Ahora que los callejones y pasadizos de la política están llenos de gente en estampida, debería poder entenderse fácilmente que no había nada de corrupto y, al contrario, que era razonable y plausible que el SII se tomara el tiempo necesario antes de abrir públicamente la "caja de Pandora" de la contabilidad de Soquimich.
En la paranoia que capturó a la sociedad tras destaparse lo de Penta, para el público silvestre ha sido sencillo concluir que tras una factura o boleta ideológicamente falsa, existe un delito tributario y un político que se merece la cárcel. Sin embargo, para suerte del país, el SII no puede operar condicionado bajo una lógica de venganza colectiva, si de lo que se trata es de reconstruir con certeza y exactitud la trama turbulenta de cientos y miles de documentos tributarios espurios.
Porque debe saberse que, primero, no es un único funcionario o un computador quien califica si determinada conducta es o no un delito que amerita una denuncia o querella; o si se trata de una falta administrativa que se resuelve con una rectificación y el pago de una multa y/o intereses. Es un equipo de expertos de diferentes disciplinas (fiscalizadores, abogados) quienes analizan, uno, la sistematicidad de determinadas conductas del contribuyente en sus declaraciones de impuestos; dos, si esa reiteración de conductas tiene "hálito" de dolo, es decir, el propósito manifiesto y constante de estafarle recursos al fisco, ya sea pagando menos impuestos de lo justos o, peor aún, obteniendo devoluciones injustificadas; tres, la consistencia de las explicaciones expuestas por el contribuyente una vez citado a declarar, versus lo que muestran las declaraciones de impuestos.
Segundo, para lograr lo anterior, los especialistas en delitos tributarios del SII reconstruyen la trayectoria específica recorrida por cada documento tributario del que sospechan es evidencia de una pillería: quién y cuándo lo emitió, dando cuenta de qué, a quién se lo entregó, qué hizo el receptor, qué imputó, cuál es la prueba de la prestación alegada, tomar declaración jurada a los actores, contrastarlas con la evidencia que surge de los documentos, etc.; y así sistemáticamente con cada uno de ellos, concatenándolos hasta formarse una convicción de la existencia de conducta dolosa. La solidez técnica, legal y probatoria de ese trabajo será crucial para que a la hora de concurrir al juzgado a solicitar que tal persona sea procesada, de la lectura de la querella el juez no tenga dudas de la exactitud de lo que se le está narrando y proceda.
Porque, si no fuera así, en ese momento la querella se cae y la historia se termina. Y de eso al menos el Ministerio Público ha tenido algunas experiencias vergonzantes por la sobreactuación de algún fiscal.
Como podrá entenderse, lo de Penta y Soquimich ha sido extremadamente complejo de configurar (la cantidad de documentos analizados, la cantidad de personas y sociedades involucradas y los periodos comprendidos) y desde ese punto de vista es completamente comprensible que los equipos del SII se tardaran el tiempo necesario para formarse convicciones, establecer las pruebas y proceder judicialmente. ¿Alguien podría creer que con tanto nombre y apellido de "gente importante" dando vuelta en el ambiente y apareciendo en boletas, facturas y en declaraciones juradas de terceros, el SII no iba a preocuparse por hacer bien sus deberes?
Y por si el público no lo ha imaginado aún, ¡vaya uno a saber qué otras derivadas podrán haber ido surgiendo o surgirán en las pesquisas! Porque como es fácilmente deducible, no son únicamente esos dos grupos empresariales los que han financiado a la política, sino que muchos, por no decir todos, han sido parte de ello, solo que aún eso no trasciende. Y, ojo, no quiere decir que necesariamente actuaron dolosamente para rebajar su carga de impuestos, sino que, como llegó la hora de la fiscalización a las platas dirigidas a la política, cualquiera puede salir al baile. ¿O acaso no sería justo ello?
Entonces, cuando el Ministerio Público y algunos mimos de la política y las comunicaciones deslizaron sospechas acerca de cómo el SII se tardaba en actuar o lo que fuera, bueno, ahora tienen la explicación al respecto: una vez abierta la "caja de Pandora", la fetidez que surgiría de las nóminas por años soterradas, causaría un vómito colectivo paralizante (de eso se habla en estos días, de parálisis), cuya limpieza demanda posiblemente no de abundante cloro y detergente, sino de cambiar el piso de la arquitectura política y las alfombras que la decoran. ¡En buena hora por la gente del SII! De paso, han comenzado a rescatar el prestigio del Servicio, venido a menos desde tiempos no tan lejanos.
Tanto asombro, tanto parlamentario alelado hay ahora, que le están pidiendo al SII que "se dedique a recaudar". ¡Y qué chiste es este! ¿No querían, poquitas semanas atrás, que el SII hiciera bien su pega? Bueno, cuando el SII fiscaliza como lo ha hecho, también está recaudando: los defraudadores tendrán que pagar, recargados, los impuestos evadidos. Incluso los más connotados en esta historia se han apurado a hacerlo para aminorar su pena.
Y más aún, hay algo en jerga tributaria que se llama el "efecto ejemplificador", es decir, el susto que provoca ver mucha gente desfilando por fiscalías y tribunales, algunos muy de la élite tras las rejas. ¿O acaso alguien creería que por estos días no ha habido mucho contribuyente rectificando declaraciones de renta y de IVA, incluso cuando ya están cerca de alcanzarse los plazos de prescripción? Entonces "dejemos que las instituciones funcionen" se ha repetido con insistencia, el SII es una de las que están llamadas a ello y aparentemente ha hecho lo suyo con mucha eficiencia y eficacia.
Porque si algo le da aún un aire de esperanza a que Chile deje atrás la porqueriza de la connivencia entre política y dinero mal habido en el cual está empantanado, es que los órganos del Estado que tienen la responsabilidad de actuar, lo hagan. Está clarísimo que ello implicará ver caer a varios, no necesariamente para que acaben con sus huesos en prisión, sino para sacarlos de la política y erradicar las prácticas del feudalismo electoral, estableciéndose nuevas reglas del juego (el acuerdo del cual se habla), dándole tiraje a la chimenea de la renovación y separándola de los negocios.
Aldo Anfossi Gómez
Periodista, ex asesor de comunicaciones del SII
