Si hoy Argentina entra en cesación de pagos, podría generar reclamos de bonistas por US$29.000 millones –el equivalente de todas sus reservas en moneda extranjera–.
Si el interés vencido sobre los títulos de Argentina denominados en dólares con vencimiento en 2033 no se paga al 30 de julio, las disposiciones de los contratos de obligaciones, conocidas como cláusulas de incumplimiento cruzado, permitirían a otros tenedores de deuda del país exigir también el reintegro inmediato de su dinero. Ese monto corresponde a la deuda que Argentina emitió en monedas extranjeras y que se rige por leyes internacionales.
Ayer el Gobierno negoció por primera vez cara a cara con los fondos especulativos en la víspera de la fecha límite para el cese de pagos, informó el mediador judicial nombrado por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
"Hubo un intercambio franco de los puntos de vista y las preocupaciones. Los asuntos que dividen a las partes siguen sin resolverse", explicó el mediador Daniel Pollack, en un comunicado emitido después de una reunión de doce horas en su despacho.
La reunión dio un giro cuando, a cinco horas de su finalización (a las 18.30 horas hora local, 22.30 horas GMT), apareció el ministro de Finanzas argentino, Axel Kicillof, que voló a Nueva York directamente desde Caracas.
Además, el mediador, que también estuvo presente en las negociaciones entre querellantes y querellados, aseguró en su comunicado que "si habrá reunión entre las partes o cuándo tendrá lugar mañana (miércoles) todavía tiene que decidirse".
Las negociaciones se reanudarán esta mañana.
Argentina enfrenta ahora su segunda cesación de pagos en 13 años. El juez de distrito estadounidense Thomas Griesa frenó el mes pasado su intento de transferir los US$539 millones de intereses en razón de que el país no reservó dinero para los acreedores que no entraron en la reestructuración, quienes obtuvieron un fallo que les dio derecho al pago total de las obligaciones que Argentina repudió en 2001. Bank of America Corp. dice que no hay demasiado incentivo para que quienes prevén un arreglo entre Argentina y los acreedores que no entraron en el canje exijan la devolución de su dinero, pero los potenciales reclamos son lo suficientemente grandes como para agotar las reservas del país.
“Llevaría a Argentina a entrar en cesación de pagos sobre la mayor parte de su deuda y probablemente todos estarían en el mismo barco”, dijo en una entrevista telefónica Anna Gelpern, investigadora en el Instituto Peterson de Economía Internacional y profesora de derecho en la Universidad Georgetown.
Período de gracia
Hoy es el último día que tiene Argentina para realizar el pago de intereses a los tenedores de US$13.000 millones en bonos con vencimiento en 2033, antes de que expire un período de gracia de 30 días.
Las operaciones con los bonos sugieren que los inversores no esperan una catástrofe inminente, pero el país podría no obstante ser responsable por miles de millones de dólares en pago inmediato.
Según las cláusulas de incumplimiento cruzado, Argentina debería reembolsar el saldo total –más el interés impago– de todos los títulos si los tenedores de por lo menos 25 por ciento de esa deuda exigen que se les reintegre el dinero.
Argentina depositó el mes pasado los intereses correspondientes sobre los bonos 2033, pero Griesa impidió a las empresas de custodia transferir el dinero hasta que el país pague a los acreedores que no entraron en las reestructuraciones, encabezados por Elliott Management Corp., del multimillonario Paul Singer.
La disputa deriva de la cesación de pagos récord de Argentina por US$95.000 millones en 2001. La mayor parte de la deuda fue canjeada por nuevos bonos en 2005 y 2010, en tanto los tenedores aceptaron pérdidas de un 70 por ciento, pero los acreedores que no entraron en el canje integraron el 7 por ciento que rechazó las condiciones y presentaron una demanda para reclamar todo el capital y los intereses impagos.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que necesita aplazar el fallo hasta enero, después de la expiración de una cláusula relativa a los Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO), que supuestamente le impide brindar voluntariamente condiciones mejores a los acreedores que no ingresaron en la reestructuración.
En una reunión la semana pasada con el mediador designado por la justicia, Daniel Pollack, Argentina solicitó al juez crear una salvaguarda contra riesgos ligados a la cláusula RUFO, que podría generar, según el país, reclamos por más de US$120.000 millones. Griesa ha rechazado los reiterados pedidos de aplazamiento por parte de Argentina.
