Grecia no consigue salir por ahora del atolladero de las negociaciones con sus acreedores, que han vuelto a estancarse en un momento en el que el Gobierno de Atenas confiaba en una señal positiva que permitiera una primera inyección de liquidez.
Según fuentes gubernamentales citadas por los medios locales, las conversaciones en el denominado Grupo de Bruselas quedaron suspendidas el sábado -ayer solo se informó a las respectivos niveles superiores- y se reanudarán hoy lunes, con el objetivo de lograr un principio de acuerdo el miércoles.
Aunque en los últimos días ambas partes han hablado de avances, la última información filtrada por los medios locales es que las conversaciones han sufrido un parón por la insistencia de los socios en temas laborales.
Los representantes de las denominadas instituciones formadas por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) insisten aparentemente en exigir la liberalización del despido y en rechazar los planes del Gobierno griego de restaurar la negociación colectiva.
Fuentes gubernamentales hablan de una actitud "incomprensible" de las instituciones en estas cuestiones, que junto a la restauración a medio plazo del salario mínimo y de la paga extraordinaria de las pensiones más bajas, conforman las "líneas rojas" que el Gobierno griego dice no estar dispuesto a cruzar.
"Nuestras líneas rojas no son solo medidas de justicia social, sino acciones necesarias para que la economía salga de la recesión", insistió este fin de semana el portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, en una entrevista con el diario económico Agorá.
Grecia había apostado por obtener el fin de semana al menos un acuerdo de mínimos que permitiera al Eurogrupo emitir un primer informe positivo con vistas a la próxima reunión del BCE el miércoles.
En esta reunión, según citan varios medios al miembro del consejo de Gobierno del BCE, Benoit Querrey, el banco emisor podría elevar el umbral de letras a corto plazo que Grecia tiene permitido emitir, cuyo techo actual es de 15.000 millones de euros, límite alcanzado ya el año pasado.
Este aumento constituiría un pequeño balón de oxígeno, pues actualmente toda subasta de letras del Tesoro solo sirve para sustituir títulos que vencen, pero no para obtener liquidez adicional.
En la citada entrevista Sakelaridis aseguró que por el momento no hay problemas para hacer frente al pago de salarios y pensiones.
No obstante, aseguró que en caso de plantearse la disyuntiva entre cumplir los compromisos financieros internacionales y abonar salarios y pensiones, el Gobierno optaría por lo segundo.
Según informaciones del dominical To Vima, Grecia ha presentado a sus socios un paquete de medidas por valor de 2.600 millones de euros.
En este plan estarían incluidos, por ejemplo, un impuesto especial del 5 % en los hoteles de cinco estrellas y del 3 % en restaurantes y clubes en Mykonos, Santorini y otras grandes islas del mar Egeo, a cambio de mantener el tipo reducido del IVA vigente en estas islas.
Para mejorar la recaudación del IVA, uno de los principales focos del fraude fiscal, Atenas propone obligar a pagar con tarjeta todos los pagos superiores a los 70 euros en las islas del mar Egeo con poblaciones superiores a las 4.100 personas.
Otra de las iniciativas, avanzadas esta semana por el ministro de finanzas, Yanis Varufakis, tiene por objeto recuperar dinero de los depósitos en el extranjero mediante una amnistía fiscal.
Por otra parte, según To Vima, el Gobierno parece estar dispuesto a reducir el número de contrataciones en el sector público que tenía previsto para este año, con excepción del sector sanitario y la educación.
Además, habría aceptado a dejar para el año que viene la abolición del impuesto sobre bienes inmuebles ENFIA, cuya introducción por el Gobierno anterior desencadenó una ola de protestas, y que el Ejecutivo de Alexis Tsipras pretendía reformar drásticamente en los próximos meses, dejándolo solo para las propiedades con un valor superior a los 300.000 euros.
Un éxito de las negociaciones con los acreedores desbloquearía el desembolso del tramo final del rescate por un total de 7.200 millones de euros, pero no resolvería los problemas de liquidez de Grecia.
Entre mayo y finales de julio Grecia tiene que devolver prácticamente la misma cantidad al FMI y al BCE en préstamos y vencimiento de bonos.
