Este mes el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Metroplitana Oriente, Carlos Gajardo, debería comenzar las formalizaciones derivadas de la arista política del caso Penta.
Según fuentes que conocen la investigación, Gajardo tiene centralizada toda la información, la cual hasta ahora acumula más de 8 tomos, y los peritajes que ha ordenado incluyen el seguimiento –en los últimos meses– de las llamadas telefónicas de los involucrados.
Las formalizaciones se fundamentarían en el artículo 97, número 4 del Código Tributario, que en su inciso primero sanciona al contribuyente o empresa, en este caso por rebajar indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron. Este delito es sancionado con multa que va desde el cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo.
Las formalizaciones afectarían desde los controladores de Penta hasta quienes emitieron las boletas fraudulentas. En el caso de los candidatos al Parlamento beneficiados con esta argucia, sólo podrían ser formalizados si es que se comprueba que se coludieron con los emisores de las boletas para la comisión del delito.
Aunque el caso se ha centrado en Penta y las figuras de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, hay pistas que estaría investigando el fiscal Carlos Gajardo y que apuntan a otras empresas. Fuentes que conocen la causa dicen que, producto de los seguimientos a quienes emitieron boletas a Penta, habrían aparecido en la investigación empresas como CCU y Soquimich, pese a que ninguna de estas ha sido alertada al respecto.
Dicho seguimiento se habría visto facilitado por el sistema de boletas electrónicas, implementado hace algunos años, que deja registro detallado del horario en que fue emitida, así como del emisor y el receptor.
El trabajo del fiscal ha sido sigiloso y se volvió más hermético luego de que el presidente de la UDI, Ernesto Silva, se reuniera con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y –posteriormente– éste ordenara la apertura de una investigación penal ante las denuncias de supuestas filtraciones por la arista política del caso Fraude al FUT.
La UDI no para de recibir las esquirlas por el caso. A la una y media de la tarde del miércoles dos funcionarios de la PDI llegaron hasta el Ministerio de Minería para rastrear los correos del ex subsecretario de esa cartera –ligado a ese partido– durante la administración Piñera. El nombre de Pablo Wagner apareció cuando se publicó que el fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, lo investiga por el eventual cobro usando la boleta de un tercero. Según informaciones entregadas por la prensa, Gajardo habría determinado que, mientras ejerció el cargo público, Wagner recibió dineros bimensuales por parte del grupo Penta a través de boletas de terceros. En ese período, Carlos Alberto Délano entró al negocio minero a través de su sociedad Andes Iron, que adquirió la Minera Dominga, en la Cuarta Región, y los permisos necesarios para los trabajos de prospección del yacimiento.
El origen del caso se remonta al año pasado, con la investigación del fiscal Carlos Gajardo por fraude al FUT, en la que 122 contribuyentes fueron formalizados en marzo pasado por devoluciones irregulares por $2 mil millones. La metodología para obtener ese dinero consistía en presentar una solicitud legal de devolución del FUT, pero luego un funcionario del SII rectificaba dicha petición para aumentar el monto a devolver. La clave del contribuyente era necesaria para poder realizar el cambio.
Uno de los hombres fundamentales en este sistema es el ex jefe del SII Oriente, hoy en prisión preventiva, Iván Álvarez. Éste reconoció que operaba con Hugo Bravo, ex gerente de Penta. A raíz de esto, la PDI incautó primero los computadores y libros de contabilidad de todas las empresas del grupo; y más tarde los de Délano y Lavín, tras conocerse la denuncia criminal del SII en su contra el 26 de agosto pasado. Esto permitió dar con la arista política del caso.
