La situación legal de los controladores del Banco Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sigue moviendo el mercado secundario de bonos y depósitos. Durante los últimos días, como ha publicado este medio, las tasas de ambos tipos de títulos se han disparado producto del riesgo reputacional que afecta a la entidad, gestado por la próxima formalización de ambos ejecutivos por delitos tributarios, entre otros.
Con este panorama, Banco Penta ya ha hecho gestiones por calmar las aguas, principalmente a través de reuniones con bancos cuyas filiales de fondos mutuos son los principales tenedores de sus depósitos, pero ayer fue el turno de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
Eric Parrado, titular de la Sbif, acudió ayer al Congreso para exponer la situación del banco, con palabras que supusieron un importante espaldarazo institucional para una compañía en la que existe una fuerte convicción de que el Caso Penta no le va a pegar, a pesar de que existe una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) que lo involucra por haber reducido su base imponible a través de boletas falsas, y que no ha sido sobreseída por el Ministerio Público.
“Nosotros defendemos a los depositantes. Es nuestro objetivo primordial, ése es el rol que tiene la Sbif”, afirmó ayer Parrado para explicar su papel, cuyo objeto es preservar la estabilidad de la industria financiera. En ese contexto, pese al aumento en las tasas de bonos y depósitos –lo que implica una amenaza para su costo de fondo–, explicó que Banco Penta se encuentra en una situación saludable.
“Banco Penta mantiene una sana posición financiera, caracterizada por adecuados niveles de capitalización y liquidez”, afirmó en este sentido, teniendo a la vista los cuatro aumentos de capital que se han efectuado desde 2012 por US$153 millones, más los cerca de US$180 millones que ha colocado en bonos desde 2013. Con activos que superan los US$2 mil millones, de los cuales unos US$600 millones están invertidos en instrumentos de alta liquidez, el banco tendría capacidad para responder en parte a los US$1.240 millones en depósitos que tenía colocados a noviembre pasado.
Como anticipó ayer este medio, gran parte de sus depósitos fueron captados gracias a la inversión de administradoras generales de fondos mutuos (FFMM), que representaron el 57% del total en noviembre. Por esta razón fue que la alta dirección del banco, previo a la solicitud de formalización que efectuó la Fiscalía la semana pasada, inició una ronda de reuniones con otros actores bancarios para que sus filiales de FFMM sepan de primera fuente sus niveles de riesgo.
Dichos encuentros, aparentemente, han tenido algunos resultados, pues –según afirmaron desde mesas de dinero– de los flujos que se han negociado en depósitos se puede inferir que han sido los FFMM los que han sacado provecho de la estampida de inversores que se han deshecho de bonos y depósitos en el mercado secundario. Es que han sido los principales compradores de papeles cuyas tasas han alcanzado el 0,6%, en el caso de aquellos con plazo a 180 y 230 días, muy por encima del sistema.
Sin embargo, con las AFP que durante diciembre se deshicieron de US$30 millones en depósitos a plazo del banco (aunque mantienen US$ 85 millones en bonos y depósitos), no hubo encuentros.
Monitoreo in situ y riesgo reputacional
“El proceso judicial en que están involucrados sus dueños expone al banco a un riesgo reputacional”, fue una de las premisas que Parrado repitió varias veces durante su exposición.
Es por esto que explicó cómo la Sbif ha puesto en marcha un plan de contingencia para tener al banco bajo un estricto seguimiento. “Tenemos un mayor énfasis respecto del Banco Penta, dada la situación que está viviendo el grupo y los dueños. Tenemos una revisión permanente del banco y hemos extendido visitas al mismo”, sostuvo Parrado en relación a los mecanismos de fiscalización que ha gatillado el Caso Penta.
Según explicó Parrado, la Sbif desarrolló un plan de supervisión orientado al seguimiento permanente de la situación del banco, consistente en una supervisión en terreno, monitoreo diario de la liquidez, contacto con directores y alta administración, así como también contacto con auditores externos, monitoreo de la situación judicial de los accionistas y coordinación con otros organismos.
Sobre este último punto, aclaró que existe una alta coordinación con otros supervisores financieros. “Obviamente también hay una coordinación con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda”, especificó.
Sin obligación de vender
Como se esperaba, Parrado clarificó la interpretación que le daría la Sbif al artículo 28 de la Ley General de Bancos, el cual establece que los accionistas fundadores de un banco no pueden tener antecedentes penales. El titular de la Sbif zanjó el tema afirmando que dicho requisito es exigible sólo para quienes buscan constituir un banco, pero que no es continuo una vez que éste existe.
“Podemos no entregar una licencia a personas con antecedentes judiciales, pero no podemos quitar una licencia a alguien que recibe una condena (…). Ellos (Délano y Lavín) se dedicarán al proceso judicial para defenderse, para lo cual se salen de los directorios. Y una de las interpretaciones que el regulador bancario tiene en este caso, es que este famoso riesgo reputacional daña más si tenemos a estos directores en un proceso judicial dentro del banco. La decisión de salirse del directorio ayuda a aminorar el riesgo. Esa es la interpretación que uno debería darle”, sostuvo.
Sus palabras generaron la sorpresa de varios parlamentarios presentes. El diputado Iván Flores (DC) replicó preguntándose: “¿Entonces en qué estamos? (…) Vamos a tener que entrar a trabajar en la Ley de Bancos porque claramente acá hay un vacío. La Superintendencia tiene atribuciones para calificar un proyecto, pero no para volverlo a calificar en su actuación. Hay una incoherencia, o sea, las cosas se deshacen tal como se hacen”.
Parrado volvió a tomar la palabra para insistir en que no pueden excederse de sus atribuciones legales y que, por lo demás, no hay que perder el objetivo, que es la defensa de los depositantes y, producto de eso, la estabilidad del sistema. “La confianza es fundamental y uno podría tener apreciaciones a posibilidades de cambio en la LGB, pero obviamente hay que hacer un análisis profundo respecto de las implicancias, y nosotros no tenemos poder legislativo, sino que ésta tiene que ser una conversación con el Ejecutivo”.
Sus explicaciones no fueron satisfactorias. Fuad Chahin (DC) replicó que por qué a fines de 2014, cuando se creó el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) –que modificó la LGB, introduciendo el concepto de “continuo” en varias de las exigencias para los bancos a nivel patrimonial–, no hizo permanente los requisitos de idoneidad de los controladores.
Sobre este punto, Parrado afirmó que “esa ley tenía un foco bastante particular. Uno puede ir revisando posibilidades en conformidad con una posible reforma a la Ley General de Bancos, pero la del CEF era específica, en la que se vieron temas de estabilidad financiera”.
Chahin insistió en pedirle su opinión respecto del inédito caso en que quedará el banco si los dueños son formalizados o incluso condenados con pena aflictiva, sobre todo considerando que el propio titular de la Sbif dijo que para el banco era relevante la confianza del mercado y la fe pública, pero Parrado mantuvo su pauta institucional sin responder directamente el emplazamiento.
Tras la sesión, varios parlamentarios coincidían en que las explicaciones de Parrado “fueron muy débiles” y que no se hizo cargo de los cuestionamientos, particularmente porque él era ya titular de la Sbif cuando se modificó la Ley de Bancos. Pero también comprendieron que tiene poco que hacer en este caso.
El balance ‘limpio’ de Penta versus la denuncia del SII
Varios diputados preguntaron a Parrado qué ocurriría con el banco si se confirma en la investigación de Gajardo la denuncia hecha por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en cuanto que el banco habría reducido sus pérdidas facturando servicios no prestados desde la corredora a Empresas Penta en los años comerciales 2008 y 2009.
“En el caso de la LGB, la adulteración de balances es grave, eso implica incluso penas de cárcel para quienes están comprometidos con esto. En este momento uno no ve una adulteración de balances en el caso del banco, eso obviamente es una preocupación mayor para esta Superintendencia”, señaló Parrado, descartando esas irregularidades.
Agregó que, si hay delitos tributarios, dicho tema depende del SII. “Pueden pasar cosas en distintas instituciones del grupo, pero no en el caso del banco, al menos en la revisión que hemos hecho, pero obviamente siempre estamos encima para ver si es que hay algo y denunciarlo de alguna forma”, sostuvo con firmeza.
Las palabras de Parrado coinciden con la percepción que existe al interior del grupo Penta. Fuentes cercanas indican que el fiscal Gajardo habría decidido no insistir en la investigación a la corredora de bolsa y el banco, lo que se vería ratificado por el hecho de que en la solicitud de audiencia para formalización de Délano y Lavín no se incluyen delitos asociados al banco o la corredora que es su filial.
Sin embargo, desde el Ministerio Público han dicho públicamente que podrían venir nuevas formalizaciones.
La denuncia del SII
La denuncia del SII del 8 de octubre de 2014 acusa a Empresas Penta de registrar en su contabilidad facturas no afectas o exentas de IVA por servicios que nunca se prestaron, emitidas por Penta Corredores de Bolsa, lo que le habría permitido disminuir indebidamente su renta líquida imponible.
Al mismo tiempo –dijo el SII en ese momento–, permitieron “rebajar artificialmente las pérdidas del Banco Penta, empresa que consolida resultados con Penta Corredores de Bolsa”. Para ello, el SII utilizó como antecedentes las declaraciones de Hugo Bravo –dándole particular relevancia por haber sido director del banco al momento de los presuntos ilícitos– y el contador de Penta, Marcos Castro.
Según el registro del SII, hay tres cobros a Empresas Penta de Penta Corredores de Bolsa por un total de $ 1.450 millones –el 31 de diciembre, dos; y 30 de septiembre de 2008, uno–, además de una por $ 608 millones –del 31 de diciembre de 2009–, de Penta Agente de Valores. Todos los cobros indican el servicio genérico de “Económicas y Financieras”.
Eso sí, la denuncia apunta a los representantes legales de Empresas Penta S.A. y “todas las personas que resulten responsables”. Sin embargo, si se confirmara el ilícito –aunque hasta hoy no existe solicitud de formalización por esta causa–, se verificaría la existencia de información de los estados financieros que no representarían la real situación del banco. Además, Bravo dijo que los ilícitos ocurrieron entre 2006 y 2010, pero el SII sólo denunció por 2008 y 2009.
Los testimonios claves
Marcos Castro dijo en su declaración del 8 de agosto de 2014 que Empresas Penta “en varias ocasiones contrató los servicios de la corredora del Banco Penta y le encargó asesorías de proyectos específicos, los cuales fueron con firma de contratos y entiendo que con documentos entregables”.
Quien visaba la prestación del servicio, puntualiza Castro, era Bravo. “Con la incorporación de las facturas que pagaba Penta (el holding) se mejoraron los resultados financieros del banco”, dijo Castro, sin afirmar que eran servicios no prestados, sino señalando solamente que los montos pagados le parecieron “grandes”, pero que no era su función revisar la cuantía del monto. Castro indicó además que, si bien era normal que el banco perdiera plata en los primeros años de existencia, esta situación se extendió por la crisis subprime de 2008.
En su declaración del 10 de septiembre de 2014, en tanto, Hugo Bravo explica que entre el 2006 y el 2010 “para paliar esas pérdidas (de banco) se han traspasado unos $ 5 mil millones mediante facturas de la corredora de Bolsa por aproximadamente $ 1.000 millones anuales, mediante facturas exentas de IVA” y que “mediante este sistema se daba una visión de que las pérdidas (del banco) no eran tan grandes”.
Bravo aseguró que “las facturas daban cuenta de servicios inexistentes, decían algo como asesoría en inversión”. Asimismo, Bravo indica que la decisión la proponía Marco Comparini y la aceptaban Délano y Lavín.
Aún más, el ex mano de derecha de los dueños de grupo afirma que cualquier gasto que pudiera soportar el holding en vez del banco, se hacía de esa manera, citando el caso de la contratación del conocido economista Patricio Rojas (de Rojas y Asociados) “que es un economista que hacía los trabajos para el banco pero se los pagaba Penta" (el holding).
Según Bravo, él participaba como director pero esos temas no los veía la mesa, aunque a él le tocaba firmar el cheque por instrucciones en reuniones con los socios en las que participaba Comparini. Esta modalidad se habría abandonado en 2010, con la entrada en vigencia de las normas contables IFRS.
Comparini responde
Marco Comparini asumió la gerencia corporativa de Empresas Penta a mediados de 2005. Un año y medio después, en noviembre de 2006, llegó a la gerencia general del banco reemplazando a Eduardo Kirberg, mal evaluado por el pobre desempeño de la entidad. Comparini deja el cargo en el banco en abril de 2010, para llegar a la gerencia de inversiones de Banpenta Ltda., que luego pasó a llamarse Banpenta Dos, sociedad que controla el banco.
Comparini acude a declarar a la Fiscalía el 8 de agosto de 2014. El hoy vicepresidente de Banco Penta dedica más de la mitad de sus cuatro horas de testimonio a rebatir a Bravo, pero desde la lógica económica, asegurando que la afirmación del ex director del banco “es falsa y absurda”.
Primero, afirma que no tiene sentido pensar que se sorprendiera de las pérdidas del banco en los primeros años, asegurando que en un banco no se consolida el negocio antes de 10 años. Incluso cita casos como el del británico HSBC y el argentino Monex, que “han intentado ingresar al mercado chileno y han perdido mucho dinero”.
Y, como siempre ocurre, cita el caso de Álvaro Saieh. Presenta cifras y gráficos de banco Concepción CorpBanca para mostrar que en los primeros años se pierde plata y que el negocio bancario es de muy alta economía de escala, requiriendo un alto patrimonio para comenzar a tener buenos números.
Además, asegura que la solvencia de banco es lo que más observa un potencial cliente y que eso se mide en función del índice de Basilea, que en 2008 era varias veces mejor que el del mercado. Agrega que $ 1.000 millones de utilidad en 2008 habrían movido marginalmente dicho ratio, por lo que “es totalmente inmaterial”.
Por otro lado, cita a las clasificadoras de riesgo como otro referente, agregando que sólo en 2014 lograron ver un alza de nota A a A+ gracias a que pasaron de un patrimonio de $ 12.500 millones y pérdidas de $ 3.650 millones en 2006 a un patrimonio de $ 160 mil millones y utilidades de $ 9 mil millones en 2014.
También agrega que, dado que el negocio que tenían era banca privada, ésta se mide por el nvel de activos que administraban, que era de $590 mil millones, por lo que el efecto de los supuestos traspasos de $ 1.000 millones al año sólo tendrían, considerando el margen de ganancia, un efecto de $ 60 millones en utilidad para el banco, lo que considera insignificante. Adicionalmente, indicó que tampoco habría tenido efecto en mejorar el spread crediticio al captar fondeo más barato.
Y respecto de las facturas, en concreto entre 2006 y 2010, afirma que “son todas 100% reales y existentes” y que en el 87% de los ingresos correspondientes a esas transacciones hubo terceros involucrados distintos del grupo Penta, como ejecutivos de grandes multinacionales y destacados empresarios de este país.
Además, descarta la denuncia, indicando que en 2006 hubo cero pesos por asesorías financieras. Al igual que en 2010, siendo sólo $ 361 millones en 2007. Entre 2008 y 2009 la cifra sube considerablemente: $ 1.200 millones, $ 2.208 millones, respectivamente. Son justamente estos últimos dos años por los que el SII presenta la denuncia un par de meses después del testimonio de Comparini.
Los emails Comparini–Bravo y la “pantalla” para “subsidiar” al banco
Cuando Comparini acudió a declarar se le presentó una serie de correos entre él y Bravo, donde se alude a subsidios del grupo al banco.
En particular, un intercambio del 13 de octubre de 2009. A las 10:41 a. m., Bravo le escribe a Comparini en un correo con el asunto: “la factura de 60 millones es el segundo cobro de banco a Penta por Rucatayo”.
“Estas peor que Horacio Peña (el gerente y socio de Penta Las Américas AGF), cual fue la propuesta de honorarios? ¿cuál fue el primer pago? ¿cuánto es el cobro total? ¿y si no hay éxito? El cobro total de Julios Salas, que trajo el negocio e inició las primarias conversaciones con Pilmaiquén y Citi fue de $ 50 millones a éxito ¿no será mucho Lucho sin conversación previa? ¿de todos los 'pagos' anteriores no quedo nada a cuenta?” (sic).
Seis minutos después Comparini responde: “Rucatayo es sólo la pantalla para darle una formalidad a que subsidies el banco para que no salga con pérdidas, no te olvides que hay un contrato, que se hizo el primero pago por 550 millones si mal no recuerdo y que quedaba un saldo de 60 millones que lo íbamos a usar cuando los números del banco no dieran… tan mal no estoy, cómo andan por casa!!!!!” (sic).
El fiscal le presenta este correo y Comparini prefiere postergar la respuesta para una siguiente entrevista. “Respecto del correo que se me exhibe de fecha 13 de octubre de 2009 entre Hugo Bravo y yo. Hugo Bravo en general veía todos los negocios de manera negativa, siempre pensaba que había un interés particular y se intentaba siempre perjudicar a Penta. Lo que puedo decir de este correo lo manifestaré en la próxima entrevista”.
En su testimonio Comparini sólo explica en forma genérica que Rucatayo (filial de la eléctrica Pilmaiquén en un 55%) es un proyecto de generación eléctrica de 50 MW con una inversión por US$ 170 a 200 millones, donde el otro 45% lo tiene Citibank. Comparini añade que Rucatayo es un negocio que trajo Hugo Bravo, amigo de Julio Salas, quien a su vez era amigo de “gente de Pilmaiquén” y sabía que el Citi quería vender su participación. Comparini recuerda que le tocó analizar el proyecto, que hicieron muchísimas reuniones, pero “nunca llegamos a puerto”. “Me parece que por este tema Penta INF le facturó a la corredora por montos cercanos".
En la carpeta investigativa revelada a fines de diciembre de 2014, no se encuentran nuevos testimonios de Comparini. Según cercanos al grupo Penta, el fiscal estaría descartando seguir con esta arista.
Pero existen otros correos. En uno de ellos Comparini, entonces gerente general de Banco Penta, le indica a Hugo Bravo, el viernes 15 de mayo de 2009: “Le voy a pasar gastos del banco a Banpenta, ejemplo, contrato de PEI (una parte importante) ¿tienes algún tema tributario que prefieres no hacer esto?" (sic).
Dos días después, Bravo responde: “Sólo de pelo, preferiría cualquier otra cosa” (sic).
El mismo 17 de mayo, Comparini vuelve a escribir al correo de Bravo: “Lo que no tengo claro pero es de las cosas más simples. Es cosa de llevar una buena contabilidad para que a futuro las cosas no se confundan y quede asignado correctamente a gastos de banco” (sic).
Sobre esto tampoco se ven comentarios de Comparini ante el fiscal.
Una última saga de correos es del 20 de enero de 2009. Ese día, Ignacio Rossetti, operador de mesa de dinero de fondos mutuos de Banco Penta, le escribe a Cecilia Irarrázaval –con copia a Comparini y otros ejecutivos– un detalle de movimientos en Empresas Penta que incluyen rescates de fondos por US$ 85 mil y aportes por un monto similar.
El sentido de dicha acción la explicará Comparini a Hugo Bravo minutos después. “Don Hugo, me tomé la libertad de aprobar estos cambios de fondos para subsidiar al banco. Para Penta no es más que cambiarse de fondos y prácticamente mantiene los mismos tipos de activos”.
De estos e–mails no hay referencias en su declaración ni en posteriores gestiones del fiscal.
