En la única ocasión que Natalia Compagnon habló de su familia –en el desaparecido 'El Semanal' de La Tercera– mencionó a su madre Margarita Soto Acevedo, porque dice que a su padre nunca lo conoció. Describió su infancia como muy linda, con mamá, tías y primos: “Fue tanto el cariño que no necesité más”.
Omitió a su tío Waldo Rojas Soto, casado con Gricela Soto Acevedo, hermana de su madre, pero en su declaración ante el fiscal de la Sexta Región, Luis Toledo, relató que a Mauricio Valero “lo conocí a través de mi tío Waldo Rojas; lo vi por primera vez el 2008 cuando era gerente de Tech Data. Luego lo volví a ver el 2010 cuando estaba trabajando con mi tío, creo que en construcción”.
Waldo Rojas ha sido como un padre para Compagnon. Quienes asistieron a su matrimonio civil con Sebastián Dávalos Bachelet, en el Haras Callana de Gonzalo Vial Concha, recuerdan que él ofició de padrino de su sobrina. Le pagó la universidad, ha contado Rojas, a quien lo quiera oír, contradiciendo a Compagnon, quien aseguró en El Semanal que entró a estudiar Derecho, carrera de la cual cursó dos años, con crédito universitario que todavía está pagando y que los cinco años de Ciencias Políticas en la Universidad Central corrieron por cuenta de su mamá.
Comparten, además, el gusto por el balneario de Algarrobo: sobrina y tío disfrutan en sus departamentos de San Alfonso del Mar, el condominio con piscina artificial levantado por Fernando Fischman.
El frenesí emprendedor de Compagnon –que, en 2006, a los 23 años y siendo alumna universitaria, creó su primera sociedad Asia Pacific Brokers, con el taiwanés Yun-Tso Lee, antiguo profesor de su marido Sebastián Dávalos– resulta difícil de explicar a partir de la carrera de Ciencias Políticas o del impulso de Margarita Soto, una madre soltera que trabajó como asistente dental cuando su hija era pequeña y ahora es secretaria de la Junji.
Quienes conocen el vínculo entre tío y sobrina aseguran que fue Waldo Rojas el modelo a seguir de Compagnon, que él la motivó a hacer negocios, él le presentó a Mauricio Valero, actual socio en Caval. Fue el domicilio particular de su tío en la calle Eduardo Munita, en la comuna de Ñuñoa, el que Natalia Compagnon registró como dirección cuando constituyó Asia Pacific Brokers. Esa, la única propiedad de la familia Rojas Soto en Santiago, está inscrita a nombre de Gricela Soto y la razón obedece a un largo historial de juicios de Waldo Rojas, que incluyen querellas por estafa, asociación ilícita y giro doloso de cheques.
Misterio aclarado: por qué Caval dio como dirección la torre Santa María
Se presenta como ingeniero comercial de la Universidad de Chile y reconoció su calidad de lobbista por primera vez el año pasado, al inscribirse en el registro de lobbistas y gestores de intereses particulares de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
El 3 de diciembre se reunió con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para tratar “la inquietud que existe en torno al proyecto minero Los Pelambres del grupo Luksic”. Lo acompañaron el ministro de Minería de San Juan, Argentina, Felipe Saavedra, y el asesor Luis Buffa. Según The Clinic, Rojas iba representando al yacimiento sanjuanino “El Pachón”, de Glencore, que está enfrentado en un litigio con Los Pelambres, del grupo Luksic.
Curiosamente, Rojas aparece defendiendo intereses opuestos a los de su sobrina, pero negocios son negocios. Tras reunirse con Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente del Banco de Chile, para solicitar el crédito por $6.500 millones que requería Caval para comprar 44 hectáreas en Machalí, Compagnon lo asesoró en CCU. Le recomendó contratar al gerente de finanzas de Caval, Marcelo Carreño, y su sociedad SCR para realizar cuatro estudios para la referida CCU, por los cuales Carreño recibió $160 millones.
Aunque no figura en primera línea por los problemas legales que ha enfrentado, Rojas es un hombre sumamente activo. Su presencia recorre los más variados negocios. Mantiene vínculos con la Gobernación de San Juan, desde antes de su asesoría a El Pachón, que exige a Pelambres retirar 50 toneladas de escombros que están en su yacimiento, en territorio argentino, para lo cual el grupo Luksic contrató a la recién renunciada integrante del directorio de Canal 13, Soledad Alvear, además de Andrés Jana y Olga Feliú.
Hace bastante tiempo es cercano a la Gobernación de San Juan: en 2011, entre el 11 y 13 de octubre, Rojas viajó a la provincia trasandina con una delegación de alcaldes de la Séptima Región, encabezada por Claudio Gajardo, quien preside la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule y de quien Rojas es muy cercano, para observar el tratamiento de la basura en San Juan. Pero el tema que lo obsesiona es otro: el corredor bioceánico entre Brasil y Argentina y que llegará hasta Coquimbo por el lado chileno, gracias a la construcción de un túnel y una carretera en el Paso Agua Negra, en la IV Región, que colinda con San Juan.
No parece casualidad que su sobrina Natalia haya comprado 12 terrenos de 5 mil m2 cada uno, en 2013, pagando un total de $78 millones, en un loteo ubicado en la comuna de La Higuera, Cuarta Región. Su ubicación es prometedora: vecinas al futuro corredor bioceánico, existen 119 faenas mineras en la zona, incluido el proyecto Dominga de Carlos Alberto Délano, y un futuro puerto que planifica la CAP. ¿Cómo se enteró Natalia Compagnon que existía un loteo que asegura un explosivo aumento en el valor del suelo y un potencial cambio en el Plan Regulador? En el caso de las 44 hectáreas en Machalí hubo avisos de venta en la prensa y se trata de una comuna de crecimiento explosivo. No así La Higuera.
Antes de dedicarse al lobby, Rojas trabajó una década como analista financiero y gerente de negocios móviles (beeper y datos móviles) de Telefónica y fue gerente general de Nextel, cuando era una pequeña compañía de telecomunicaciones. En una u otra conoció a Mauricio Valero, gerente general de Tech Data, a quien, más tarde, le presentó a Natalia Compagnon. Mucho tiempo después de que Valero conociera a su sobrina, Rojas se pelearía con él. Esto, a raíz de comisiones por adelantado que solicitó Rojas por unas obras de una constructora llamada Inprocon y que Valero se negó a pagar.
Inprocon, cuyo socio es el arquitecto Rafael Gana, mantuvo una fuerte ligazón con Valero. Sebastián Dávalos en su declaración ante la Fiscalía sostiene que “se conocieron (su mujer y Valero) a mediados de 2010, (Valero) trabajó en Tech Data, trabajó en la empresa Inprocon”.
Cuando Inprocon compró kits de casas prefabricadas a LP Chile para levantarlas en la Séptima Región, tras una adjudicación sin licitación debido al terremoto, el ejecutivo que se las vendió, Jorge Adonis, recuerda que se entendió con Valero y Gana.
Inprocon tenía su oficina en Los Conquistadores 1700 (Torre Santa María), piso 9 B, la misma dirección que registra Caval y que, hasta ahora, resultaba inexplicable. “Yo tenía contacto con Rafael Gana, el otro socio era Mauricio Valero. A ellos los fui a ver a la Torre Santa María. También recuerdo que había otra empresa en esa oficina que era la Inmobiliaria Río Seco”, afirma Adonis, ejecutivo de ventas de LP Chile.
El negocio de las casas prefabricadas no fue bueno; el Serviu se demoró en pagar, pero logró ingresos por otras vías, siempre en la Séptima Región, donde Waldo Rojas posee un fuerte ascendiente entre alcaldes y concejales de distintas comunas. Así, por ejemplo, Inprocon levantó el nuevo edificio consistorial de Río Claro, cuyo alcalde es Claudio Gajardo, cercano a Rojas.
Fue otra adjudicación directa después del terremoto.
El vínculo con el lobbista Alexis Yáñez, que recibió pagos de Isolux
Rojas trabaja con una red de amigos y conocidos. Uno de ellos es Alexis Yáñez, operador político de la Concertación, que hizo carrera con Francisco Vidal en los cinco cargos que ocupó durante el gobierno de Lagos y el primero de Bachelet, gracias a lo cual tejió amplios y valiosos contactos en municipios y en el Congreso. Devenido en empresario con distintos intereses, posee una empresa, Santa Sofía Consultores, que ofrece asesorías en manejo de crisis, asuntos jurídicos, marketing y “promoción de los intereses de nuestros clientes ante organismos y autoridades públicas-privadas”, es decir, lobby.
Entre sus 17 clientes se cuentan casinos Enjoy, las universidades Central, Ucinf y Bolivariana, la polémica empresa de basura KDM y la que pavimenta el camino para ser la constructora más cuestionada del año, la española Isolux Corsan, investigada por la Fiscalía Centro Norte por el pago de coimas para ganar siete licitaciones, cinco de las cuales fueron caducadas por incumplimiento de obras. Los dineros ilícitos –estimados en $480 millones– se pagaron contra entrega de facturas a empresas constructoras y de asesoría, cuyos trabajos nunca se realizaron, precisa Ciper.
Yáñez y Rojas son socios en Lumina SpA, creada el 21 de febrero de 2013, y dedicada a consultoría integral de proyectos de infraestructura, energéticos, portuarios, aeroportuarios, mineros, agroindustriales y medioambientales. Estrecharon lazos en la Universidad Bolivariana, en la que Yáñez es socio y miembro del directorio, y a la que Rojas ayudó como lobbista cuando se vio involucrada en el escándalo de las Becas Valech –otorgadas a personas que no cumplían los requisitos–, y cursos carísimos de dudosa utilidad. Tenía llegada en el Ministerio de Educación con Mauricio Carrasco, el encargado de becas, por lo que logró apurar los pagos, entre otras cosas.
Yáñez, Rojas y Carrasco se cruzaron en el Caso Isolux-Corsan, el consorcio español investigado por el pago de coimas.
Isolux desembolsó $190 millones en favor de Yáñez, a través de sus sociedades Constructora Santa Sofía y Asesorías Praxis en marzo y mayo de 2014. Dos boletas detallan “supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de construcción (de un edificio de ocho pisos para la Usach) y una tercera, la de Praxis, fue emitida por concepto de asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción”, detalló Ciper en un reportaje titulado “Isolux-Corsan: su historia de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile”.
Carrasco, el funcionario del Mineduc que se encargaba de las becas (no sólo las Valech), apareció jugando un oscuro papel en una de las licitaciones que ganó Isolux. Contratado por el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, como encargado de becas y ascendido a director de administración y finanzas, Carrasco fue uno de los tres evaluadores que le adjudicó a Isolux una licitación por $10 mil millones para construir el edificio de ocho pisos a la Usach y fue el principal responsable de supervisar las obras.
Una denuncia anónima reveló que Carrasco y su esposa viajaron a Belo Horizonte (Brasil) a ver el partido entre Chile y Brasil pagados por Isolux. Dos días después del viaje –informó Ciper–, Carrasco autorizó fuera de norma un pago anticipado a Isolux por trabajos aún no ejecutados. Carrasco fue despedido tras haber reconocido que recibió una coima y hace dos semanas fue interrogado por el fiscal Andrés Montes, quien lleva adelante la investigación del caso.
Pregunta aparte es qué llevó a Zolezzi a contratar a Carrasco. Al ser consultado por El Mostrador, el rector de la Usach explicó que durante dos años le rechazaron 5.500 becas a la universidad por un cambio en la metodología del Mineduc, ante lo cual fue a conversar con el responsable del asunto en el Mineduc, Mauricio Carrasco. Aunque dice “no me solucionó el problema, pero sabía de números”, se lo llevó a trabajar a la Usach. “Puede que me lo haya recomendado alguien, pero no me acuerdo”, agrega.
Un cercano a Waldo Rojas sostiene que él se jactaba de haber promovido a Carrasco con el rector. El puente entre ambos –según cuenta este amigo cercano– fue su sobrina Natalia Compagnon. Zolezzi lo niega, dice no conocer a Compagnon, “para nada”, ni tampoco a Rojas.
La Usach puso fin anticipado al contrato con Isolux por incumplimiento –las obras ya debían estar listas y presentan un adelanto de un 20%- y se querelló por fraude al Fisco y cohecho en contra de Carrasco.
The Clinic reveló que Rojas está siendo investigado en esta red de corrupción y sobornos y será citado a declarar por la Fiscalía.
Su amistad con Juan Carlos Osega, quien le presentó a Isolux
Otro amigo de Waldo Rojas es Juan Carlos Osega, asesor histórico de Adolfo Zaldívar y su jefe de gabinete cuando fue embajador en Argentina.
Rojas y Osega son socios en Lumina SpA, constituida el 3 de enero de 2013, dedicada a consultoría integral de proyectos de infraestructura, energéticos, portuarios, aeroportuarios, mineros, agroindustriales y medioambientales.
Isolux los une en una etapa temprana. Aunque presentó la mejor oferta, el consorcio Isolux-Copasa fue descalificado en la primera licitación a la que postuló: la construcción de los puentes del Bío Bío y del Maule, porque Copasa, una empresa española que se adjudicó la concesión de la ruta La Serena-Vallenar, nunca inició las obras, le rescindieron el contrato y el Estado cobró la boleta de garantía por US$9,3 millones.
Los máximos ejecutivos de Isolux –los argentinos Juan Carlos de Goycoechea, presidente para Latinoamérica, y Mario Maxit, gerente comercial para Latinoamérica, quienes trabajan en Buenos Aires– se acercaron preocupados a la embajada de Chile en la capital trasandina.
Allí habrían contactado a Osega, periodista de profesión, quien está inubicable, para plantearle su inquietud. Osega opta por recurrir a su amigo Waldo Rojas, porque sabe que es un hombre con contactos, emparentado con la nuera de la entonces ex Presidenta Bachelet.
Según The Clinic, Rojas habría sido también amigo del fallecido Adolfo Zaldívar, histórico DC que, más tarde, encabezó el PRI. “En 2008, a petición de este último, cuenta una fuente, compitió en las elecciones municipales para ocupar el cargo de concejal por la comuna de Las Condes. No salió elegido, según el sitio del Servel”, publica el portal.
De Goycoechea y Maxit viajaron a Santiago en busca de una solución y se reunieron en el Hotel Plaza El Bosque –según pudo acreditar El Mostrador– con Rojas, quien no estaba solo. Lo acompañaba su sobrina Natalia Compagnon.
Diseñan un plan de acción para revertir el fracaso de la licitación. Waldo Rojas, De Goycoechea y Maxit concurren a las oficinas de Laurence Golborne, el ministro de Obras Públicas, quien es acompañado por su asesor Juan Antonio Coloma Alamos.
De aquella reunión salen con buenas noticias: el dictamen que la dejaba afuera será, posteriormente, cambiado por otro que le permitió ganar la licitación en la que había presentado la mejor oferta. Un papel clave cumplieron el ministro Golborne y el entonces director de Vialidad, Mario Fernández, para quien resultaba ilegal dejar fuera a una empresa por ir acompañada de una socia que no cumplió con una licitación anterior, como ocurrió con Copasa.
Consultado al respecto, Golborne afirmó que no haría declaraciones públicas. Coloma, su asesor, dijo no recordar la reunión, porque sostenía muchas diariamente
Ciper obtuvo un correo electrónico enviado por De Goycoechea –máximo ejecutivo de Isolux para Latinoamérica– a sus superiores en España, dando cuenta del éxito. “En los puentes Bío-Bío y Maule se escribió el dictamen que nos dejaba afuera por las sanciones dispuestas en contra de copasa y el lobby me llevó a sentarme a mí con el presidente de la comisión de adjudicación de obra pública, del Congreso, el Director de Vialidad y el Ministro de Obras Públicas y por ello se salvó el contrato”.
Juan Carlos Latorre, quien sería uno de los aludidos en el correo en su calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, aunque su nombre no aparece, afirmó conocer a Waldo Rojas: “Es un profesional que conocí, no sé cuál es su profesión”. Explicó que “la relación que tuve con Isolux tiene su origen en la oficina de abogados Puga & Ortiz. Ellos me presentaron a la gente de Isolux, me acuerdo bastante poco. Efectivamente, la empresa que tenía problemas era Copasa. Conozco a (Juan Carlos) Osega, pero no tengo ninguna relación con él”. Luego, Latorre se disculpó y cortó el celular porque debía trasladar a un hijo.
De los dos puentes, cuyo valor conjunto suma $48 mil millones, sólo uno sigue en buenos términos, el del Maule. En diciembre del año pasado, la Dirección General de Obras Públicas puso fin anticipado al contrato del puente del Bío Bío o Bicentenario.
Después de ganar la licitación, Waldo Rojas viajó varias veces a Buenos Aires, donde –según contó a un amigo– se movilizó en el auto oficial de la embajada, atribución que dependía de Osega.
Los oscuros capítulos de Promepart y Alta Dental
Los últimos cargos que ocupó Rojas resultan los más controvertidos en su carrera de ejecutivo. Su paso como gerente comercial de la cooperativa e isapre Promepart dio origen a episodios que hasta hoy abren interrogantes.
Creada en 1968 como una cooperativa para otorgar a sus socios atención de salud, “el 13 de abril de 2005 se modifica la razón social por maniobras de Waldo Rojas y de ser una sociedad limitada pasa a ser sociedad anónima, traspasando maliciosamente los activos de los 2.550 socios que durante más de 30 años habían capitalizado”, afirma el abogado Gonzalo Montes Videla, quien defendió a un grupo de trabajadores, a los que una década después del cierre de la isapre aún se les adeudan dineros.
La empresa, que contaba con 120 mil afiliados –el 4% de la industria– era comandada por Salvador Fernando Mura, en la gerencia general, y Rojas en la comercial. El 29 de septiembre de 2005 se decreta la quiebra por un tribunal, pero es alzada a raíz de un informe de la Superintendencia de Isapres –explica Montes– que determinó que la compañía contaba con bienes suficientes para pagar sus deudas. Los activos en ese momento sumaban $1.600 millones.
Se designa una comisión liquidadora para vender los bienes y cancelar las acreencias. “Sus miembros eran Waldo Rojas, presidente; Micael Goldschmidt, Salvador Fernando Mura y Sergio Rojas Abarzúa como directores”, sostiene el abogado.
“Entre las sociedades a las que se traspasan los bienes de Promepart hubo firmas relacionadas a los miembros de la comisión liquidadora, como Arquitectura y Gestión Hospitalaria, cuyo directorio estaba integrado por Mura, Rojas y Fernando Millar”, agrega Montes. A esta sociedad –prosigue– se le transfirieron los inmuebles de José Miguel de la Barra 536, piso X; Vicuña Mackenna 6015 y 5954, Eliodoro Yáñez 2063, oficina 502.
"Al Banco Monex le fueron transferidas las oficinas de Ahumada 370, piso 8; Estado 337, oficina 607; Merced 360, que hoy ocupan los juzgados laborales; Merced 366 al 368, y Rosal 363 al 366”, afirma Montes
Ante la consulta de por qué el banco recibió esas propiedades, Jacques Ergas, dueño de Monex en aquella época, respondió a este medio lo siguiente: “No me acuerdo bien, pero todo tiene una explicación; todo lo tiene el Banco Consorcio, que compró el Banco Monex, ellos hicieron el due diligence”.
El Mostrador insistió en la búsqueda de una explicación, frente a lo cual Ergas precisó: “Yo no compré nada, todo parte con créditos, yo no hice nada distinto al giro (bancario), el Banco Monex no se quedó con ninguna propiedad”.
Agregó que conoce a Rojas, “será un operador político” –lo describe–, y a veces le presta dinero con intereses, pero sin infringir la ley, aclara, porque no capta dineros del público, es decir, no recibe depósitos de terceros. También aseguró conocer a Micael Goldschmidt, miembro de la comisión liquidadora de Promepart, quien se dedica al giro inmobiliario y con quien tiene negocios.
“Otra propiedad en Nueva de Lyon 0110, en Providencia, se le transfirió a la Sociedad de Productos Financieros Andinos, que fue formada por Rojas y Micael Goldschmidt”, se señala. En Nueva de Lyon 0110 funciona una sucursal de la clínica dental Dentimagen que –según el abogado–, guarda relación con Rojas. “Él registró la marca Dentimagen”, precisa.
Según la gerenta general de Dentimagen, la dentista colombiana Patricia Calvache, los socios de la empresa son Micael Goldschmidt y Sergio Rojas Abarzúa –ambos miembros de la comisión liquidadora de Promepart– y la abogada Graciela Matamala. Calvache fue invitada a ser socia hace cuatro años y medio. Asegura que la marca Dentimagen la registraron los socios, que no conoce a Waldo Rojas y que la sucursal de Nueva de Lyon 0110, que perteneció a Promepart, primero se la arrendaban a una constructora, cuyo nombre ignora, y después decidieron comprarla con un crédito del Banco de Chile que pagan mensualmente.
Rojas y Mura –el ex gerente general de Promepart– volvieron a encontrarse en NCSI, una sociedad de certificación de ISO 9000, creada en 2009 por Gricela Soto, esposa de Rojas, y Oscar Cristi, uno de los fundadores de la Universidad de Los Andes –de la cual fue rector– y actual prorrector de la U. San Sebastián. Rojas fue director de NCSI; Mura es su gerente general.
A pesar de los numerosos bienes de Promepart y de que Banmédica compró su cartera de afiliados en $8.500 millones, la comisión liquidadora no canceló el total de deudas a sus 600 trabajadores.
“Waldo Rojas pagó $180 millones con cheques del Banco Monex, quedó debiendo otros $180 millones que yo traté de cobrar, pero no cumplió”, sostiene el abogado Montes.
Hasta el día de hoy los socios de la cooperativa e isapre Promepart se preguntan qué ocurrió con los activos, porque no recibieron nunca los dineros que les correspondían.
El otro negocio controvertido de Rojas fue Alta Dental, empresa que ofrecía implantes y atención dental a bajo costo, por lo que atrajo a un gran número de clientes de escasos recursos. La empresa funcionó desde 2007 hasta febrero de 2009, cuando cerró sus puertas sin aviso en Santiago y Valdivia, dejando a miles de pacientes con sus tratamientos pagados, pero sin terminar.
El abogado Montes, quien representó a 25 afectados de Alta Dental de la sucursal de Valdivia, explica que “en octubre de 2006 se dio origen a la Sociedad Odontológica Alta Dental, integrada por el dentista Francisco Pino Matus y su sociedad Servicios Odontológicos, y la sociedad Servicios Comerciales y Financieros formada por Waldo Rojas y su hermano Enzo”.
La compañía vendía más de $100 millones mensuales y atendía a unos 30 pacientes diarios. Sus dentistas, de origen extranjero, fueron contactados en un viaje que realizaron Rojas y Pino a Colombia. “El factor común es que no tenían contratos, ni residencia definitiva y ganaban un 60% menos que sus pares chilenos”, afirma el abogado.
Waldo Rojas era, además, el gerente general de Alta Dental, que recibió fondos de la Corfo –que nunca pagó, sostiene Montes– y el apoyo financiero de la potenciadora de negocios Octantis, de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Una de las prácticas extrañas de Alta Dental –destaca el abogado– era pedir a los clientes que pagaran a una cuenta corriente personal de Waldo Rojas, lo que contaba con el visto bueno de Pino. Los recibos eran de distintas sociedades, no de Alta Dental.
Debido a que la empresa nunca devolvió los pagos realizados por sus clientes, Montes presentó una querella por estafa reiterada y otras defraudaciones en contra de Rojas y Pino, el 7 de abril de 2009, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Las deudas impagas sumaban $1.500 millones. Pino y Rojas fueron formalizados por estafa.
El abogado también presentó una querella por asociación ilícita, lo que a su vez provocó querellas de Pino en contra de Rojas para evitar que pudiera probarse el delito de asociación ilícita.
“Cuando pedimos a la Superintendencia de Bancos antecedentes de las cuentas corrientes y depósitos de Rojas, no había nada”, asegura.
Finalmente, Rojas llegó a un acuerdo con la Fiscalía, “propuso pagar un 25% de las deudas y lo hizo con cheques de sus abogados”.
El equipamiento de Alta Dental, según Montes, “fue trasladado a Dentimagen, pero como no hubo una querella contra Dentimagen no se le pudo perseguir bienes”.
Además, Rojas acumula, tanto en el Séptimo como en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, siete querellas por giro doloso de cheques que se encuentran concluidas.
El Mostrador contactó hace diez días a Waldo Rojas, quien se negó a través de un tercero a entregar información, pero al cierre de este reportaje se comunicó con este diario. Declaró no recordar el número de trabajadores de Promepart, pero, según él, se les pagaron sueldos e indemnizaciones con el tope legal, que correspondían a acreencias preferentes. “Pagamos en total $1.000 millones a los acreedores preferentes”, sostiene. Desconoce cuántos recursos recaudó la comisión liquidadora de Promepart que presidía. Sin embargo, aseguró que Promepart debía $10 mil millones. Sobre las transferencias al Banco Monex, manifestó que se le vendió la propiedad de Merced 360 “en un remate judicial, a una sociedad relacionada a Jacques Ergas (dueño del Banco Monex)”. Afirmó que la Sociedad de Productos Financieros Andinos, a la que se le transfirió un local en Nueva de Lyon 0110, donde hoy funciona Dentimagen, pertenece a Sergio Rojas y Micael Goldschmidt. Declaró que la razón por la cual los pagos de los clientes de Alta Dental iban a su cuenta corriente es “porque mi socio Francisco Pino no tenía acceso al crédito bancario, estaba vetado, y yo me enteré cuando partimos el negocio”. Sobre los fondos entregados por Corfo, aseguró que eran $7 millones “y los rendimos”.
