China, país con fama de ser altamente restrictivo en términos de libertades, está anunciando que el mercado tendrá un “rol decisivo” en la economía del país, lo que implica una serie de reformas que acelerarán el proceso de apertura iniciado en 1978, reformas que, entre otras, afectan el emprendimiento privado, el cual se fomentará, las empresas podrán operar de manera independiente, se pretende desarrollar un sistema financiero moderno, entre otras medidas.
Por otra parte, en Chile, economía donde el mercado ha jugado un rol clave en el crecimiento del país, vemos a diario que diferentes actores políticos y sociales piden más restricciones y regulaciones a la actividad privada, empujando al Estado al extremo que vuelva a tomar el control de actividades económicas vía nacionalización de los recursos o generando nuevas empresas estatales. En otras palabras, en el mundo, cada cierto tiempo, se destapa algún escándalo que afecta la credibilidad del modelo económico y deja en tela de juicio a todo el empresariado. Por nombrar algunos de ellos que descansan en la memoria colectiva: el caso Inverlink; La Polar; Colusión de las Farmacias; Alzas de las Isapres; Rentabilidad de los Fondos de pensiones; modificaciones unilaterales a los contratos, y lo más reciente, el Caso Cascadas, que sigue en desarrollo.
Sin embargo, olvidamos que en Chile existen formalmente casi 850 mil empresas productivas, divididas en grandes (13 mil), medianas (26 mil) y pequeñas (821 mil), las cuales en su mayoría cumplen sus obligaciones con total apego a la ética y las normas legales vigentes, empleando a más de 8 millones de personas, casi la mitad de la población del país.
Una vez tomada la decisión de comenzar una aventura empresarial, hay que tener en cuenta que se interactuará con riesgos, costos y beneficios asociados, los que deben ser abordados con responsabilidad y donde el éxito es una apuesta no siempre segura. En general y tomando como base lo que aparece en la prensa de los últimos meses, se aprecia que nadie muestra mayor reparo con que otro asuma los costos y riesgos. Donde se generan los problemas es al momento de la partición de los beneficios. De hecho, al parecer gran parte de los problemas que nos afectan como país, tiene como responsables a los empresarios y/o grupos económicos. “lucro”; “ganancias excesivas”; “depredación de recursos”, entre otros, son conceptos que escuchamos a diario y que van quedando plasmados en el inconsciente colectivo como una realidad donde existe una minoría de “empresarios” que abusa y una mayoría de “trabajadores” que es abusada sin reparar que, tal como todos recibimos un sueldo como compensación al trabajo que realizamos, el empresario busca una legítima ganancia por su inversión.
Entonces, la pregunta es: ¿Qué pasaría si en Chile no hubiera empresarios? Algunos dirán: “Se acaban los abusos y todo se reparte en partes iguales”. Bajo ese prisma, todos seríamos más ricos y se solucionan todos los problemas del país, pero, sin lugar a dudas, hay que hacerse cargo de “unos pequeños detalles” para que el nuevo modelo funcione mejor.
Si vamos a funcionar bajo este nuevo modelo, hay que responder un pregunta fundamental: ¿Quién produce? Asumiendo que tenemos recursos para expropiar y no hay reacción en contra de los expropiados. El Estado se hace cargo de todas las empresas. El problema que subyace bajo este nuevo modelo es que el Estado ha demostrado ser un mal empresario, signo de esto son las continuas protestas y paros que cada cierto tiempo suceden por parte de los empleados públicos. Por otro lado, nace otra interrogante: ¿Quién va a controlar al nuevo Estado-empresario? La respuesta es obvia: el Estado-fiscalizador. Dejando el escenario tal como está y asumiendo como posible este desdoblamiento, suena a conflicto de intereses y en caso que efectivamente se sancionen las conductas inadecuadas, las multas las pagamos todos aquellos que pagamos impuestos, por lo cual todos somos perjudicados.
Otra pregunta se desprende de este nuevo modelo: ¿Quién paga impuestos? La respuesta es simple: no serían necesarios, ya que el Estado produce y por esta vía gana y reparte directa y en forma más eficiente, por ende, todos somos beneficiados. Sin embargo, la práctica dice que esto no es así, ya que todos deberíamos estar dispuestos a ganar lo mismo y el Estado fijaría “precios justos” para cada servicio o producto. Esto es difícil de implementar, puesto que es lógico que cada empleado pedirá compensación en línea con su aporte, por lo cual la distribución no será equilibrada, lo que generará nuevos conflictos. Por otra parte, si fuese posible satisfacer las necesidades de todos –que tienden a ser infinitas– nace otra pregunta de respuesta aún más difícil, y es saber si el Estado será capaz de hacerlo y ¿expectativas?. Todos –o la gran mayoría– quieren educación gratuita y de calidad, pensiones más justas, sueldos dignos y estabilidad laboral. Los modelos de corte solidarios son altamente deseables, sin embargo, cuando la tasa de renovación de la población no es constante y cada vez hay menos gente ingresando al sistema –lo que se conoce como envejecimiento de la población–, produce que el modelo sea imposible de sostener en el tiempo a menos que se inyecten recursos vía subsidios. Esta situación asume que los recursos son ilimitados y, lamentablemente para Chile, esto no es real, pues producimos cobre y no petróleo, oro o diamantes, por lo cual en algún momento el sistema no se podrá autofinanciar y tenderá a colapsar. Por último y no menos importante, es definir quién invierte, ya que si todo se reparte, la baja o nula inversión en las empresas estatales traerá graves consecuencias sobre la calidad del servicio y su continuidad. Nuevamente, la práctica dice que las empresas estatales –en general– son de baja competitividad y calidad de servicio, ya que sus costos de producción están sobre la media de las industrias en que participan, salvo contadas excepciones.
Ejemplos sobre los pequeños detalles que debemos resolver para cambiar el modelo pueden existir muchos. En resumen: bajo un modelo con un Estado empresario “los salarios justos”, “precios justos” y “derechos garantizados”, producen aumento del gasto y, por otra parte, se hace simple establecer los derechos, pero muy difícil definir las obligaciones. Bajo este sistema, la proyección es que los conflictos posiblemente aumenten, ya que el Estado pasaría de ser el factor proveedor de solución. Por todo lo anterior, propongo una alternativa; que el mercado tenga un “rol decisivo” en la economía del país. No olvidemos que en China descubrieron la pólvora. Eso implica que el Estado es un fiscalizador y garante de las buenas prácticas y pone las reglas del juego para que las empresas se desarrollen y hagan crecer al país. Los malos empresarios siempre van a existir, al igual que los malos empleados, políticos, jueces, etc. Hay que tomar los resguardos para que la sanción sea acorde con el daño causado, de forma de desincentivar malas prácticas. El marco regulatorio chileno es en general eficiente en este punto, sin embargo, “hecha la norma, hecha la trampa”. Si tenemos que enfocar la acción del Estado en algo, debe ser en funcionar de manera proactiva y mejorar la capacidad de reacción. Lo demás es retórica.
Si alguien no está conforme con su trabajo, el sueldo o las condiciones laborales que se dan en su industria, debe buscar alternativas o decidirse y emprender un negocio. La mayor parte de los empresarios partieron desde abajo, sacrificando bienestar en persecución de un sueño. “El problema es que le puede ir bien y ser exitoso y, en Chile, eso está penado socialmente –no es deseable-, sólo puedo desear que le vaya bien, pero nunca tanto”.
