El reciente cambio de gabinete es el reordenamiento ministerial más importante desde la restauración del régimen democrático. La pregunta esencial que se plantea es si se trata del primer paso hacia el fin del proceso reformista como sugiere la frase “giro a la moderación” o si, por el contrario, es plausible pensar que continuará con nuevos rostros.
Desde el punto de vista del proceso de cambios, el primer año del Gobierno de Bachelet no tiene parangón. Más allá de los debates todavía en curso, la reforma tributaria representó un cambio muy importante en la normativa vigente desde 1984. Aun cuando no existen análisis sobre la recaudación efectiva, la decisión de hacer más progresivo el sistema impositivo, de reducir los mecanismos de elusión y evasión tributaria y de reincorporar la política impositiva entre los instrumentos de política económica dio un sello a la reforma.
El fin del sistema binominal es un paso importante para hacer más democrático el sistema electoral. En el campo educacional, se está avanzando hacia una gratuidad efectiva en la educación superior, hacia la desmunicipalización de la educación pública y también hacia el objetivo de lograr un mejoramiento sustantivo de la carrera docente y de la calidad de la educación. En relación con la reforma laboral, podrá no aprobarse la negociación por rama pero sin duda el país tendrá otra normativa laboral que, estructurada en torno a la titularidad sindical en la negociación colectiva, cambiará el panorama de las relaciones laborales.
El problema de estas reformas era que su éxito amenazaba con transformarse en una victoria pírrica. Las encuestas coincidían prácticamente todas en el descrédito del Gobierno y en una incomprensión y rechazo de las reformas por la opinión pública, que hacía ostensible el fracaso de la política comunicativa gubernamental. Sin duda que los medios de comunicación y la oposición cerrada del empresariado y la derecha contribuyeron a esta situación, pero también la falta de prolijidad de algunas iniciativas, la escasa sensibilidad para captar preocupaciones de fondo de la sociedad chilena. No obstante, el problema principal fueron los déficits de conducción política: en tal sentido, la decisión presidencial de cambiar el comité político y al ministro de Hacienda es una que puede reforzar el programa de reformas, si hace posible empezar a recuperar el apoyo político y ciudadano a las reformas comprometidas y, con ello, la iniciativa política del Gobierno.
Podrá argüirse que el nuevo ministro del Interior no es un partidario de la Asamblea Constituyente, cuestión que la Presidenta tampoco apoyó con claridad en ninguna de sus intervenciones recientes, pero lo claro es que la idea de una Nueva Constitución ya ha hecho carne en la ciudadanía, y la propia Presidenta explicitó su decisión de trabajar en una nueva Constitución cuando dio a conocer el cronograma de las reformas políticas..
La designación de Rodrigo Valdés permite empezar a restablecer los canales de comunicación con el empresariado, dada su reconocida trayectoria, pero en un cargo cuya conducción requiere sendas inflexiones en cuanto a la conducción política requerida para encarar problemas estructurales que enfrenta la economía, liderando una agenda de desarrollo productivo orientada a un salto en la productividad, que abarca infraestructura, innovación tecnológica y modernización de las PYME.
Se ciernen nubarrones en torno a la suerte que correrán las reformas que estaban en el tintero, particularmente la creación de la AFP estatal y la reforma al sistema de Isapres. Se trata de reformas que tocan principalmente a los sectores medios profundamente afectados por las malas pensiones y por los altos costos que representa la salud privada, lo cual puede contribuir a forjar alianzas políticas de apoyo al Gobierno, siempre y cuando se acompañara de una buena política comunicativa. Indicios claves de este potencial se evidencian en encuestas recientes especializadas en la materia, en que es ostensible el mayoritario rechazo y desconfianza a las AFP y una alta aceptación a una AFP estatal.
Quizás el aspecto más preocupante del cambio ministerial ha sido el bajo involucramiento de los partidos políticos. Los jefes de partidos, como cualquier ciudadano, parecen haberse enterado de los cambios en la ceremonia. Esto implica un giro respecto de las prácticas anteriores. Son reiterados los testimonios según los cuales los Presidentes de la antigua Concertación conversaban respecto de la designación ministerial y los otros temas de manera continua con los partidos que conformaban la coalición. Esta situación puede minar la solidaridad interna de la Nueva Mayoría. Se podrá argüir que la situación por la que atraviesan varios partidos de la coalición no permite una interlocución muy fructífera. No obstante, constituyen el soporte político del Gobierno. Cuando se habla de déficit de conducción política, una de sus manifestaciones principales es justamente la capacidad de lograr consensos con la propia coalición para asegurar que las iniciativas llegan a un feliz término con los mínimos costos políticos posibles.
Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
