Roberto Guzmán, entre otros.
La decisión de la Segunda Sala del TC llevará a que se analice la correspondencia con la Carta Magna del precepto de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración Estado que permite a la SVS ordenar, a los imputados en el caso Cascadas, que definan los hechos a demostrar y los medios que usarán para ello.
La referida Sala está integrada por su presidente y hombre clave en la elaboración de la Constitución de 1980, Raúl Bertelsen; la ex asesora de Sebastián Piñera, María Luisa Brahm; y los ex funcionarios de la Concertación Carlos Carmona y Gonzalo García.
Según Motta y todos los imputados principales del caso, la SVS –por ser la que acusa– debería decir sobre qué hechos, de los que señalaron los acusados en sus descargos, no tiene certeza y, en consecuencia, determinarlos y ante eso el acusado presentar sus pruebas.
Esta es una nueva arista legal del caso y amenaza con ir acumulando largos desfiles por las Cortes capitalinas, a la espera de que los ministros evalúen si la SVS ha respetado la ley y, en virtud del recurso de Motta, la Constitución.
Un respiro
Pero la resolución de Bertelsen, Carmona, García y Brahm, también le dio un alivio a la entidad que dirige el superintendente Carlos Pavez. Esto, porque –aunque acogió a trámite el requerimiento del gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande y mano derecha de Ponce– rechazó la solicitud de los abogados de Motta, Germán Pfeffer y Víctor Vial, de paralizar la causa que está analizando la Corte de Apelaciones respecto al mismo tema.
Sobre esa materia, el tribunal de alzada tiene vigente una orden de no innovar (ONI) en contra de la SVS y a favor de Motta, para que no se realice la etapa probatoria de su caso.
Motta había pedido que el TC detuviera esa causa en la Corte, debido a que –a su juicio– dicho tribunal no podía zanjar dentro del marco de la Constitución la reclamación contra el actuar de la SVS, incluyendo la ONI, pues –también según su parecer– tal precepto es inconstitucional.
Si el TC hubiera accedido, la SVS se habría visto imposibilitada no sólo de seguir con la etapa probatoria de Motta, sino que tampoco podría haber solicitado que la Corte viera su recurso de reposición, en que pidió echar abajo la ONI.
De hecho, este miércoles la Primera Sala de la Corte de Apelaciones podría resolver sobre un recurso de reposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) –que representa a la SVS–, en que pide detener la orden de no innovar en favor de Motta.
Los ministros a integrar hoy la Sala serían Manuel Valderrama y Dora Moncada, que han tenido decisiones contradictorias en varias causas del caso Cascadas, según relatan abogados cercanos al proceso. Junto a ambos ministros votaría la abogada Paola Herrera, ya conocida por ser reiteradamente favorable a defender las ONI para los imputados.
La SVS ha tenido una serie de dificultades en el proceso a raíz de los diversos recursos legales presentados por los imputados ante la Corte. Por un lado, porque ha debido detener algunos procesos, como ocurrió momentáneamente respecto de Roberto Guzmán y ahora con Motta, que ha estado detenido en forma permanente en las últimas semanas por la ONI.
Además, varios testigos llamados por los distintos imputados no han llegado a declarar, entre ellos, el propio Aldo Motta, que había sido citado a declarar en la causa de Leonidas Vial, pero que no acudió por la ONI que regía a su favor.
Y aún está pendiente el recurso de reclamación de Leonidas Vial, quien también acudió a la Corte –la semana pasada–, solicitando una ONI en su causa con los mismos cuestionamientos al proceder de la SVS, lo que se suma a los reclamos por el hecho de que se continúe con los probatorios mientras algunos están detenidos, como sucede con el de Motta. Según los formulados de cargo, esto va contra las propias resoluciones de la SVS que –en enero y abril pasados– señaló que, para asegurar el derecho a defensa, detuvo primero y reanudó después los procedimientos, de manera que corran en forma simultánea.
Un abogado cercano a uno de los acusados cree que la decisión del TC, relativa a analizar la constitucionalidad de la norma que habilitaría a la SVS para obligar a los imputados a fijar los hechos a demostrar y las pruebas para ello, es un gran triunfo, pues están seguros de que finalmente ganarán la disputa legal y toda la investigación de la autoridad se caerá por los “vicios procesales” en que ha incurrido.
