En la propuesta original de la reforma tributaria enviada al Congreso Nacional el 30 de marzo pasado se eliminaba gradualmente el régimen de renta presunta y esos empresarios debían pasar al nuevo régimen 14 ter de la ley de renta.
En el Acuerdo Tributario no solo se mantuvo el régimen, sino también se incrementó el límite de ventas para acogerse a este régimen. El régimen de renta presunta es una excepción a nuestra legislación tributaria, que exime a quienes se acogen a él de llevar contabilidad completa o simplificada y define una tributación presunta de excepción y muy reducida.
En efecto, el año tributario 2013 las 147.133 empresas acogidas a este régimen pagaron impuestos presuntos por 50 mil millones de pesos, un 0,04% del PIB. Si las asimilamos a las 846 mil empresas que se clasifican en microempresas y pequeñas empresas, entonces habrían pagado impuestos por 154.000 mil millones de pesos, 3 veces más, o 1,2% del PIB. Ello por lo bajo. Si las asimilamos por su tramo de ventas a todas las empresas de Chile y ellas las distribuimos por le renta líquida imponible que declaran las que no se acogen al régimen, la estimación es más del doble, más de 0,3 puntos del PIB. Todo ello a la tasa actual del 20% de impuestos. A la tasa de 27%, lo impuestos que el país deja de percibir por este régimen se elevarán otro 35%.
Este régimen pudo justificarse en otros tiempos, cuando los costos de llevar contabilidad completa o simplificada eran muy altos y se trataba de pequeños agricultores, transportistas o mineros que no podían pagar dichos costos o no tenían las capacidades para hacerlo. No se justifica ahora. En primer lugar, porque las nuevas tecnologías permiten llevar contabilidad de costos muy reducidos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) puede desarrollar plataformas especiales y programas de capacitación para estos casos. No se entiende por qué los pequeños almaceneros, panaderos o quiosqueros, muchos organizados en estructuras familiares y con conocimientos reducidos en estas materias, deban llevar contabilidad y los pequeños agricultores, transportistas o mineros no puedan hacerlo. En segundo lugar, y mucho más importante, porque no se trata de pequeños agricultores, transportistas o mineros.
El sistema ha sido permeado y es utilizado por empresarios y profesionales de altos ingresos para eludir impuestos de primera y global complementario. El impuesto de primera categoría que se menciona arriba no es el principal costo tributario del sistema. En efecto, uno de los datos más difíciles de explicar en la actual discusión tributaria es el que el propio director del SII denunció en un medio de comunicación en abril de este año y que ha pasado desapercibido.
Cuando se comparan las distribuciones de ingresos de las empresas a las personas, según el SII, con aquellos que estima el Banco Central cuando calcula el ingreso disponible de los hogares, se observa que este último estima estas distribuciones 3 veces más altas, cerca de 10% del PIB anual, que lo declarado al SII. Ello representa una elusión del ingreso de los hogares para los efectos tributarios de enorme magnitud y que no tiene explicación y genera perplejidad en la profesión.
La renta presunta se encuentra primera en la lista para explicar parte de esta enorme elusión, junto a los retiros en exceso, los consumos ocultos en las utilidades retenidas de las personas y las inversiones en el exterior que no son inversión, sino consumo.
¿Por qué se mantuvo el régimen de renta presunta si el gobierno estaba claro en su intención de eliminarlo? Desconozco la respuesta, pero, a riesgo de ser especulativo, ella se encuentra entre una combinación de las siguientes: el lobby de pequeños empresarios favorecidos, que mezclados con emprendedores y otros empresarios pymes, lograron defender este beneficio; el lobby de los grandes empresarios que permearon el sistema, que no quieren perder sus granjerías, y que influyen fuertemente en el proceso legislativo; la falta de firmeza de nuestro gobierno, que no definió que en el corazón de la reforma se encontraba eliminar este régimen especial, y lo transó en la negociación política; cualquier otra que se le ocurra al lector.
Es imperativo que el Congreso Nacional vuelva a revisar la permanencia de la renta presunta y le ponga un límite temporal a dicha permanencia. Ello permitiría transparentar más el mundo empresarial y productivo del país, eliminar focos de elusión, eliminar la odiosa inequidad horizontal introducida con la integración parcial del sistema tributario y, sobre todo, permitiría transparentar la política, dando una fuerte señal, de parte de los legisladores, de que el lobby oscurantista va en retirada hacia un nuevo sistema de representación de intereses abierto y transparente.
Patricio Arrau
Ph.D. Economía, Universidad de Pennsylvania
Decano Facultad de Economía y Negocios,
Universidad Santo Tomás
Consejero Fuerza Pública
