Las farmacias se juegan US$ 300 millones. Los supermercados, un 2% más de ventas. Los consumidores tendrán que esperar a ver cómo se juega el partido con el nuevo proyecto del Gobierno.
La rutina de ir a la farmacia, pedir un medicamento al dependiente, llevárselo si es que está disponible —cosa que no siempre ocurre— o terminar pagando por otro, pudo haber cambiado.
Sin embargo, el Gobierno retiró el proyecto que autoriza la venta de remedios sin receta —lo que amplía la oferta a mil supermercados, 800 tiendas de conveniencia, 300 perfumerías y cinco mil almacenes de barrio y pueblos pequeños— cuando estaba por votarse en la Cámara de Diputados. Quiso evitar el rechazo, porque sabía que no contaba el apoyo de todos los parlamentarios de RN.
Para llegar a ese momento muchos hilos se habían movido. Porque con esta iniciativa que volverá a tramitarse con nuevas indicaciones en septiembre, según anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hay poderosos actores llevando agua a su molino.
Para las farmacias está en juego un negocio de US$ 300 millones anuales. Son las más perjudicadas con una iniciativa que las haría perder el monopolio legal de la venta de medicamentos sin prescripción médica —800 de un universo de 4 mil— también llamados OTC.
“La cifra que manejamos es que del total de las ventas de remedios en las farmacias, el 27% corresponde a productos sin receta médica. Sin embargo, el margen de ganancia en estos remedios es cercano al 32%”, explica Jorge Velis, director ejecutivo de la Cámara de medicamentos de venta directa (Cameved), que nació para agrupar a los laboratorios que producen medicamentos sin prescripción médica.
A través de ella, vienen dando la pelea desde el gobierno de Michelle Bachelet, Bayer, Novartis, Pfizer, Boehringer, Glaxo, Merck y las chilenas Maver y Droguerías Hoffmann. Maver, de la familia Albala, es la que más pesa en ese gremio, pues el 90% de su producción corresponde a remedios OTC. Bayer fabrica mitad y mitad.
De las cadenas de farmacias, Cruz Verde es sindicada como la más activa en la defensa de sus intereses. Es la que más tiene que perder, considerando que es la cadena más grande con un 34% del mercado.
Guillermo Harding, su dueño, ha demostrado no escatimar recursos a la hora de proteger sus prerrogativas. Quedó patente en el caso de la colusión de precios de las farmacias: contrató 21 abogados, entre ellos a un ex fiscal nacional económico, y presentó siete recursos en todas las instancias (Tribunal Constitucional, Tribunal Defensa de la Libre Competencia, Corte de Apelaciones, Suprema, Contraloría). No ganó ni uno y gastó, según calculan abogados de la plaza, entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones.
La estrategia de dilación no le jugó a favor, porque en el intertanto la Corte Suprema marcó un precedente: en un fallo estableció que “la colusión es el ilícito más grave que puede existir para la libre competencia”. Esto a propósito de dos casos de acuerdos entre competidores. Uno en que terminó condenando a un grupo de empresarios microbuseros de Osorno por acordar precios y otro en que sancionó a un gremio de buses del Maule por impedir el ingreso de un nuevo competidor.
Uno de sus brazos en esta batalla es su gerente de asuntos públicos, Luis Fernando Laso, quien es parte de la escena cotidiana del Parlamento. Su contratación hace un año y medio —justo cuando el proyecto de venta libre de medicamentos entraba al Congreso— tenía un antecedente de peso: haber ocupado el mismo cargo en Chiletabacos, otra empresa que no dejó esfuerzo por hacer para impedir que el consumo de cigarrillos fuera cercado cada vez más.
Cruz Verde contrató a Imaginacción, la agencia de comunicaciones y lobby de Enrique Correa, considerada la de mayor experticia en abordar casos de este tipo. En un intento tardío por mostrar mayor transparencia y dotar de información a sus clientes, instaló en sus locales terminales para consultar precios y disponibilidad del remedio requerido. También está abierta a la idea de ofrecer OTC en sus góndolas, proyecto que murió durante el gobierno de Michelle Bachelet, porque el ministerio de Salud se negó a traspasarle la iniciativa a Economía como dictaminó la Contraloría.
Salco y Ahumada no sumaron fuerzas con la cadena viñamarina. De partida, el caso de la colusión les impide, por razones obvias, actuar juntas. Salco, de propiedad de Luis Enrique Yarur, no aplaude la estrategia legal dilatoria de Cruz Verde en la que se vio arrastrada —no presentó ningún recurso, pero el TLDC no puede fallar para una cadena en particular— y como en todo proceso que no se cierra las heridas en la imagen pública permanecen abiertas.
Salco contrató a Emilio Sanfuentes, dueño de la agencia Corpo, como asesor comunicacional, pero la opción es no referirse al tema mientras no se haya resuelto el caso de colusión. Sólo fue posible saber que la cadena no fue invitada a exponer su postura ante las comisiones de Economía y Salud que analizaron el proyecto, como sí ocurrió con Cruz.
En caso que se apruebe el proyecto, Yarur además cuenta con un nuevo canal de ventas: los 50 locales de la cadena PreUnic que compró en abril. Farmacias Ahumada se submarineó desde la llegada de sus dueños mexicanos, quienes se caracterizan por un perfil tan bajo que existen pocas fotos de los hermanos Saba en internet. Su agencia de comunicaciones Hill+Knowlton informó que no emitirían opinión alguna al respecto.
D&S quiere replicar su modelo mundial
Para los supermercados incluir en sus góndolas algunos de los 800 remedios que se expenden sin receta les permitiría allegar un 2% más a sus ventas que al año suman US$ 14 mil millones. Y al igual que con las cadenas de farmacias, hay una que ha desplegado más esfuerzos para conseguir apoyo: D&S. Porque para Wal Mart la venta de medicamentos es parte de su modelo de negocios en todos los países donde está permitido.
En 2009 la división de medicamentos y accesorios de salud, le reportó el 10% de sus ventas, según Wikinvest, un portal de negocios estadounidense.
Aunque el gremio actúa a través de la Asociación Chilena de Supermercados y viene insistiendo en abrir el negocio desde el gobierno de Bachelet, sus socios también se mueven forma independiente. “Líder (cuando era controlada por los Nicolás y Felipe Ibáñez), Cencosud y Tottus nunca mostraron interés en este nicho. Claro que si les dan la oportunidad, felices”, sostiene una fuente cercana al proyecto.
Algunos aseguran que D&S fue una de las mayores impulsoras del proyecto cuando el entonces ministro Juan Andrés Fontaine estaba preparando su diseño. D&S ha trabajado históricamente con Extend, la firma de comunicaciones de Marilú y Pilar Velasco, que también lleva la cuenta de la Asach.
El fallido proyecto para ofrecer remedios en las góndolas de las farmacias, sin pasar por el mesón y el vendedor, fue visto como un primer paso para el objetivo que D&S tiene en la mira. Su entonces presidente, Fernando Alvear, declaraba que luego llegarían a las góndolas de los supermercados.
Aquella iniciativa nació a raíz de la colusión de las farmacias. Bachelet instruyó a su ministro de Salud, Alvaro Erazo, a modificar el Decreto N°466 para obligar a las farmacias a vender medicamentos en sus góndolas. Sin embargo, la Contraloría lo rechazó, argumentando que las razones eran de índole económica y que no era potestad de la cartera de Salud, sino de Economía, llevar adelante el cambio. Erazo se negó a entregarle el proyecto a Economía, lo presentó tres veces a Contraloría y fue rechazado.
El poder de los delantales blancos
La bancada blanca, como se autodenominan los parlamentarios médicos, es la más férrea opositora al proyecto. De los 13 integrantes de la comisión de Salud, siete rechazaron el proyecto. Y de ésos, seis visten delantal: Juan Luis Catro (PS), el símbolo de la oposición a la iniciativa; Enrique Accorsi (PPD, Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Víctor Torres (DC) y Karla Rubilar (RN).
No hubo razones políticas; para los médicos la venta libre representa un peligro público por los riesgos de autoprescripción, de intoxicación así como también el aumento del consumo de fármacos.
El peso del delantal es tan fuerte que Karla Rubilar declaró en la comisión de Salud frente al ministro de Economía, Pablo Longueira, momentáneamente soy diputada de RN, momentáneamente soy parlamentaria, pero hay algo que no es momentáneo y voy a ser toda la vida: médico y voy a votar como médico.
A Nicolás Monckeberg, el otro diputado RN de la comisión que se negó a aprobarlo, la forma en que Longueira tramitó el proyecto le molestó. Nunca le entregó los antecedentes que solicitó, apuró sorpresivamente su tramitación poniéndole suma urgencia y en la comisión no pudo justificar cuánto iban a bajar los remedios gracias a la competencia.
Para muchos Longueira fue la piedra de tope. Su estilo y su calidad de precandidato presidencial —carrera en la que ya no corre— jugaron en contra de un proyecto que él creyó sería aprobado, porque de lo contrario —calculó erróneamente— los parlamentarios aparececían oponiéndose a abrir la competencia e indirectamente apoyando a las farmacias. “A los médicos no les gustan los OTC, porque eso le da poder a la gente. Inventan que se va a intoxicar todo el mundo. Los bolivianos, ecuatorianos, franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos compran estos medicamentos en el comercio. En Chile no se puede, porque nos vamos a intoxicar”, sostiene un ejecutivo de un laboratorio.
“El proyecto sólo representa beneficios para la población, porque la empodera en la decisión de compra. Le permitiría comparar todas las alternativas y los precios. Hecho que es imposible de conocer en las farmacias, porque no tienes idea de lo que hay”, sostiene Jorge Velis de Cameved. Argumenta que la experiencia mundial revela que las farmacias siguen manjeando el 70% del negocio de los OTC.
Los que defienden el proyecto acusan al doctor Enrique Paris, director médico del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica y presidente del Colegio Médico, de haber cambiado de opinión.
Él fue uno de los participó en el único estudio hecho en Chile sobre causas de intoxicación, que abarca los llamados de emergencia hechos al centro entre 1992 y 2002. Publicado en 2004, concluye que el 49,2% intoxicaciones se produce por medicamentos y que la mayor cantidad proviene de los remedios que actúan sobre el sistema nervioso central como benzodiacepinas y antidepresivos (40.6); sistema respiratorio (10, 9%); antimicrobianos (6,2%), hormonales (5,5%) y caridovasculares (4,7%). Los OTC no figuran siquiera desglosados.
Sus dichos ahora hablan de que en Chile, “la errada ingesta de medicamentos produce casi el 50 % de las intoxicaciones, por lo que poner medicamentos en libre venta, sólo las incrementaría”, sin precisar qué porcentaje de ese 50% corresponde a los OTC.
El asunto se ha vuelto tan relevante que en 2009 el Cituc realizó un estudio sobre el paracetamol, que según el director ejecutivo, Juan Carlos Ríos, uno de sus autores, revela que las intoxicaciones por remedios suben al 57% y que el paracetamol produce un 4,6% de ellas.
“La mayor preocupación es que aumenten los riesgos de intoxación por paracetamol, que haya más intentos de suicidio de los adolescentes con paracetamol y empiecen a aumentar los daños renales”, puntualiza.
Hace una semana Ríos comenzó una investigación sobre el impacto de todos los remedios OTC, en base a información de 2010 y 2011, que espera tener listo en 15 días.
A favor del proyecto está el ex presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, “porque toda política de medicamentos debe garantizar el libre acceso a ellos, cosa que hemos visto en Chile que no ocurre”. Dedicado a las consultorías —realizó una asesoría a D&S— apunta a que el listado sea idóneo, en lugares de venta con áreas específicas y supervisión de esta política. Sobre el paracetamol opina que se está exgerando por algunos actores para oponerse a la medida.
Los químicos farmacéuticos han alzado la voz apuntando asimismo a los peligros de la autoprescripción. “El tema es económico. El 70% trabaja en una de las cadenas de farmacias. Están defendiendo a su patrón”, sostiene un partidario del proyecto.
