Menos de 24 se tomó la Superintendencia de Bancos e Insituciones Financieras (SBIF) para reaccionar ante los imputados por caso Penta.
A través de un comunicado emitido ayer, la entidad que dirige Eric Parrado, ratificó que los controlares del Banco Penta, Carlos Lavín y Carlos Alberto Délano, quedan imposibilitados de ejercer su cargo.
"La formalización de los accionistas controladores del Banco Penta implica que se encuentran imposibilitados de ejercer cargos en la alta administración de la entidad, ya sea en cargos ejecutivos o como miembros de su directorio, conforme a lo dispuesto en el Número 5 del Art. 49 de la Ley General de Bancos (LGB), que establece la inhabilidad para desempeñarse en dichos cargos cuando los delitos asociados a la resolución judicial respectiva se encuentran sancionados con pena principal o accesoria de suspensión o inhabilitación temporal o perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos".
La SBIF admite que no tiene las facultades para forzarlos a que vendan el banco, ya que el examen de integridad respecto de los accionistas fundadores de una entidad bancaria "es un requisito que debe concurrir al momento de solicitar la aprobación de un nuevo banco, o bien, según lo dispone el Art. 36 de la misma ley, al ingresar como accionista relevante a un banco que ya existe. De acuerdo con ello, la formalización de los accionistas controladores del Banco Penta, es un hecho sobreviniente que no tiene ningún tipo de efecto jurídico respecto de dicha entidad".
Reiteró que el Banco Penta mantiene una sana posición financiera, "caracterizada por adecuados niveles de capitalización y liquidez", pero que el proceso judicial en el que están involucrados sus dueños "expone al banco a riesgo reputacional, por lo que la SBIF ha implementado un plan de seguimiento permanente de la entidad".
Sin embargo, el regulador dijo que "considera fundamental que quienes participen en el mercado bancario siempre mantengan una conducta irreprochable", y aprovechó de hacer hincapié en la necesidad de avanzar en el proyecto de Ley General de Bancos para "fortalecer la institucionalidad fiscalizadora" y las sanciones.
