Políticas públicas y sordera: entre desarrollo e incongruencias

Resulta fácil caer en el juego de creer que todo en nuestro país se hace mal, apelando comúnmente a situaciones eventuales que finalmente son consideradas una verdad. El ámbito de las personas con discapacidad no está ajeno a lo anterior, escuchando con frecuencia que los avances en igualdad y oportunidades hacia esta población son muy precarios o limitados. Pero al contrario de lo que podemos llegar a pensar, nuestro país posee índices de cobertura para esta población pioneros en la región y en algunos casos con estándares de país desarrollado.

Políticas en el ámbito escolar y laboral, la instauración de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad (CIF)y entidades privadas que colaboran con este grupo, son ejemplos de acciones que han elevado nuestros estándares internacionales, intentando dejar atrás la visión de enfermedad e incapacidad que ha sido utilizada pero que aún prevalece en ámbitos clínicos.

Ahora bien, al observar específicamente a la población sorda; ¿Qué ocurre que aún no hemos podido aumentar el número de estudiantes en educación superior, que pasa que aún no son valorados como cualquier otro trabajador en el campo laboral, o por qué aún vemos a la sordera y el uso de la lengua de señas como una última y mal mirada opción luego de un fallido intento de que un niño con hipoacusia hable y aprenda?

Si bien la respuesta es multidimensional, hay algo esencial que no siempre depende de los recursos económicos existentes, sino más bien del capital político y humano de un país, el cual cuente con leyes claras que permitan dar atención oportuna junto a la formación de una sociedad menos normal y más diversa. Si bien, lo anterior suena obvio, nuestras políticas y leyes en torno a la atención de personas sordas son completamente incongruentes y poco relacionadas, por lo que resulta complejo ofrecer a un niño sordo un camino definido, que permita el acceso igualitario y temprano a oportunidades.

Si pudiéramos ejemplificar esta falencia, podríamos observarlo desde el nacimiento de un niño con sordera. Sus padres probablemente se percatarán de su hipoacusia cerca de los 3 años de edad, que es el promedio de diagnóstico en Chile en el sistema público sin un programa de detección precoz. Luego el médico ingresará al niño a la política GES de hipoacusia, la cual implementará quizás tardíamente una ayuda auditiva para el aprendizaje de la lengua oral, evitando ese probable daño que produciría no hablar según esta política. Luego de eso, y considerando que las leyes de salud no se conectan con las educativas, de atención temprana o de salud primaria, la familia tendrá que buscar apoyo por su cuenta. En ese peregrinar probablemente acudan a SENADIS, quienes bajo la ley 20422 podrían señalar que el niño tiene derecho a la lengua de señas y acceso a la cultura sorda. Ya con esa confusión, la familia comenzará una frenética búsqueda y conocerán la diversidad de la oferta educativa, que por ley no tienen regulación en torno a lineamientos educativos específicos ni lengua a utilizar. Finalmente, una vez ingresado el estudiante al colegio todo podría volverse “peor” si este no llegara a hablar en lengua oral, ya que por la falta de oportunidades y acceso sólo tendría en Chile un 1% de posibilidades de ingresar alguna vez a la educación superior, algo que podría traducirse en una adultez con mayor pobreza y dependencia, algo común en personas sordas hoy en nuestro país.

Lo anterior es sólo un ejemplo, que tener cifras de un país de alto estándar debe acompañarse con leyes desarrolladas, asumiendo el trabajo en discapacidad de manera integrada, con la participación constante de la familia y profesionales a cargo, junto a un estado que garantice de políticas integradas y congruentes hacia esta población.