Camila Vallejo y la designación de la subsecretaria de Educación:
La diputada electa se suma a las críticas que despertaron en el mundo estudiantil los vínculos de la recientemente nombrada subsecretaria de Educación con el lucro, uno de los temas que cruza al movimiento social con el que tendrá que lidiar el gobierno de Bachelet. “Es cuestionable que una persona que tiene conflictos de interés asuma una de las carteras más conflictivas”, dice también la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda.
El lucro será uno de los temas gravitantes que los estudiantes pondrán nuevamente sobre la mesa en 2014. Aunque las materias fundamentales y las principales movilizaciones se definirán el 9 de marzo –en la próxima reunión de la Confech, en Temuco–, este es sin duda un tema que no quedará fuera de tabla.
Por eso es importante, tanto para los dirigentes actuales como para los diputados de la llamada “bancada estudiantil”, que la recién nombrada subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, deje claro cuál es el trabajo que realizará su cartera en torno al lucro. Esto, después que una nota publicada por El Mostrador recordara que Peirano tiene la empresa de Asistencia Técnica Educativa (ATE) Grupo Educativo y que, a través de esta, ha prestado servicios a los colegios de su ex marido, Walter Oliva (DC), defensor del lucro y empresario de la educación subvencionada.
La diputada electa Camila Vallejo dice que “sin duda la información surgida sobre las actividades laborales de la futura subsecretaria, Claudia Peirano, son inquietantes. Su trabajo en la gestión de establecimientos particulares y principalmente la denuncia de que su consultora recibió financiamiento de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para alumnos vulnerables y que, según el Diario Oficial, aún mantiene nexos comerciales con su ex marido, el empresario educacional Walter Oliva, deben ser aclarados por ella a la brevedad”. Vallejo agrega: “La trayectoria y opiniones públicas de Claudia Peirano parecen apuntar en una dirección distinta al mandato que el pueblo le dio al gobierno de la Nueva Mayoría”.
La presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, cuestiona primero que nada la “lógica economicista» de los nombramientos en la cartera; primero con el ministro Nicolás Eyzaguirre y luego con el nombre de Claudia Peirano, economista, pero también lo revelado hoy. “Es cuestionable que una persona que tiene conflictos de interés asuma una de las carteras más conflictivas y donde se va a requerir señales de avances”, dice Sepúlveda. La dirigenta también apunta a que las ATE están en el corazón del modelo que ha imperado en educación: “Hay una mirada clara que es de defensa justamente de todas estas empresas que lucran finalmente, no directamente con el proceso educativo que se da en las aulas, pero sí estas agencias que muchas veces se llevan un reparto gigantesco de dinero del Estado para despojar a las comunidades educativas de la capacidad que tengan de mejorar sus procesos educativos”.
Giorgio Jackson, diputado electo, tampoco cree que la línea economicista de los nombramientos haya sido una buena decisión. “Tener dos economistas, en el Ministerio y Subsecretaría, no colabora en ese clima que es tan importante para establecer un diálogo con los distintos actores”, asegura y, respecto al conflicto de interés de Peirano, señala que es fundamental que el futuro gobierno y ella en particular dejen claro cuáles son los objetivos que persiguen en relación a las materias fundamentales de la cartera: “Si es que en algún momento, producto de este vínculo, se decide que no van a terminar con el lucro en la educación, ciertamente me parecería impresentable. Pero si es que van a terminar con el lucro igual y ella apoya esta idea, a mí me parece que no la inhabilitaría, porque ella estaría cumpliendo con un mandato de gobierno. Por eso es bueno que se explicite lo antes posible cuál va a ser la postura. Si no, esto da para mucha especulación y da para que la gente se haga la legítima pregunta de si hay o no un conflicto de intereses en este caso”, dice Jackson.
En la misma línea, Gabriel Boric, diputado electo por Magallanes, dice que la “subsecretaria tiene que aclarar su posición frente al lucro, tanto con recursos públicos como privados”. Sobre la ATE, Boric dice que “claramente existe una falta ética, aunque sea legal, en asesorar colegios cuyos sostenedores son familiares directos”.
Eloísa González, ex vocera de la ACES, cree que no se ha tenido ningún problema en designar nuevas autoridades vinculadas con el negocio de la educación. “Pero para el movimiento estudiantil deja de ser un interlocutor válido o alguien que pudiese traducir nuestras inquietudes, porque es parte de esa elite que nosotros cuestionamos y cuyos negocios perjudican al conjunto de las comunidades educativas”.
