La crisis que atravesó CorpBanca está más fresca que nunca al interior del Grupo Penta. El complejo momento que pesa sobre los controladores del holding financiero los ha obligado a revisar una historia reciente que no resulta del todo auspiciosa, cuando el mercado castigó con dureza los depósitos del banco de Álvaro Saieh –encareciendo su costo de fondo–, situación que, mal que mal, fue factor clave en la decisión de Saieh de vender el control al brasileño Itaú.
Y si bien son situaciones muy distintas, a simple vista el panorama resulta similar: los bonos se desploman y las tasas de captación de los depósitos de Banco Penta se han disparado en los últimos días, al compás de los pasos que ha dado el Ministerio Público para formalizar a sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Un escenario que tiene a los más altos ejecutivos del grupo explicando con documentos y PowerPoints que lo que le pasó a Saieh no debería pasarles a ellos, con argumentos que han transmitido a otros actores bancarios y también a las autoridades regulatorias.
Al interior del grupo existe la convicción de que el fiscal Gajardo no encontrará irregularidades en las empresas operativas del grupo. Pues, el hecho de que la solicitud de formalización del Ministerio Público –por delito tributario y soborno– responda a ilícitos que involucran a las sociedades no operativas vinculadas al holding y a las relacionadas a los controladores y ejecutivos, los hace pensar que la Fiscalía ya descartó antecedentes relativos al banco y la corredora.
Esto, a pesar de que la investigación sigue en curso. El SII ha hecho varias denuncias en el marco de este caso. La primera fue en julio, pero en octubre arremetió en contra de los representantes legales de Empresas Penta S.A., “por el uso y registro malicioso de facturas falsas correspondientes a operaciones con la empresa Penta Corredora de Bolsa, filial del Banco Penta S.A., que dan cuenta de servicios que no se realizaron, con el propósito de rebajar indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, y disminuir también artificialmente las pérdidas del Banco”.
La Fiscalía no ha sobreseído a los involucrados por esta última denuncia, pero como no ha solicitado una formalización por estos hechos, en el grupo estiman que ya no hay peligro.
Las gestiones en la industria y con la Sbif
Con dicho panorama, fuentes bien informadas revelan que durante los últimos días la plana mayor del banco ha sostenido reuniones con otros actores de la industria y con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
Días antes de la solicitud de formalización hecha por Gajardo –ocurrida el pasado jueves–, representantes del banco se juntaron con otros actores de la industria para explicarles la situación con el objeto de que sus filiales –en particular las administradoras generales de fondos, principales tenedoras de los depósitos del banco– supieran de primera fuente sus niveles de riesgo. Lo mismo se hizo después con la Sbif, una vez que la Fiscalía decidiera pedir fecha en los tribunales para formalizar a Délano y Lavín.
Lo que se comentó en estos encuentros tuvo relación con la situación financiera del banco y su capacidad de responder ante una eventual contingencia adversa. Básicamente, la compañía tiene emitidos $760 mil millones en depósitos y otros $120 mil millones en bonos, pero a su vez tiene activos financieros –inversiones en instrumentos de alta liquidez– por $350 mil millones y otros US$1.000 millones en inversiones, gracias a la venta que hizo de AFP Cuprum.
De esta manera, pese a las tasas que muestran los depósitos del banco y la amenaza que supone para su costo de fondo –dado que éste se financia en un 58% con estos papeles– la entidad tendría capital para responder ante una contingencia adversa.
Sería el fruto de estas gestiones lo que hoy explica que haya compradores de depósitos y bonos con tasas que resultan excepcionalmente altas, apostando a que el banco no tendrá problemas.
La deuda y papeles del banco se transan cada vez más. Ayer se negociaron $25 mil millones en depósitos y otros $6 mil millones en bonos. Los primeros vieron un alza de 20 puntos base en sus tasas con plazo a 180 y 230 días, cerrando a 0,6%, mientras los papeles de Consorcio –banco comparable en tamaño– se cotizan a una tasa de 0,34%; la serie C de los bonos de Penta, en tanto, vio un incremento en sus tasas en un día de hasta 80 pb, y los rendimientos de la serie J subieron 158 pb, alcanzando una tasa de 6,43%.
Por estos días, y con estas tasas, el banco no ha salido a captar depósitos y tampoco hay ánimo de hacerlo. Según ejecutivos de la entidad, se espera que pase la vorágine que ha suscitado en el mercado la crisis judicial de sus controladores y, si las condiciones no cambian, los cálculos que se sacan es que hay capital para responder a las necesidades de la entidad y también a los depositantes.
En el mercado afirman que los principales vendedores habrían sido inversionistas institucionales extranjeros que se espantaron con la formalización de los controladores del banco.
Un test acerca del sentimiento del mercado será la colocación del bono de Banmédica, negocio clave del Grupo Penta, que se concretará mañana.
La emisión busca captar UF2,2 millones, unos US$90 millones, y la hace IM Trust.
Sbif sale a responder las interrogantes del mercado
¿La formalización de los socios de Penta supone un incumplimiento a la Ley General de Bancos (LGB)? ¿los balances de la entidad están manchados por el caso, como lo denunció el SII? Son estas las interrogantes que motivó a la comisión investigadora del caso a citar para hoy a Eric Parrado, titular de la Sbif.
A las 17 horas, el regulador hará ingreso para responder las inquietudes de los diputados. Hasta la fecha, Parrado no se ha pronunciado respecto del impacto en el banco que implica el Caso Penta, sin embargo, en el mercado hay curiosidad respecto de cómo actuará la Sbif.
Como ha publicado este medio, para algunos juristas, una interpretación “armónica” de la Ley General de Bancos podría hacer que el regulador considere el artículo 28 de la referida LGB –el cual dice que los accionistas fundadores de un banco no pueden haber sido formalizados por la justicia– como un requisito continuo en la industria financiera, sobre todo por los cambios que se le hicieron a esta ley con la creación del Consejo de Estabilidad Financiera –ley promulgada en noviembre pasado–, donde el concepto de “continuo” se introdujo en varias de las exigencias para las compañías financieras.
Sin embargo, dado que el mandato de la Sbif es preservar la estabilidad de la industria bancaria y que, según algunos abogados expertos del sector bancario, la ley de bancos se debe interpretar en forma restrictiva y no extensiva, podría considerar dicho artículo sólo como un requisito para quienes buscan constituir un banco.
Esta es una de las varias interrogantes que se hace la industria con el Caso Penta.
Pero hay más. Las declaraciones de Hugo Bravo en el expediente investigativo de la Fiscalía, sostienen que el banco eludió parcialmente el pago del IVA, cancelando este tributo sólo por el 50% de las comisiones recibidas por Pershing LLC, entidad que administra y custodia capital en el extranjero de clientes del banco.
Además, el ex director de Penta aseveró que la entidad bancaria ganó al arrendar acciones a la corredora en operaciones que ésta hacía con el objeto de eludir patentes municipales, tema que denunció este medio y que motivó una investigación de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Sobre estos últimos asuntos, se ignora si la Fiscalía los considerará para eventuales formalizaciones en contra de ejecutivos del grupo; al menos en el plano interno del holding financiero se descarta, aunque persiste una tensa calma.
