Sin matices, la ministra de Salud, Helia Molina, dejó su convalecencia de tres semanas por una hernia a la cadera y salió a calmar los ánimos entre las isapres.
Las caras de funeral en la industria privada de salud eran gigantes, pues el 7 de agosto pasado la comisión que dirige Camilo Cid tomó nota de la polémica propuesta de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, y aprobó unificar la cotización de salud entre afiliados a isapres y del sistema público.
Esto redundaría en eliminar a las isapres como recaudadores del 7% que aportan los chilenos que participan en el sistema privado de salud (los que representan el 17% de la población).
La inseguridad que genera la idea votada en la comisión prendió los ánimos y de inmediato, al igual que respecto de las reformas tributaria y educacional, comenzaron las amenazas de cuestionar la constitucionalidad de la labor de la comisión, dado que el decreto que le dio origen no habría incluido la aprobación de ideas como esa.
Molina raya la cancha
En ese contexto, la ministra Molina habló fuerte y claro, desconociendo las ideas aprobadas en la comisión como consecuencia de lo que se les ordenó y advirtiendo, sin tapujos, que en la administración Bachelet 2014-2017 no habrá una reforma estructural en salud.
“Nosotros no vamos a hacer una reforma estructural en salud. Pero vamos a hacer muchas cosas para que las personas reciban más y mejor salud, y tengan acceso a medicamentos, mejor cobertura de sus problemas, sin discriminación… son sólo cuatro años”, dijo a La Tercera, añadiendo que “un cambio estructural del sistema no se va a hacer, por lo tanto un sistema de financiamiento diferente al que está tampoco”.
Junto con eso, la ministra aclaró que el hecho de que algunos comisionados creyeran que pueden realizar propuestas sobre temas más allá de las isapres y no se remitieran a lo que ella señala que se les ordenó, tiene que ver con la pasión.
“Las posibilidades de perderse son fáciles, porque el tema es apasionante. La salud pública tiene crisis en todo el mundo, hasta en países que son modelo, pero hay un decreto que define claramente los roles, las funciones, el objetivo y los plazos de la comisión”, explicó.
No hay bozal
A El Mercurio Helia Molina le especificó aún más lo ajena que está la idea aprobada en la comisión respecto de lo que espera Michelle Bachelet. “A la comisión le encargamos específicamente una ley de isapres que mejore inequidades, discriminaciones y todas aquellas cosas que las hacen tan criticadas por sus propios usuarios”, dijo, agregando que, más allá de que no les puede poner bozal a los comisionados, cuando dan sus opiniones “el legado concreto que necesito es que me den todos los elementos para hacer una ley de isapres”.
El comentario apuntaba a la activa participación de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, impulsando la unificación del 7% de cotización en las isapres. Molina lo dejó claro, advirtiendo que "la línea del gobierno en salud la conduzco yo y la directora de Fonasa es subalterna mía".
Y para despejar cualquier duda sobre sus intenciones y lo lejos que está Bachelet de pensar en eliminar las isapres, la titular de Salud validó hasta el derecho a obtener utilidades por parte de las aseguradas privadas.
“La comisión apuntará a una ley que regule mejor ciertas atribuciones de las isapres y también de los usuarios, con mecanismos interesantes de compensación y alianzas que suavicen muchas cosas factibles, sin que dejen de ser un buen negocio y un buen sistema para los 4 millones de personas que quieren estar en él. Quedaría satisfecha si se termina con la discriminación por sexo, por edad, por preexistencia de patologías. Eso me parece sustantivo”, recalcó.
Decreto
El objetivo de la comisión asesora, creado por decreto emitido el 17 de abril pasado, es “asesorar a la Presidenta de la República en el estudio de la normativa del sistema de salud, especialmente en lo relativo a los administradores privados (Isapres), los derechos de sus afiliados y beneficiarios y sus relaciones con el sistema de salud en su conjunto y proponer adecuaciones y reformas al sector, de manera que la salud pueda ejercerse como un derecho de la seguridad social”.
Luego, el decreto especifica las distintas “tareas” que debía encarar la comisión. Las primeras tres son de documentación y diagnóstico: contribuir al análisis “histórico” del sistema de salud privado y su integración con el sistema de salud general; aportar al estudio de las principales problemáticas del sistema de salud chileno en sus variables: estructura, financiamiento, aseguramiento, cobertura, provisión, mecanismos de compra de prestaciones y bonificaciones, entre otras, y colaborar en la revisión de los principales problemas de salud de las personas a nivel general.
La cuarta tarea es la que podría abrir el espacio a las dudas. Si bien al principio indica que la comisión debe “proponer modificaciones legales y reglamentarias a la administración privada del seguro de salud común”, agrega que esto debe ser “acorde a los principios de acceso universal a servicios de salud necesarios y de calidad suficiente como para ser eficaces y al respeto de los Derechos Humanos, recomendando las medidas que apunten hacia el establecimiento de un sistema de financiamiento de la salud equitativo y de calidad”.
Según publicó La Tercera el sábado pasado, esta ‘ambigüedad’ del decreto es reflejada en los comentarios del integrante de la comisión Mario Parada. “Si la Presidenta sólo necesitara un proyecto de ley no habría recurrido a la comisión. Tiene equipos capaces de hacerlo. Ella quería una asesoría de expertos con amplia representación ideológica y política para plantear una política pública”, afirmó.
En el primer semestre de 2014 las isapres ganaron casi $ 50 mil millones, lo que representó un alza de 46% en doce meses.
