Opinión
Lo que ha sucedido con los arteros y destemplados reclamos de la industria inmobiliaria, es que con ellos hábilmente se armó un conflicto artificial para justificar el proyecto de ley en comento, y además para intentar ablandar el rol que ejerce el órgano de fiscalización por mandato de su propia ley orgánica constitucional. Lo que es evidente es que hasta ahora el lobby de los bien organizados empresarios de la construcción está obteniendo su propósito y, para contrarrestar esta avalancha, será necesario que el Congreso escuche las opiniones de las innumerables organizaciones ciudadanas activistas anticorrupción.
El 23 de enero pasado dimos a conocer nuestra opinión acerca de lo que proponían los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Sergio Bobadilla, Carlos Abel Jarpa, Raúl Leiva, Christián Moreira, Erika Olivera, Pablo Prieto, Matías Walker, Rodrigo González y Marcelo Díaz en materia de Vivienda y Urbanismo, para simplificar las exigencias reglamentarias y legales necesarias para la obtención de permisos de edificación y otras materias relacionadas.
Dos de esos diputados, Rodrigo González (PPD) y Marcelo Díaz (PS), oportunamente borraron sus firmas en dicho bochornoso proyecto de ley, pues entendieron que fueron sorprendidos por sus colegas.
Ahora bien, hemos sabido que el Gobierno -conforme a su propio interés- le dio urgencia a ese proyecto de ley, inserto en el Boletín Nº 12.432-14, denominado «Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobaciones de planos reguladores comunales y de permisos de edificación», justificándolo porque así se destrabarán millonarias inversiones en el rubro de la construcción.
Quien lidera este traje a la medida de esa influyente industria es el diputado (UDI) Juan Manuel Fuenzalida, en conjunto con Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y experto lobbista, lo que ha quedado reflejado en la portada de la edición del 8 de marzo del vespertino La Segunda.
Tal proyecto, según hemos sabido por otro medio de prensa, se pondrá en la tabla del martes 12 de marzo en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados y tendrá una discusión que durará 30 días, para luego pasar al Senado.
Si triunfa el lobby, en unos pocos meses más se publicaría la modificación en el Diario Oficial, para beneficio de aquellos inversionistas acostumbrados a hacer “trampas” en sus negocios.
Sus promotores sostienen que con esa ley se contará con certeza jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de los permisos de edificación y que para ello se le introdujo la disposición del silencio positivo, lo que en la práctica significa que, aunque sea ilegal una solicitud de permiso de edificación, si transcurre un cierto período de tiempo de tramitación sin ser respondida por el órgano público, esa solicitud se transforma en un permiso terminal, con el cual su titular podrá iniciar el proyecto.
Para ir preparando el camino y, por lo tanto, para sensibilizar a la opinión pública, el pasado viernes 8 de marzo el diario El Mercurio publicó a colorida página completa el reportaje “Proyectos inmobiliarios detenidos afectan a 112 mil personas y US$ 5.700 millones en inversión», con epígrafe “Cámara de la Construcción revisó 158 casos cuestionados en Santiago por la Contraloría y otros organismos”.
En esa inserción publicitaria se reproducen las opiniones de Patricio Donoso, mandamás de esa asociación gremial empresarial, quien hizo muy bien su labor de impresionar a los lectores, diciendo, entre otras cosas, que el entrampamiento en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios se debe a un cambio de criterio en la interpretación de la normativa. Esa afirmación es falaz, pues la Contraloría siempre ha tenido y mantenido su jurisprudencia administrativa sobre permisos de edificación y prácticas indebidas por parte de algunos municipios; por lo que los permisos de edificación cuestionados por la Contraloría son manifiestamente contrarios a derecho.
Lo que ha sucedido con los arteros y destemplados reclamos de la industria inmobiliaria, es que con ellos hábilmente se armó un conflicto artificial para justificar el proyecto de ley en comento, y además para intentar ablandar el rol que ejerce el órgano de fiscalización por mandato de su propia ley orgánica constitucional.
Lo que es evidente es que hasta ahora el lobby de los bien organizados empresarios de la construcción está obteniendo su propósito y, para contrarrestar esta avalancha, será necesario que el Congreso escuche las opiniones de las innumerables organizaciones ciudadanas activistas anticorrupción.
Por otro lado, esperaríamos una declaración pública del Frente Amplio, cuyos parlamentarios han sido muy críticos con los recurrentes abusos que cometen los privilegiados a través de sus grandes empresas.
En resumen, se debe desmantelar el obsceno texto de este proyecto de ley y los parlamentarios de todos los sectores políticos que se manejan bien en el tema, deben asumir un activo rol para transformarlo en un documento serio que busque el bien común.
