De acuerdo a la última encuesta del Banco Central, se proyecta un crecimiento de 2,8% para este año, cifra mediocre pero que constituye un claro avance respecto del 1,9% del año pasado. En 2014 el crecimiento se explicó por el efecto de la demanda externa que aportó 2,5 puntos porcentuales al crecimiento, mientras la demanda interna restaba 0,6 puntos porcentuales, cosa que solo se había dado previamente durante recesiones internas asociadas a crisis internacionales (1999 y 2009). Lo anterior indica que tanto la inversión, que cayó fuertemente (-6,1%), como el consumo privado, que creció modestamente (2,2%) tuvieron un desempeño muy malo respecto de lo normal, mientras que la demanda externa contribuyó de forma sobredimensionada y no sostenible al crecimiento. Esto último, que normalmente se interpretaría como algo positivo, resulta ser no tan bueno, ya que fue resultado de un colapso de las importaciones más que por un auge exportador. Un efecto anexo a lo anterior fue una reducción significativa en el déficit de la cuenta corriente, lo que es algo deseable y positivo en las condiciones actuales.
¿Cuál es el problema entonces? Básicamente dos, uno está relacionado con el crecimiento tendencial de la economía chilena, tema del que se ha hablado bastante recientemente y respecto del cual se ha generado un cierto consenso que plantea que la capacidad de expansión de la economía chilena sería claramente inferior al 4,3% del Comité de Expertos del año pasado (y del Banco Central en la actualidad, que señala un rango de 4% a 4,5%). Si se consideran las tendencias de los últimos 10 años, la acumulación de capital contribuyó con unos 2,5 puntos porcentuales al crecimiento, el empleo con alrededor de 1,5 puntos y la productividad con el medio punto restante que completa los 4,5 puntos porcentuales de crecimiento promedio de este período.
Todo indica, por otro lado, que siendo relativamente optimistas, parece razonable suponer que ni la acumulación de capital ni el empleo van a contribuir lo mismo que en el pasado. El ciclo favorable de inversión minera se acabó y la reforma tributaria del año pasado es negativa para la inversión. Así, la contribución del capital difícilmente será superior a 2 puntos porcentuales en el futuro. Por el lado del empleo, el envejecimiento de la población está llevando a un menor crecimiento de la fuerza de trabajo y no se espera que haya reformas pro empleo en el corto plazo, sino que, más bien, lo contrario. Además, el mercado del trabajo está con ocupación plena. Así el empleo podría contribuir con alrededor de un punto al crecimiento anual. Si se mantiene un aporte de medio punto de la productividad, llegamos al 3,5% anual, cifra que podría ser menor, de manera que la recuperación del crecimiento de este año, nos estaría dejando cerca del límite alcanzable y sostenible.
El otro problema es que cualquier recuperación sostenible del crecimiento requiere, inevitablemente, de un crecimiento vigoroso de la demanda interna y, al interior de ésta, del consumo privado, que representa del orden de 65% del PIB. Así, cualquier recuperación del crecimiento necesita venir acompañada de mayores importaciones (y menor aporte de la demanda externa) y un mayor déficit en la cuenta corriente, pese al aumento en el tipo de cambio real. La experiencia latinoamericana de siempre y la de los países en crisis de Europa desde 2009, nos indica que no es sano mantener déficit de cuenta corriente elevados y, aunque esta posibilidad se vea como muy lejana para nuestra economía, una reactivación sólida del crecimiento de la economía chilena en el mediano plazo sólo será sostenible (más allá de la discusión sobre crecimiento tendencial) si se logra mantener bajo control el déficit de la cuenta corriente. Esto puede significar solo una de dos cosas: o el tipo de cambio real sigue subiendo (y la inflación) o la productividad acelera de manera importante su crecimiento.
Como datos adicionales, digamos que la tasa de ahorro del año pasado (20,2%) fue la más baja desde, al menos, 1996, mientras la inversión (21,4%) fue de las más bajas de los últimos 20 años. El déficit de la cuenta corriente es, además, la diferencia entre el ahorro y la inversión. Por lo tanto, desde esta perspectiva, crecer más requiere invertir más pero, también, ahorrar más, para evitar la dependencia del ahorro externo. Luego, dado que todo indica que el ahorro (público y privado) se va a mantener bajo y la inversión también, podemos alcanzar un equilibrio estable con bajo crecimiento y un déficit de la cuenta corriente moderado. Por supuesto, las cosas siempre pueden ser peores. Si agregamos al cuadro una “normalización” de los términos de intercambio (¿baja de 10% o 20%?), entonces el equilibrio puede ser uno de crecimiento aún más bajo, junto a un período de devaluación adicional e inflación. La moraleja es que hay que preocuparse bastante más del crecimiento y los factores que lo explican, porque éste no se da porque sí, ni de forma automática. O, dicho de otra forma, el equilibrio de crecimiento para los próximos, digamos, diez años no es único y predeterminado; puede ser alto o bajo, dependiendo de las políticas que se apliquen y se han aplicado. Para alcanzar el equilibrio de crecimiento alto, ya estamos atrasados (¿desde hace unos 10 años?).
La Arista Política
Se han seguido desarrollando los casos SQM y Caval, mientras el Penta se mantiene en un statu quo, mientras se cumple el plazo de cuatro meses de investigación actualmente en curso. En el primero de los mencionados han ido apareciendo nombres de políticos o personas vinculadas a políticos que aparecen entregando boletas a SQM, aparentemente, sin una prestación de servicios de respaldo, mecanismo que habría sido utilizado para el financiamiento de campañas políticas. Una línea de discusión al respecto ha sido si estas boletas falsas son representativas de un delito tributario o, simplemente, caen en la categoría de “gastos rechazados”. En este aspecto compartimos la visión de la Fiscalía y de Impuestos Internos de que se trata de un delito tributario (intentar reducir la base imponible para pagar menos impuestos) y no de gastos rechazados (gastos no esenciales para la generación de renta).
El vínculo con el financiamiento de la actividad política requiere de una modificación importante en las normas que rigen a los partidos políticos que deberían transparentar su financiamiento, interno y externo, teniendo mayores exigencias de publicación de información y fortalecer la capacidad de fiscalización del Servel. Respecto del financiamiento de las campañas, el tema es opinable y deberá considerarse la experiencia internacional relevante para evaluar cambios al sistema actual, pero lo que, estimamos, está fuera de discusión, es que el Servel debe tener una mayor capacidad de fiscalización en el cumplimiento de las normas y parece razonable que quien resulte elegido incumpliendo las normas de financiamiento, deba perder el cargo. Asimismo, imponer límites a la reelección hará más difícil que se establezcan nexos indeseables entre parlamentarios y empresas o financistas individuales.
El caso Caval, por otro lado, revela la potencial magnitud de la corrupción en el sector público, a través del tráfico de influencias, algo que no será fácil de probar, si existió, en el caso en cuestión, porque no alcanzó a concretarse el cambio en el uso de suelo en Machalí. Pero las ramificaciones de este caso van más allá de la compra de los terrenos en cuestión y podrían afectar a la actuación del síndico que vendió los terrenos; así como la necesidad de regular explícitamente el nepotismo que, aunque no sea ilegal, es una práctica que debe desterrarse y genera una pésima impresión (aunque a los involucrados parece no importarles nada), generando sospechas de uso de influencias para favorecer a familiares o amigos y la posibilidad de que se use el nombre o la posición de alguien (la Presidenta de la República, por ejemplo) sin su conocimiento, para ofrecer beneficios a cambio de dinero. La evidente posibilidad de corrupción en el sector público requiere, además, fortalecer la Alta Dirección Pública que se ha transformado en un trámite que desincentiva la participación de profesionales calificados en los procesos de selección.
Alejandro Fernández Beroš
*Esta columna apareció originalmente en el informe mensual de la consultora Gemines de abril.
