El pasado 31 de marzo, como es ya tradicional, las Isapres efectuaron el reajuste de los precios de los planes base, algo que –a juicio de la Superintendencia de Salud– este año es “injustificado”. Sin embargo, aunque la autoridad cuestione el hecho estudios en mano, avalados por las cifras del INE, la realidad es que las aseguradoras operarán como siempre, elevando los costos para los usuarios.
La Excma. Corte Suprema determinó que las Isapres no pueden subir unilateralmente el valor base de los planes de salud, ya que ello atenta contra los derechos que el afiliado adquiere cuando firma el contrato, los cuales solo pueden modificarse por acuerdo mutuo, excepto casos muy calificados.
Con una ciudadanía más empoderada y dispuesta a luchar por sus derechos, ha ido aumentando progresivamente el número de recursos de protección interpuestos contra estas alzas (casi 100 mil juicios en 2014, un 84% más de los presentados en 2013). Esto claramente implica un problema para el sistema judicial, incluso para los propios cotizantes y en general para el sistema de salud.
Y el problema se hace aún más complejo si consideramos que cada uno de estos recursos salvaguarda al usuario sólo por un año, obligándolo a presentar nuevamente un recurso de protección para el año siguiente.
Por ello, es clave que se avance en una modificación legal del sistema privado que permita poner fin a este permanente problema, con lo cual evitaríamos, por un lado, el derroche de importantes recursos en procesos judiciales y, por otro, asegurar a los cotizantes que no tendrán que someterse cada año a alzas y presentación de recursos.
Y esto no es inviable, porque la Presidenta Bachelet el 2014 conformó una comisión presidencial para revisar la situación de las Isapres y el sector privado de salud. En esta instancia se alcanzaron acuerdos en una gran cantidad de temas, un camino de entendimiento que puede ser la base para desarrollar una reforma mayor.
Pero en tanto esto se alcanza, no queda otro camino para el cotizante que seguir presentando recursos de protección para evitar el aumento de sus planes, sin olvidar que debe hacerlo antes de los 30 días desde que le llegó la carta de notificación.
Rodrigo Samur F.
Director Jurídico
Estudio Jurídico Segal
