El titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Eric Parrado, es aficionado a las redes sociales y los medios de comunicación. Cercanos lo describen como preocupado de lo que dicen de él y de estar en la agenda pública. Es columnista de la revista Qué Pasa, propiedad del grupo Copesa, controlado por Álvaro Saieh. Incluso entrevistó a Nouriel Roubini en 2011 para ese medio y escribe de sus experiencias anuales en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
Fue justamente Qué Pasa la que el 6 de febrero pasado reveló el crédito de $ 6.500 millones otorgado por Banco de Chile a la empresa Caval, la sociedad de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, y desató la principal crisis política que afecta al Gobierno de Bachelet.
El caso puso al centro a Parrado, quien vivió una situación incómoda al intentar despejar las dudas que existían respecto de si la reunión que tuvo el dueño del banco, Andrónico Luksic Craig, con Compagnon y su pareja –hijo de Bachelet– Sebastián Dávalos, había influido en que se diera un privilegiado curso del crédito a Caval o si se cumplieron todos los procedimientos requeridos por la ley o las políticas del propio banco.
Las declaraciones de la Moneda “esperando” el pronunciamiento de la Sbif –para validar legalmente el crédito– hicieron ver mal al regulador, pues lidera una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y que es financiada por ley con una especie de impuesto que se cobra a los bancos, sus regulados, pero que trata de presentar una imagen de independencia.
El caso Penta y la fusión de CorpBanca con Itaú ya venían exponiendo aún más a la Sbif a tener un mayor rol protagónico y público que antes y, respecto de ambos casos, en el mercado surgieron dudas sobre el rol que ha tenido su titular.
Quienes conocen al ex profesor de la escuela de negocios de la UAI, dicen que es un aficionado a las redes sociales, en particular Twitter. Algunos le cuestionan su actitud proclive a anunciar mucho y a concretar poco. La ley de Bancos la anunció varias veces en 2014, pero aún no se conocen detalles, aunque parte del retraso se asume con lo ocurrido en las polémicas referidas.
Otros lo exculpan. Dicen que la normativa de Basilea está en marcha y que es un fiscalizador exigente y duro con los bancos, lo que se habría notado en el rol protagónico que jugó en el caso de los cajeros automáticos.
Más allá de las diversas opiniones que giran en torno al superintendente, su imagen en el mercado está a prueba por eventos en los que su manejo ha sido cuestionado. La irregular información entregada por CorpGroup en el marco de la fusión de CorpBanca con Itaú en los últimos días, puso nuevamente en una incómoda posición a la Sbif, que ya había dado la venia a la idea de no hacer OPA y se esperaba que la operación fuera validada apenas la junta de accionistas del banco chileno aprobara la operación. Todo esto en medio de un silencio sepulcral de Parrado.
Caval y Penta
El 6 de febrero estalló la bomba del Nueragate. Escaló el conflicto político y llegó rápidamente a La Moneda. Hasta ese momento, el caso aún no tocaba las puertas de la Sbif.
Pero el lunes 9 de febrero, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, incrementó el impasse. Dijo que no todos los chilenos podían acceder al dueño del banco y que eso era una evidencia de la desigualdad en el país.
El subsecretario de Hacienda es parte de la cartera que lidera el ministro Alberto Arenas y que tiene dominio sobre la Sbif. Por eso las palabras de Micco echaron bencina al fuego y los ojos apuntaron a si la decisión del banco había cumplido la norma de entrega de créditos o si la reunión de Luksic con Compagnon y Dávalos, pocos días antes de la elección presidencial de 2013, había influido decididamente en la operación. Parrado pasaba a ser clave.
Lo sabía desde antes. El viernes cuando vio el artículo en la Qué Pasa captó la complejidad del caso y pidió información al banco. Ebensperger fue requerido a que apareciera en persona.
Ya el martes se comentaba que la derecha presionaría para que se revisara el crédito y el miércoles se esperaba que hubiese algún pronunciamiento de la Sbif para que Dávalos hablara públicamente. Sólo el jueves por la tarde fue confirmado que Parrado haría declaraciones en público.
El hermetismo de la superintendencia termina el viernes 13 con las declaraciones de Parrado en diversos medios descartando irregularidades en la entrega del crédito o que éste pusiera en peligro la estabilidad del banco de los Luksic o el sistema financiero, pero sin entregar detalles, pues los créditos son confidenciales.
Aunque Parrado dijo que venía revisando desde hacía varios días el caso, lo cierto es que, según fuentes bien informadas, la superintendencia se vio sorprendida por tener que intervenir públicamente.
Luego de conocida la declaración de la Sbif, parlamentarios de derecha cuestionaron la independencia de Parrado para su dictamen. Acusaron presión desde el Gobierno.
Un ex superintendente, que cree que no hay nada de ilegal en la aprobación del crédito y que estima que es completamente irrelevante el crédito para Banco de Chile, dado su tamaño, reconoce que la situación de Parrado es al menos incómoda.
“Claro que se vio feo que lo dijera tan rápido, pero tiene que haber estado un ‘poquitito’ presionado. Además que uno de sus jefes se había mandado un numerito, el subsecretario Micco, y le deben haber pedido una manito”, dice con ironía el ex funcionario.
Otra fuente, que conoce del funcionamiento de la Sbif, revela que Parrado cumplió efectivamente el procedimiento, pero advierte que la premura en cumplir y frenar las dudas impidieron que hicieran una revisión más exhaustiva.
Las dudas crecieron cuando se supo después que inicialmente el banco de Luksic había rechazado el crédito a Caval. La fuente indica que muy probablemente el banco pidió a Caval presentar no sólo el objetivo inicial del crédito –la compra de terrenos– sino también el proyecto que había detrás –el potencial negocio inmobiliario– y todo ese procedimiento crediticio pudo haber tenido algún detalle que, por lo acelerado, no se abordó suficientemente.
A Parrado le incomodó lo ocurrido y no quedó tranquilo. Por eso, especulan en el mercado, la entrevista publicada ayer domingo en el diario La Tercera, también de Copesa y Saieh. En ella, Parrado hace una crítica velada a Luksic –pues nunca lo nombra– y descarta cualquier interferencia del Gobierno en su rol.
Fuentes bien informadas, que conocieron algunos detalles del caso y que no trabajan en dicha entidad, aseguran que Micco le informó a La Moneda que la Sbif hablaría. Por eso el vocero (s) del Gobierno en ese momento, José Antonio Gómez, dijo públicamente dos veces que la Sbif aclararía el tema. Parrado, que había analizado el caso, pero no esperaba ser forzado a hablar, apuró el tranco.
En la entrevista con La Tercera habla con confianza. Por cierto, en ningún momento se le pregunta sobre la polémica fusión que lleva adelante CorpBanca, propiedad de Álvaro Saieh. La operación recientemente entró en uno de sus momentos más complejos por la revelación de que hubo un error en la información sobre las acciones y porcentajes que tenía el empresario y que podrían obligar a que se haga una OPA.
Sobre Caval, Parrado dice que, independientemente de las palabras de Gómez, la Sbif estaba haciendo su trabajo y que la rapidez en la respuesta para validar el procedimiento del crédito sería criticada igual si se hubiera demorado.
Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue que Parrado crítica a Luksic por su participación en la reunión con Dávalos y Compagnon. “(…) lo que nos preocupa es que las instituciones financieras se aparten de sanos principios de gestión de negocios y que ello pueda afectar su reputación. Los bancos deben entender que no basta que una operación cumpla con la legalidad; ese es sólo el piso. Además, los bancos tienen que operar siempre con los más altos estándares de prudencia en sus negocios”, señaló Parrado, sin nombrar a Luksic.
¿Por qué el titular de la Sbif no hizo la misma crítica a Luksic cuando efectuó su declaración el 13 de febrero? Fuentes conocedoras del caso pero que piden reserva, insisten reiteradamente en el rol que por ley juega la Sbif y que apunta a proteger la estabilidad y solidez del sistema financiero.
Más de un 90% de los créditos que prestan los bancos son dineros provenientes del público en general. Bonos y depósitos los aportan AFP, otros bancos, compañías de seguro, personas de alto patrimonio y empresas tienen apostados sus dineros en dichas entidades y cualquier señal de desconfianza hacia un banco podría generar incertidumbre y eventualmente corridas bancarias.
Siendo el Banco de Chile el mayor del país, el riesgo sistémico es claro y total y el superintendente se cuidó de no tratarlo duro para cuidar la estabilidad del sistema financiero. Es decir, Parrado asumió el costo de ser cuestionado en su independencia para proteger el sistema, aplicando con celo la ley.
La actuación de Parrado tiene un elemento más, que cercanos a la entidad descartan como relevante, pero que no queda al margen. El mismo viernes 13 de febrero, según fuentes bien informadas, Parrado se fue de vacaciones. No es claro cuántos días, pues la Sbif no informó oficialmente, pero lo cierto es que no son pocos los que cuestionan que eventualmente haya acelerado su declaración sabiendo que tenía planificado un descanso con su familia.
Parrado no quiso hablar con este medio, pero fuentes conocedoras de la polémica cuentan que después del 13 de febrero siguió conectado el fin de semana, recibiendo informes de prensa permanentemente. Relatan, además, que la siguiente semana, ya fuera de la oficina, se mantuvo conectado remotamente.
Itaú-CorpBanca
CorpGroup reconoció, el 3 de marzo pasado, más de un año después que anunciara el acuerdo para la fusión, que tras vender el 1,53% de CorpBanca acordado, al holding le correspondería el 33,13% del banco fusionado y no el 32,92% informado originalmente. Esto rebaja la participación en la propiedad de Itaú, reduce la brecha entre ambos y provoca que superen los dos tercios de la propiedad.
Aunque al parecer no modificará la decisión de que no exista OPA, el error –gravísimo, según todos los consultados en el mercado– puso en duda el nivel de rigurosidad con que la Sbif estaba analizando la operación, sin haber detectado dicha inconsistencia.
Aun más, es vox pópuli en la industria que lo ocurrido no fue un error sino parte de la estrategia de Saieh para provocar la caída del acuerdo sin tener que pagar los US$ 400 millones de multa que debería asumir si no avanza en la fusión; esto, luego que desde fines de 2014 el grupo Saieh viniera considerando que los términos de intercambio acordados no le benefician, pues CorpBanca tendría un valor superior al acordado en la fusión con Itaú. Sin embargo, dicha tesis es descartada por completo por cercanos a CorpBanca.
La tensión entre ambos pone en una incómoda situación a Parrado, quien –como aseguran varias fuentes que conocen del proceso– está decidido a respaldar la operación, cerrando en forma definitiva las dudas que pudiera haber sobre la solvencia del grupo Saieh y su efecto consecuente en el banco.
Una fuente cercana al Gobierno manifiesta que lo ocurrido con Saieh es una situación a la que están permanentemente expuestos los reguladores, aunque resulta impresentable lo ocurrido con el empresario. Pero, por contraposición, también comentan que la intervención de la Sbif –de pedir información a CorpBanca y Saieh sobre lo ocurrido con las acciones– es una situación compleja, pues estaría interviniendo en un tema que corresponde a los accionistas y no al banco, que es el foco de fiscalización de la superintendencia.
La situación es al menos enredosa. Los últimos cuatro superintendentes han tenido vínculos previos o posteriores con la banca y la Sbif sigue financiándose –por ley– con los recursos que aportan los bancos. La superintendencia recibe los dineros, un porcentaje de las utilidades anuales, y los deriva al Ministerio de Hacienda, el que luego, por Ley de Presupuestos, define lo que usará la Sbif en cada período. Hacienda, al menos hasta ahora, no ha corregido ni intentado corregir esta situación que pone en entredicho la independencia de la autoridad.
Estos temas volverán a ser discutidos cuando Hacienda ingrese los cambios a la Ley General de Bancos, como parte de otras modificaciones normativas al sector financiero. Al respecto, cercanos a la Sbif esperan que se avance en una transformación al Gobierno corporativo de la Sbif, apuntando a fomentar su independencia y donde el tema del financiamiento podría plantearse también.
Un ejemplo de estas dudas se generó en el Gobierno de Sebastián Piñera, cuando el titular de la Sbif, Carlos Budnevich, ex ejecutivo en algunas filiales de BCI, revirtió una circular que terminaba con las llamadas ventas atadas. Los cambios que hizo fueron corregidos luego de conocer, entre otras, una minuta de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).
Su sucesor, Raphael Bergoeing, ex economista de Banchile, tuvo una polémica a propósito de Saieh, con los créditos que CorpBanca aportaba a SMU a través del fondo Sinergia. La Sbif en público defendió la situación financiera del banco de Saieh, pero dos meses después reconoció la irregularidad de la situación, modificando la norma que regula los créditos a relacionados, que terminó revelando –transcurridos meses desde que se implementara– que CorpBanca tenía montos superiores a los que había declarado antes.
Pero Bergoeing también se enfrentó con la banca a propósito de los cambios unilaterales de los contratos y las comisiones. El titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras terminó delegando por completo estos temas al Sernac y el presidente de la Abif, Jorge Awad, calificó a la Sbif como “autista”.
Antes estuvo en la Sbif Gustavo Arriagada, hoy director e integrante del comité de auditoría de CorpBanca. Cumplió un rol clave en los créditos a SMU a través de Sinergia, como quedó al descubierto en junio de 2013, luego de una investigación de El Mostrador Mercados.
Parrado aparentemente no tiene este conflicto. Siempre asesor en labores vinculadas a políticas públicas o académicas en el Gobierno, y con asesorías en entidades internacionales, no parece vinculado directamente a la banca. Fue integrante del comité asesor de Hacienda para la gestión de los bonos soberanos, ha hecho publicaciones sobre el tema y ha asesorado a otras entidades internacionales en la materia.
Por ello, su silencio en la fusión de CorpBanca e Itaú genera ruido. Máxime considerando que a oídos de la Sbif han llegado incluso comentarios de que Saieh no quiere continuar con la fusión, pues ya no sería tan buen negocio para ellos y sí para Itaú, según relatan fuentes bien informadas. La superintendencia habría citado al hijo de Álvaro Saieh, Jorge Andrés, presidente del banco, para tener claridad sobre lo ocurrido, aunque de eso no hay certeza por ahora.
Y es que el cambio en la composición de la propiedad del banco fusionado implica que, después de concretada la unión, y dado que se haría con Itaú y CorpGroup superando los dos tercios de la propiedad, se cercena para siempre la posibilidad de que los accionistas minoritarios puedan ser sujetos de una OPA en el futuro. La ley de bancos, que para efectos de la operación hace innecesaria la OPA si se hace a través de una fusión, deja un espacio de duda respecto de qué pasa si se efectúa la fusión con ambos accionistas superando el techo de dos tercios de la propiedad.
Este impacto para los minoritarios es una de las preocupaciones de la Sbif y que ha provocado en parte el silencio de Parrado sobre el tema. El superintendente estaría esperando que se realice la junta de accionistas de CorpBanca, donde los minoritarios pueden ejercer sus derechos votando (la fusión requiere el apoyo de dos tercios) y, sólo tras ese evento, Parrado informará su decisión.
“Parrado está obsesionado con que se haga la fusión, porque cree que su gestión se medirá por logros y hechos”, señala una fuente que lo conoce.
Otras voces indican que todos los superintendentes se manejan con prudencia con la banca, y en este caso con CorpBanca, no sólo porque su rol principal es cuidar la estabilidad del sistema financiero, sino que también por el poder y la influencia de sus accionistas.
También –agregan las fuentes– porque Saieh es dueño de Copesa y con su poder mediático –posee los diarios La Tercera y Pulso, revista Qué Pasa y radio Duna, entre otros medios– podría atacar a Parrado en caso de que lo perjudique en el proceso. Medidas que el empresario ha tomado en el pasado, explican, aunque sin dar muchos detalles.
El jueves de la semana pasada el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, dijo que el error acerca de las acciones no debería provocar un retraso significativo o reinicio en el proceso de evaluación que lleva adelante la Sbif y, asimismo, no lo reconoció como un problema de CorpGroup en particular, sino de todos los incumbentes, incluyendo a Itaú e inversionistas.
En la entrevista con La Tercera –propiedad, como se sabe, del mismo dueño de CorpBanca–, Parrado no habla del tema ni la periodista le pregunta. Pero cercanos al caso aseguran que Parrado está molesto con la situación ocurrida con Saieh y que “no va a dar lo mismo” lo ocurrido en el “olvido” de las acciones que estaban en custodia y que modifican la participación de Saieh en la propiedad del banco fusionado.
Frente a las dudas por la nula información sobre el proceso, las fuentes creen que no es posible pedirle a la Sbif que esté informando sobre lo que ocurre en medio del mismo, que la ley se lo impide, que deben ser prudentes y que, por tanto, sólo se debe esperar la resolución final.
Pentaproblemas
En el caso de Penta, las críticas al superintendente son más acotadas y apuntan al nivel de subordinación de Parrado a Hacienda y la tibieza con el regulado, frente a lo cual, nuevamente, la respuesta siempre es la prudencia y el rol que le asigna la ley al jefe de la Sbif.
Desde que se conocieron los detalles de las irregularidades en que habían incurrido –según el fiscal Carlos Gajardo– los dueños del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los ojos se pusieron sobre la Sbif para saber si podía ocurrir que, aun cuando fueran formalizados o en el futuro condenados a la cárcel por los delitos investigados, ambos personajes pudieran seguir en la propiedad de Banco Penta.
Parrado guardó silencio y sólo se pronunció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, el titular de la Sbif respondió en forma esquiva y siempre acotándose a la ley, las preguntas de diputados de la Nueva Mayoría, como Fuad Chahin y Daniel Núñez, acerca del punto.
A los parlamentarios les parecía impresentable que la ley no obligue a los dueños de un banco a mantener ciertos niveles mínimos de idoneidad, como no estar formalizados ni condenados por delitos tributarios. Parrado respondió que era la legislación que había y que sobre ello nada había por hacer en este momento y que, si era factible realizar alguna modificación legal, era algo que se podía ver. Nada más.
Tampoco recordó que fue en 2014, siendo él superintendente, que se hicieron modificaciones a la Ley de Bancos, las que fueron aprobadas en septiembre de 2014, cuando ya se conocía a denuncia de fines de agosto del Servicios de Impuestos Internos (SII) contra Penta, Deláno y Lavín, incluyendo un uso ilegal de boletas entre la corredora de Bolsa filial del Banco Penta y el holding Empresas Penta, para rebajar la base imponible del grupo y elevar las utilidades del banco.
En esos cambios legales se hizo permanente el requisito de patrimonio a los fundadores de un banco. Sin embargo, por otro lado, no se tocó el requisito inicial –no permanente– de idoneidad a los dueños de una entidad bancaria, lo que ahora impidió a la Sbif ser más rigurosa con los accionistas del banco.
Aunque el tema de las boletas de la corredora no ha fructificado en el trabajo de los fiscales, sí se han conocido detalles de un análisis de la Bolsa de Comercio sobre operaciones de fin de año de la corredora filial del banco, las que incluirían delitos tributarios, como ha publicado desde octubre este medio.
En la comisión investigadora, Parrado reconoció, eso sí, que había un riesgo reputacional para el Banco Penta, la única declaración donde hizo ver el efecto del Pentagate en la referida entidad. Pero, al mismo tiempo, minimizó el efecto que tenía en esos días la crisis del grupo en los bonos del banco, además de la rápida caída en la renovación de depósitos a plazo del mismo.
En el mercado era vox pópuli que los Carlos debían vender el banco, pues era insostenible su situación. Todos sabían que serían formalizados, aunque no todos tenían certeza de que pudieran ir a la cárcel preventivamente, como terminó ocurriendo.
Sorpresivamente, el pasado domingo 8 de marzo –al día siguiente de ser formalizados y encarcelados preventivamente Lavín y Délano por delitos tributarios y soborno–, la Sbif rompió su mutismo y no sólo advirtió por primera vez que era su deseo “que quienes participen en el mercado bancario siempre mantengan una conducta irreprochable”, sino que anunció que, junto al Ministerio de Hacienda, impulsarían cambios legales para que no vuelva a ocurrir que cuando es formalizado o encarcelado (preventivamente en este caso) el dueño de un banco, siga en la propiedad del mismo.
Agregó la Sbif que propondrán “las modificaciones legales que sean necesarias para incrementar de modo ejemplificador las sanciones legales procedentes frente a incumplimientos graves a la LGB (Ley General de Bancos) y que, por otra parte, permitan garantizar permanentemente la integridad de los controladores de una entidad bancaria, siempre velando por la debida protección a los depositantes”.
La agresiva propuesta general de Parrado, reactiva frente al caso Penta, ya encontró dudas en el mercado. Un abogado de un banco relevante asegura que existen dudas sobre la constitucionalidad de dicha medida. “Obligar a alguien a vender un banco puede chocar con el derecho de propiedad protegido en la Constitución”, afirman.
Más allá de eso, nuevamente Parrado tuvo dos discursos. Por un lado, la mesura total ante la comisión y, por otro, mostrar los dientes en comunicados y/o entrevistas en La Tercera. De hecho, ayer en el diario de Saieh critica abiertamente a los dueños del banco Penta y dice que “los dueños de los bancos siempre deben mantener una conducta de negocios intachable y prudente”.
Como siempre, no hay dos lecturas por parte de quienes lo defienden. En la comisión no podía ir más allá, pues cualquier exceso en sus palabras podía generar una corrida o desconfianza en el mercado.
Las fuentes aseguran que Parrado, a diferencia de todos los anteriores superintendentes, no viene ni planea ir a trabajar a un banco (sin decir nunca, nunca). Que gusta de su independencia y que ha sido duro con los bancos en otros momentos. El caso de los cajeros automáticos fue un ejemplo, aunque el que terminó liderando la disputa con la banca fue el Ministerio de Economía.
Recuerdan un seminario en que los criticó ácidamente por la displicencia en poner más atención a las críticas de la ciudadanía y en que apuntó a que debían poner más cuidado en su actuar para proteger a sus depositantes, salvaguardando la solidez del sistema financiero y así evitar que se choque con un muro de críticas y se concluya aplicando medidas mucho más duras que los fuercen a mejorar sus estándares. Dicho discurso crítico también lo hizo en una reunión de banqueros.
