Ya terminada la tradicional pausa política que se genera con las festividades por el 18 de septiembre, la agenda laboral entra de lleno esta semana en días clave en materia de definiciones para La Moneda, que se encuentra en medio de un tironeo político no menor entre quienes son partidarios de postergarla para el 2015, para sortear primero la desaceleración económica, y los que se juegan por que se cumpla el cronograma inicial fijado por el gobierno, de enviar los proyectos de ley respectivos durante el último trimestre de este año. En una vereda, la primera, está Hacienda, su ministro Alberto Arenas y su influencia en la Presidenta, Michelle Bachelet, mientras que en la otra están el Ministerio del Trabajo, la CUT y, en especial, el timonel del PS, Osvaldo Andrade, quien silenciosamente se está jugando todas sus cartas para evitar la postergación.
En el gobierno aseguran que el ministro Arenas no ha dado ninguna señal oficial ni ha dicho nada sobre una eventual postergación de la agenda laboral. Es más, aseguran en el PS que el secretario de Estado –que milita en las filas de este partido– tampoco ha explicitado nada en este sentido y que incluso al propio Andrade le ha precisado que está pendiente del tema.
Sin embargo, desde Hacienda las señales apuntan en un sentido contrario, preocupados de que los temas más relevantes de esta agenda –la titularidad sindical y restringir los vacíos legales que debilitan a la negociación colectiva– acentúen el desempleo y la desaceleración. Por lo mismo, en La Moneda y en la Nueva Mayoría afirman que, más allá de la línea pública que ha mostrado, en privado Arenas esté efectivamente “operando” para postergar el paquete de proyectos laborales y algunos ministros en Palacio incluso agregan que no pueden descartar que el tema lo haya conversado a solas con la Mandataria.
Desde la Nueva Mayoría, varios de sus timoneles creen que el ministro de Hacienda busca efectivamente aplazar esta agenda, porque “quiere dar una señal al empresariado”, con quien tuvo muchos roces durante la tramitación de la reforma tributaria, sector que no lo ha empoderado ni reconocido del todo como un interlocutor válido, como sí lo hizo con todos sus antecesores desde el retorno de la democracia.
En el gobierno cuentan que el objetivo del Ministerio de Hacienda en las semanas que vienen es obtener el control total de la agenda laboral, la que hasta ahora ha estado radicada en el Ministerio del Trabajo, cuya cabeza es Javiera Blanco, quien –afirman– está jugada al 100% por cumplir con el cronograma original. “Eso es lo que busca el ministro Arenas, llevar las riendas del debate, para poder manejarlo ante los ojos de los empresarios”, precisaron en el gobierno.
Esta disputa no es menor, porque marca el tono y destino de la agenda laboral. No hay que olvidar que en administraciones pasadas siempre se marcó la supremacía de Hacienda en el debate, lo que hacía privilegiar los intereses empresariales en el tema por sobre el de los actores laborales, cuyo mejor ejemplo de tal lógica se dio el año 2009, cuando en el primer gobierno de Bachelet las reformas en esta área fueron aplazadas efectivamente por el escenario de crisis económica que se vivía entonces.
Hasta ahora, el contacto y línea directa de la CUT es con el Ministerio del Trabajo, desde donde por semanas han dado garantías y han pedido calma ante el intenso despliegue comunicacional por la desaceleración y declaraciones de algunos rostros oficialistas que han sincerado sus posturas inclinándose por la postergación. Uno de esos, fue el senador del PPD Guido Girardi, quien en la revista de ‘Sábado’ el 13 de septiembre dijo que “hay que tener en cuenta el clima económico que vive el país, la desaceleración económica y que ya tenemos tres reformas en curso, que son exigentes para el Gobierno. Por eso, creo que lo prudente es dejar la laboral para el próximo año”.
En la Nueva Mayoría y en el gobierno precisaron que esta línea de Girardi respondería efectivamente a la visión del partido, que no tiene una presencia importante en el mundo sindical, como si sucede con el PS, el PC y la DC, cuyo timonel, Ignacio Walker, a principios de mes recalcó que “hay que fortalecer la negociación colectiva; tampoco es una amenaza. La agenda laboral que el Gobierno va a definir este último trimestre es una parte del compromiso que tenemos con la ciudadanía”.
Con las declaraciones de Girardi quedaron en evidencia las divisiones y distintas prioridades que hay en la coalición sobre el tema, generando un nuevo flanco interno en el conglomerado oficialista.
No hay que olvidar que el jueves 4 de septiembre el presidente del PC, Guillermo Teillier, y Andrade salieron juntos de un acto en La Moneda para sumarse a una marcha de la CUT convocada precisamente para ejercer presión a fin de asegurar el envío de dicha agenda laboral al Congreso. “Tengo temor respecto de la configuración de un clima que en la medida que pone el acento en la desaceleración y el frenazo, invisibilice reformas tan comprometidas y tan relevantes como la reforma laboral”, dijo ese día el diputado PS.
En las sombras
Su presencia en esa marcha es solo un tenue reflejo del papel real que está ejerciendo el timonel socialista en este debate, al punto que quienes lo conocen recalcan que se está “jugando todo su capital y poder político” para cumplir con la ruta previamente diseñada en materia laboral. No es de extrañar, dada la impronta que el timonel ha puesto en esta área desde hace años y que hace que su voz al respecto sea una de las de mayor peso político en el oficialismo.
Ya en el comité político del 2 de septiembre, Andrade planteó su preocupación por una posible postergación, y el lunes 14 –a la salida de una nueva reunión en Palacio– precisó que, dado el escenario instalado luego del bombazo en la estación del Metro Escuela Militar el lunes 8 de septiembre, consultó al gobierno si había modificación de los contenidos programáticos de la agenda “y –dijo– se nos ha señalado con absoluta certeza que no hay ninguna alteración o cambio en esta agenda, en consecuencia, todos aquellos temas que están en la orden del día pero que están en los tiempos de futuras presentaciones se ha reiterado, por parte del ministro (del Interior) y de los demás ministros, la voluntad y convicción de mantener la agenda que hemos planteado”.
Esa frase incluía la reforma laboral y el timonel no la lanzó en forma casual ni al voleo, sino que apuntó de manera precisa a un objetivo: amarrar públicamente una vez más el compromiso de La Moneda con la agenda laboral, precisar que no habría cambios en el cronograma y, de paso, empeñó entre líneas la palabra del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien según comentan en el gobierno no se ha manifestado abiertamente por ninguno de los dos bandos.
Andrade fue uno de los que presionó durante la campaña presidencial para que los temas laborales fueran incluidos con cierto grado de relevancia en el programa de gobierno, en abierta cuña con quienes pregonaban en el entorno de Bachelet que las reformas tributarias, educacional y la nueva Constitución eran más que suficientes para cuatro años de mandato, sin quedar espacio para impulsar con fuerza otro cambio. Fue el ministro del Trabajo en el primer gobierno de Bachelet y desde ahí vivió en carne propia el peso que ejerció entonces Andrés Velasco, como jefe de la billetera fiscal, para frenar las reformas laborales comprometidas en aquel minuto y dar señales de tranquilidad al empresariado bajo el argumento de la responsabilidad política y económica por la crisis que se vivía a fines de la primera administración.
La muñeca política de Andrade es conocida en La Moneda, ya que la mayoría de las veces es usada a favor de los intereses de la Mandataria, porque sabe desactivar conflictos, siempre prefiere las gestiones en privado, de bajo perfil y obtiene buenos resultados. Pero también es un contrincante duro y el “tironeo político” con él por la agenda laboral no es algo fácil para el gobierno ni para el ministro de Hacienda y menos para Bachelet, porque se trata de un gallito entre socialistas, de una misma tendencia, con el timonel del partido de la Presidenta.
Andrade tiene con el ministro Arenas una buena relación, comparten la militancia socialista, hasta hay cariño y respeto y, como muchos en el oficialismo que tienen cercanía y afecto con él, en privado el diputado se refiere al secretario de Estado como “el negro”. Sin embargo más allá de eso, en el PS afirman que Andrade ha puesto todas sus fichas en evitar postergaciones, lograr que, aunque sea de manera gradual, se inicie el proceso de envío de proyectos de ley al Congreso en los plazos comprometidos.
“Ahora no es el mismo escenario que el 2009, no se puede ocupar de excusa la desaceleración, ya no se aguanta una nueva postergación; aunque sea gradual, pero debe empezar ya”, recalcan desde el PS, visión que –agregan– es la que Andrade ha planteado en La Moneda, ante Arenas y en el Ministerio del Trabajo.
La impronta de Andrade no es menor en el escenario actual. Es en el Mintrab donde se ha trabajado por meses en los proyectos de ley en cuestión y el responsable de todo ha sido el abogado Roberto Godoy, quien fue el jefe de gabinete de Andrade cuando éste estuvo a cargo de las riendas en Trabajo y a quien la ministra Blanco optó por nombrar como coordinador de la agenda laboral.
Cabe precisar que Andrade y Blanco tienen una excelente relación, fluida y que –según explican sus cercanos– tienen una sintonía fina sobre los ítems relevantes de la agenda, la necesidad de no postergarla, al tiempo que comparten la preocupación por el complejo escenario político que se desplegaría de no cumplir con el protocolo comprometido con la CUT, organización que cedió abiertamente en sus demandas sobre el salario mínimo hace tres meses, aceptando sin mediar conflicto alguno lo ofrecido entonces por el gobierno, esto ante el compromiso de enviar los proyectos de ley sobre fortalecimiento de la sindicalización y negociación colectiva.
El liderazgo que ha ejercido la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), no es menor, se ha alineado abiertamente con la administración bacheletista, lo que le ha traído costos internos, roces, pero ha logrado mantener a la organización ordenada en espera del cumplimiento de los compromisos gubernamentales. Pero si esto no sucede, no son pocos los que vaticinan un 2015 de conflictos sociales en las calles, con varios actores de la Nueva Mayoría apoyándolos.
Estas serán semanas clave en el gallito entre ambas posiciones, ya que si bien el compromiso oficial ha sido en el último trimestre, el protocolo con la CUT sugería preferentemente el mes de octubre para el envío de los proyectos al Congreso.
El sábado 20 la Presidenta Bachelet partió rumbo a Estados Unidos a la reunión anual de Naciones Unidas. La gira, que se prolonga hasta este viernes, tiene un nítido acento económico, con un grueso de actividades en esta área, sin dejar a un lado que invitó –y es parte de la comitiva oficial– al jefe de la CPC, Andrés Santa Cruz.
En Santiago, en el gobierno, en el Ministerio del Trabajo y en la Nueva Mayoría reconocen que no pueden abstraerse de las conversaciones que Bachelet tendrá con Santa Cruz durante el viaje y que la agenda laboral “será tema obligado”. Más aún cuando el dirigente ya le manifestó a la Mandataria, en una reunión en La Moneda –el mismo lunes 8 del bombazo pero unas horas antes– que para el empresariado la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga no contribuyen a mejorar las confianzas con el gobierno dañadas con la reforma tributaria.
En una entrevista en El Mercurio, el domingo 7 de septiembre, la Presidenta Bachelet dijo que “se llevarán adelante algunos pasos vinculados a la agenda laboral en el último cuatrimestre. Vamos a ir cumpliendo los compromisos que hemos tomado”.
Esas palabras en el gobierno y la Nueva Mayoría fueron tomadas como la señal clara de que la Mandataria hasta ahora ha optado por no postergar la agenda laboral, pero sí graduarla, hacer un gesto en noviembre enviando un proyecto de ley con urgencia simple para “descomprimir el ambiente” y enfocar los aspectos centrales para principios del 2015, una vez que la desaceleración económica haya pasado.
Por lo mismo, en el oficialismo reconocen que lo que suceda al concluir la actual gira será clave para ver qué ocurrirá con la agenda laboral y qué efecto tuvo el diálogo con Santa Cruz. Si la Presidenta escucha demasiado al mundo empresarial, todo indica que enfrentará un fuerte conflicto con un amplio sector de su base de apoyo más dura, y serán Andrade y Arenas los protagonistas del round.
