La sugerencia es una sola: “No mire los contenidos, preocúpese de la puesta en escena y del método que se aplica. Importa más la forma en que se llegó al acuerdo que los temas a que se refieren”.
Ese es el consejo que da un funcionario de gobierno cuando se le pregunta por las señales a tener en cuenta las próximas semanas en materia laboral. Se supone que en los días que vienen debería haber dos o tres anuncios que no tienen que ver con la Reforma Laboral, pero que sí guardan relación con el mundo del trabajo. “Son avances” de lo que el Ejecutivo llama “la “agenda laboral” y cuya temática es más amplia que los 25 puntos que levanta como bandera de lucha la CUT.
“Lo que hay hasta ahora es un ruido pactado. Hace mucho rato que se llevan conversaciones reservadas y que sólo serán publicadas cuando haya puntos de llegada. Todavía falta para eso”, dice la misma fuente.
La semana que terminó estuvo marcada por las declaraciones de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en dos universidades –la Diego Portales y la Adolfo Ibáñez–, que tendieron a bajarle los humos públicamente a la CUT, la que se reunió el jueves en la tarde en un consejo nacional que estaba agendado desde antes.
El tema de fondo es cómo lograr una Reforma Laboral que no espante a los empresarios, pero que tampoco le quite el piso a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Los actores han sido cuidadosos. Después de la aparición de Javiera Blanco, el sector privado se ha mantenido en un segundo plano y Figueroa –escudada por su directiva– ha pedido una reunión con los ministros del Trabajo y de Hacienda para aclarar cuándo se enviará el proyecto y así dejar las especulaciones sobre el contenido. Todavía nadie tira del mantel.
Y si bien desde la negociación del salario mínimo, además de una que otra ceremonia protocolar como la promulgación de la Reforma Tributaria, Hacienda se ha mantenido tras bambalinas, “ha estado desde el comienzo, principalmente en las conversaciones con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)”, afirma una fuente bien informada.
En el gobierno señalan que tanto la CPC como la CUT son prisioneros del “acuerdo de voluntades” que firmaron en 2012. Hace dos años, bajo el Ministerio de Evelyn Matthei, ambas organizaciones suscribieron un documento que recogía temas tan diversos como: protección del empleo en tiempos de crisis, seguridad laboral, avanzar en la reforma al seguro de cesantía, subsidio a la contratación del primer empleo y de quienes han estado mucho tiempo sin empleo, fin del multirut, salario mínimo, empleo femenino, y sindicalización y negociación colectiva. Por tanto, “cada uno tendrá que tragarse algo que no les guste, pero no pueden desconocer lo que allí se avanzó”.
“Destrabar”, la palabra clave
Otro de los focos de atención del Ministerio de Hacienda ha sido afinar la puntería sobre los principales obstáculos que impiden la ejecución de inversiones. “Esta semana o la subsiguiente debería haber anuncios tendientes a destrabar los proyectos y las normativas”, señalan en el cuadrante de la Moneda.
Esto fue confirmado por la ministra Blanco, quien junto con referirse a las cifras de desempleo de 6,6% para el trimestre móvil julio-septiembre, indicó el jueves 30 que “prontamente” el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dará noticias sobre trámites en materia de inversión que favorecerán al país en una curva ascendente, tanto en materia de empleabilidad como de crecimiento.
Esta mañana, Arenas junto a sus pares que integran el Comité de Ministros del Área Económica, entregaran a la Presidenta el informe con medidas para agilizar tramitación de proyectos de inversión privada.
Si bien la tarea la encabeza Hacienda, en ella están todos los ministerios económicos incluidos. ¿Lo más difícil? Armonizar decisiones que son contradictorias entre las distintas carteras y servicios.
De acuerdo a una de las cuatro mayores empresas de la construcción, que tiene el 50% de su cartera en obras públicas, ya se han visto ciertos avances. “Los primeros meses de gobierno no avanzamos nada. Desde julio o agosto, hemos sentido un cambio de disposición. Temas que estaban parados en los servicios en regiones, nos han llamado incluso desde el gobierno central para solucionarlos”. Otro empresario del sector portuario concuerda con esta opinión y pone como ejemplo la labor de facilitador que el gobierno prestó cuando se enfrentó el conflicto en el Puerto de San Antonio en septiembre.
