Es uno de los casos más seguidos por el mercado de asesores jurídicos y financieros, ya que de ganar el ministerio público, sería el primer caso de quiebra fraudulenta de una corredora local.
Hablamos del caso Alfa a cargo de Luis Inostroza, fiscal estrella de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público.
Inostroza, junto a un grupo de bancos querellantes, formularon cinco cargos por delitos económicos contra Alejandro Contin y su hijo Antonio, dueños de la corredora Alfa, que en 2008 salió de la bolsa y fue sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El fiscal buscaba que se les condenara por cinco delitos: uso indebido de acciones en custodia, operaciones ficticias, obtención fraudulenta de créditos, entrega de información falsa al mercado y por quiebra culpable y fraudulenta.
Las sanciones solicitadas eran durísimas: más de 17 años para padre e hijo.
En primera instancia Inostroza y los bancos perdieron. La resolución del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, desestimó casi todos los cargos contra Alejandro Contin, sólo validó la quiebra fraudulenta e impuso una condena menor, consistente en la firma mensual durante un año para el padre. Para el hijo Antonio, nada. Además, el Ministerio Público y los bancos deberían pagar las costas del juicio.
Pero la fiscalía y los bancos querellantes apelaron, convencidos de que pueden revertir la situación y esta semana ganaron un round. La Corte de Apelaciones de Santiago falla en favor de los bancos y el Ministerio Público, diciendo que no tienen que pagar las costas.
En el fallo, la corte dice que "habiéndose acusado a Leonidas Alejandro Contin Naranjo y Antonio Contin González y dictándose condena en contra del primero y absolviéndose al segundo, ciertamente ni el Ministerio Público ni los querellantes han sido vencidos totalmente, lo que implica que de conformidad con el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, ya citado, no es posible condenar en costas al ente persecutor ni a los querellantes".
Los bancos querellantes son el BBVA, Banco de Chile, Banco Estado, Banco Itaú, Banco Rabobank, Banco Bice y Banco Security.
