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Después de la política de los consensos, acuerdos para los cambios

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A raíz del reciente acuerdo entre el gobierno, los partidos de la Nueva Mayoría, y los partidos de la oposición se ha planteado un debate respecto a si se estaría volviendo a "la política de los consensos", como fue llamada la política que se implementara durante los gobiernos de la Concertación. Es evidente que  dichos acuerdos se enmarcaban en un contexto completamente distinto al actual. Aquella política formó parte del proceso de "transición a la democracia", con todas las limitaciones que existían, desde los senadores designados y vitalicios, con el dictador Pinochet aún al mando del Ejército, y con un conjunto de leyes de amarre y de resguardos corporativos hacia éste. 

Se trataba de consolidar la democracia después de casi 18 años de dictadura. Puede que se discuta si este periodo se prolongó demasiado. Tal vez ello pueda ser así. Pero, por ahora, no interesa este análisis. En democracia, los acuerdos no se dan en el vacío. Hay que visualizarlos en el contexto histórico donde operan. Los llamados "consensos" en los gobiernos de la Concertación fueron básicamente procedimentales, para poder sacar algunas leyes, dado que no se tenía mayoría  en el Parlamento, debido, entre otras coas, al sistema binominal impuesto por la dictadura.

El contexto histórico actual es completamente diferente. La Presidenta de la República ha planteado al país un programa, que fue ampliamente difundido en la campaña, habiendo ella obtenido una abrumadora mayoría y la coalición de partidos que la apoyan también. Considerando lo anterior, cabe preguntarse: ¿es necesario hacer acuerdos más allá de los partidos de la Nueva Mayoría? Sin duda que sí. Pero éstos son cualitativamente distintos a los llamados "consensos". Se trata de acuerdos para realizar los cambios que el país necesita y requiere. Se trata de acuerdos que están basados en una "ética mínima", que constituyen el sustrato cultural del programa. Esta ética mínima se refiere,  fundamentalmente, a la disminución de las nuevas y viejas desigualdades que están presentes de manera dramática en la sociedad chilena. Por tanto, son acuerdos fundados en valores compartidos, no en procedimientos.

La democracia es un sistema político en el cual se gobierna con deliberación. No es solo para discrepar sino también para concordar. La mayoría debe gobernar. La minoría tiene derecho a expresar sus posiciones y, por lo tanto, debe ser respetada. Pero las decisiones se toman por mayoría, una vez que se ha agotado el proceso deliberativo destinado a buscar acuerdos. Esto es aún más necesario, en el actual escenario internacional, en el cual hay una competencia "sistémica entre países". Es decir, los países compiten en su integralidad, no compiten solamente las empresas. 

Por lo tanto, además de ser un requisito para el funcionamiento de la gobernabilidad democrática, los grandes acuerdos son un imperativo del actual contexto internacional.

Los acuerdos que le dan solidez a la democracia son aquellos que se hacen en función de valores compartidos, de una "ética cívica" y no sólo de procedimientos para acceder y mantenerse en el poder. Estos normalmente son efímeros. La experiencia histórica así lo demuestra. Basta con señalar lo ocurrido con el "acuerdo nacional" en Colombia entre liberales y conservadores, que terminó por erosionar el sistema político, y exacerbar la violencia en dicho país.

Por lo tanto, los acuerdos recientemente logrados, impulsados por el ministro de Hacienda, y la Comisión de Hacienda del Senado, se enmarcan dentro de este contexto. Hay que valorarlos y respaldarlos con toda la fuerza. Son acuerdos para los cambios. No son para petrificar un sistema. Ellos deben ser muy amplios y no sólo deben incluir a las fuerzas políticas, sino que también a los actores sociales, para construir acuerdos público-privados de envergadura y proyección en el tiempo. Y deben considerar a todos los partidos de la Nueva Mayoría. En este sentido, ha sido un error no haber incluido desde un comienzo a todos los partidos, porque son muy necesarios por su  vinculación con fuerzas sociales, como es el caso del Partido Comunista. 

Es de esperar que estos acuerdos se profundicen, y sean el preludio de procesos de "amistad cívica", indispensable para la gobernabilidad democrática y para  impulsar los cambios que el país reclama y necesita.

*Abogado y cientista político, ex Embajador de Chile en Brasil y ex Secretario General del PDC.

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