Para un hombre bien informado, emparentado con políticos –como sus tíos Andrés Chadwick y José Antonio Viera-Gallo– e hijo de Herman Chadwick Piñera, ex presidente de Copsa y el CNTV, y considerado un hombre tan contactado que se le apoda “teléfono de oro”, no saber que Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, es socia de Caval, parece insólito.
Bastaba escribir Caval en Google para encontrarse con el reportaje de Qué Pasa “Los negocios de Dávalos Bachelet”, del 3 de enero de 2013, y enterarse de la existencia de esta sociedad, a través de la cual, además, se compraron los cuatro Lexus. Manejando uno de esos modelos llegó Sebastián Dávalos al condominio donde también vive su madre, lo que alertó al medio, que decidió investigar sus actividades.
Herman Chadwick Larraín aseguró a El Mostrador el 10 de enero –cinco días después de destaparse el “Negocio Caval” en Qué Pasa– que se enteró por la prensa de que la otra socia de Caval era la nuera de la Presidenta Bachelet.
El síndico afirmó que siempre se entendió con Mauricio Valero, el gerente general de Caval y dueño del otro 50%. “Un día el señor (Mauricio) Valero llegó a mi oficina, dijo estamos interesados, hizo una oferta, después la subió un poco, porque el precio que teníamos más o menos estipulado era de 0,6 UF el m², el valor de mercado”.
Abogado de la UC, síndico de quiebras desde 2000, se hizo cargo del convenio judicial preventivo del agricultor Patricio Wiesner en junio de 2011, con la misión de realizar una liquidación ordenada de activos. Eran 84 hectáreas en Machalí que dividió en dos: una mitad la remató a precio agrícola y la otra mitad –44 ha–, que era susceptible de un cambio de uso de suelo, la conservó para venderla a un mejor valor.
Estaba convencido de que el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua –que incluía a seis comunas, entre ellas, Machalí– modificaría el uso de suelo de los terrenos de Wiesner de agrícola a urbano. Tanto que, en noviembre de 2012, recibió una oferta que aseguraba un pago de 0,5 UF el m2 y su respuesta fue que vendría un cambio en el Plan Regulador y que Codelco había pagado 0,8 UF el m2. Efectivamente, un mes antes la minera estatal firmó una promesa de compraventa por 22,3 hectáreas de uso agrícola a $4.119 millones con su dueña María Teresa Vidal Covarrubias, operación que se concretó en diciembre, con el fin de trasladar sus oficinas de Rancagua a Machalí. No hubo interés de su parte por negociar, ni reunión alguna, lo que sorprendió al interesado, un empresario de la zona, que hizo estas gestiones a través de su abogado y un corredor. Algo que, por cierto, resulta llamativo considerando que recién al mes siguiente, en diciembre de 2012, el Seremi de Vivienda de la Sexta Región, Jorge Silva Herreros, recibió la propuesta aprobada por el Concejo Municipal de Machalí para hacer la modificación del uso de suelo.
¿Cómo estaba tan seguro Chadwick? ¿Contaba con información adicional? Sí, al menos, con la que le entregó la arquitecta Cynthia Ross –sobrina de Patricio Wiesner–, quien le pidió una reunión al poco tiempo de asumir como síndico, según contó Chadwick hace unos días a El Mostrador al ser consultado por este asunto. Ella le explicó las gestiones que había realizado con su tío en torno al Plan Regulador y los motivos por los que la municipalidad promovía estos cambios. “Ella asesoró a otras inmobiliarias cuando partió el Plan Regulador en Machalí. Incluso acompañó a Patricio a ofrecer sus terrenos a otras inmobiliarias. (Wiesner) antes de acogerse al convenio judicial pidió a los acreedores más plazo y le dijeron que no y que se fuera a convenio judicial”, declaró el síndico a este diario.
Ross fue contratada casi un año después –en agosto de 2012– por el director de Obras de Machalí, Jorge Silva Menares, para asesorar al municipio en los cambios al Plan Regulador Intercomunal. Es precisamente contra ambos que está dirigida la querella por tráfico de influencias, uso de información privilegiada y violación de secreto presentada por RN, que incluye a Dávalos y al actual Seremi de Vivienda de la Sexta Región, Wilfredo Valdés.
Otras versiones afirman que Chadwick recibió información del Plan Regulador Intercomunal de parte de Wladimir Román, Seremi de Vivienda de la Sexta Región entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, y posterior intendente. Esto es negado tajantemente por Román, quien dice no haber hablado nunca con Chadwick y no saber siquiera quién es.
El síndico no respondió los llamados ni mensajes de El Mostrador.
Chadwick, el síndico del BCI
El trabajo de un síndico puede ser muy bien remunerado: por la venta de las 44 hectáreas de Wiesner a Caval, Chadwick recibió $227 millones. Y por las 40 hectáreas que vendió primero como tierras agrícolas, obtuvo $67 millones, calculando un valor de 0,1 UF el m2 –el precio al que se transan en la zona–, ya que el monto de esa operación se desconoce. O sea, Chadwick se llevó un 4% del valor de la venta de los terrenos de Wiesner.
Esos honorarios están pactados por ley en una tabla progresiva que parte en un 20% si el producto de la venta de los activos es inferior a 2.000 UF y culmina en un 1% si el monto es superior a 1 millón de UF. Si la empresa en quiebra no tiene bienes, el síndico no gana.
En un convenio judicial preventivo –como el de Wiesner– también existe un sueldo mensual propuesto por el deudor que, según la ley antigua, era aprobado en una audiencia con el juez a cargo de la quiebra, junto a los tres mayores acreedores y el propio síndico. Se desconoce si, en este caso, Chadwick obtuvo una remuneración adicional.
En La Polar, cuyo convenio judicial estuvo en sus manos, sus honorarios fueron $60 millones por un trabajo de tres meses que consistió en valorizar los activos, calcular cuánto se llevarían los acreedores si éstos se vendían y participar en la junta que votó favorablemente la propuesta de la empresa para postergar el pago de los créditos. “Él tenía un equipo de dos o tres ingenieros comerciales de la Católica súper buenos. Chadwick hizo muy bien su pega, aunque se metió poco”, afirma un conocedor del proceso.
Otra quiebra grande fue Pesca Chile, filial de la española Pesca Nova. “Cobraba entre $20 millones y $30 millones mensuales y su gestión fue pésima y negligente. Entró en mayo de 2013 y alrededor de julio inició el proceso de venta de activos invitando a los interesados a participar. Estuvo negociando con la canadiense Cooke y a final de año resultó que no podía venderlos porque surgieron problemas legales con Pesca Nova, la matriz de Pesca Chile, que no dio la autorización. O sea, partió un proceso sin la certeza jurídica. Iba una vez cada dos meses a la empresa”, afirma una fuente que participó en la quiebra. Plantea que, si bien no hubo acuerdo de precio con la canadiense, Chadwick debió tener las cosas solucionadas antes de sentarse a negociar.
Finalmente, se declaró la quiebra de Acuinova, la filial de salmones de Pesca Chile, proceso que recayó en María Clara González, síndica que trabaja en la oficina de abogados de Chadwick, la misma que este comparte con su padre. Los activos de Acuinova se vendieron en US$115 millones y en US$183 millones los de Nova Austral, otra salmonera de Pesca Chile en la Región de Magallanes, que no se declaró en quiebra, pero de cuya liquidación de bienes se encargó María Clara González. Mientras, las licencias de pesca y barcos de Pesca Chile salieron a la venta en US$35 millones. En total, entre Chadwick y González recaudaron para sí un total de $2.500 millones o US$4 millones, según la tabla de honorarios. Amén del sueldo que recibió el síndico durante, por lo menos, un año y medio en Pesca Chile.
Campanario, la central de Southern Cross, fue otra quiebra que llevó Chadwick. Sus cuatro turbinas fueron vendidas a Duke Energy en US$86 millones, por lo que, de acuerdo a la tabla, recibió $746 millones.
Todas tienen un denominador común: el BCI. Este banco fue el mayor acreedor en cada una de estas quiebras y es, precisamente, el mayor acreedor el que nomina al síndico. La excepción es el convenio de Wiesner, donde el banco con más acreencias era el holandés Rabobank, especialista en créditos agrícolas.
El vínculo es motivo de comentarios, aunque los síndicos sostienen que los acreedores están en su derecho de designar a quien quieran. Chadwick tiene pocas quiebras, pero grandes y atractivas en honorarios, como aquellas en las que el BCI es el principal acreedor. Varios de sus pares querrían acceder a ellas, pero eso no ocurre. Desconocen cuál es la razón de esta cercanía que se repite también en la quiebra de la distribuidora de abarrotes Rabié, que tramita Chadwick, en la que el BCI es el mayor acreedor y cuyos activos todavía no salen a la venta.
