El impuesto a la renta será pagado este año fundamentalmente por los asalariados y algunas empresas medianas que no cuentan con los recursos (abogados tributarios, contadores auditores, etc.) para obtener los generosos beneficios de las planificaciones tributarias que la normativa vigente y la falta de fiscalización y herramientas de control por parte del SII ponen a su disposición. Las grandes empresas y sociedades de inversión pagaran aun menos de lo que han pagado históricamente. Esto perfectamente podríamos considerarlo como un verdadero atentado contra las finanzas públicas del país, que además implica un efecto tremendamente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes de mayores ingresos y riqueza. La cuenta y la propina la pagan –una vez más– los trabajadores. Lea la siguiente columna de opinión.
En el contexto de la pandemia global y su impacto en la economía y las actividades productivas afectadas como consecuencia de periodos de confinamiento, se afirma que “hay que reactivar la economía”, así de simple y directo, como si esta crisis pandémica con sus efectos en la economía, en el caso de Chile, con una crisis de legitimidad institucional aún por resolverse por la vía de un proceso constituyente, no hubiese procesado ningún aprendizaje entre los poderes del Estado, el sector productivo y la ciudadanía laboralmente activa. Entérese de más aquí.
Ante la falta de regulación sobre el financiamiento de las campañas políticas, podemos estar en presencia de un plebiscito en donde las personas jurídicas, al contrario de lo que ocurre para las restantes elecciones tras la reforma del 2015, puedan contribuir, y no solo eso, lo puedan hacer sin límite alguno. De esta forma, se da pie a que en los próximos días seamos testigos de campañas electorales con dos grandes inconvenientes en extremo perniciosos para nuestra salud democrática. Por un lado, una total asimetría entre las posiciones en disputa y, por el otro, una total falta de transparencia relativa al origen del financiamiento de estas campañas. Todos los detalles en la columna de Nicolás Mena.
Según la popular aplicación de videos cortos, tiene una política de tolerancia cero con los grupos de odio organizados y además prohibió más de 1.300 cuentas por publicar contenido de este tipo. Sin Editar se lo cuenta.
