El Ejecutivo comunicó ayer que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó las indicaciones que presentó para obligar a las dos bolsas que operan en la actualidad –la de Comercio de Santiago (BCS) y la Electrónica (BEC)– a interconectar sus sistemas, cuestión que siempre ha sido rechazada por la plaza capitalina y a la que hace años viene aspirando su par electrónica. La más perjudicada es la BCS, que declaró ayer que “esperamos que las propuestas que se hagan sobre integración bursátil protejan los legítimos intereses de quienes han construido plataformas exitosas y con tecnología de punta y que permitan perfeccionar la formación de precios de los títulos de oferta pública, promuevan la liquidez y protejan debidamente la propiedad de sus desarrollos”.
Hace casi 20 años se sembró la idea de que el mercado chileno operaba, por un lado, de manera fragmentada y, por otro, concentrado. Esto, por la existencia de tres bolsas de valores en el país de tamaños muy distintos.
Desde entonces ha habido una serie de requerimientos por parte de organismos antimonopólicos o la ex-SVS, entidad fiscalizadora del mercado de valores, apuntando al concepto de que estas tres bolsas –antes del cierre de la Bolsa de Valparaíso– tenían que interconectarse, cuestión que ha dividido a la industria, manteniendo un conflicto de larga data.
La pugna, sin embargo, al parecer llegará a su fin. El Gobierno comunicó ayer que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó las indicaciones que presentó para obligar a las dos bolsas que operan en la actualidad –la de Comercio de Santiago (BCS) y la Electrónica (BEC)– a interconectar sus sistemas, cuestión que siempre ha sido rechazada por la plaza capitalina y a la que hace años viene aspirando su par electrónica.
Dichas indicaciones, impulsadas por La Moneda, fueron presentadas en el proyecto que establece Nuevas Exigencias de Transparencia y Reforzamiento de Responsabilidad de los Agentes de los Mercados, que se discute en el Congreso desde el año 2015 y que ha sido objeto de distintas indicaciones, tanto con Rodrigo Valdés como con Felipe Larraín de ministros de Hacienda.
[cita tipo=»destaque»]En 2012, el caso reflotó luego de que la SVS –dirigida por Coloma– les advirtiera a las bolsas que no estaban dando cumplimiento con la circular n.° 1.985, en lo que se refiere a la información sobre el mejor precio vigente de una acción en la otra bolsa, ni tampoco sobre la puesta en marcha de sistemas de intercambio de datos para que las corredoras respondan a sus clientes.[/cita]
Precisamente, una de las indicaciones más relevantes para el mercado de capitales tiene que ver con la interconexión de las bolsas, pues, si bien la obligatoriedad de interconectarse ya se encuentra en la ley vigente, no ha podido ser implementada ni forzada por la autoridad. Por ello, el Gobierno introdujo la indicación que le otorga a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad para forzar la interconexión vinculante, así como la atribución para establecer las condiciones y requisitos bajo los cuales las bolsas deben cumplir con tal interconexión.
La CMF, antes SVS, ha seguido de cerca la disputa, la cual incluso en su momento tuvo su arista judicial, cuando unos años antes de su cierre la Bolsa de Valparaíso demandara, en abril del 2014, a sus pares por “competencia desleal e indemnización de perjuicios”.
El criterio del ente regulador no ha sido siempre el mismo. Con Guillermo Larraín como superintendente (2007-2010), se apuntaba a interconectar estos mercados sobre la base de que, efectivamente, la industria bursátil operaba de manera fragmentada. Sin embargo, con Fernando Coloma como titular de la SVS, la entidad pareció entender que la disputa escondía una pugna comercial.
Esto, considerando que la Bolsa de Santiago siempre argumentó que ha invertido más que sus pares en sus sistemas transaccionales, por lo que una integración de sistemas no sería justa.
Como sea, las indicaciones que el Ejecutivo empuja facultan a la CMF para modificar los reglamentos de las bolsas en caso de que considere que atentan contra la libre competencia, con el fin de evitar que se establezcan condiciones tarifarias que limiten la interconexión. Ahora, la CMF podrá sancionar su no cumplimiento.
En el 2012, el caso reflotó luego que la SVS –dirigida por Coloma– les advirtiera a las bolsas que no estaban dando cumplimiento con la circular n.° 1.985, en lo que se refiere a la información sobre el mejor precio vigente de una acción en la otra bolsa ni, tampoco, sobre la puesta en marcha de sistemas de intercambio de datos para que las corredoras respondan a sus clientes.
La BEC, que siempre ha cuestionado que no haya interconexión, le respondió al regulador: “Si la SVS persevera en el actual modelo lógico de interconexión, a pesar de que esa información podría no ser correcta, tendría que liberar a las bolsas de valores de cualquier responsabilidad por los errores en los precios informados”.
La más afectada con las indicaciones del Gobierno es la BCS, presidida por Juan Andrés Camus; paradójicamente, uno de los actores del mercado financiero que más ruido hizo cuando apoyó públicamente la candidatura de Sebastián Piñera. Es que esta bolsa siempre se ha mostrado reticente a compartir sistemas con otro mercado, argumentando que estos son fruto de sus inversiones.
Tras las indicaciones aprobadas ayer, la BCS declaró lo siguiente: “Esperamos que las propuestas que se hagan sobre integración bursátil protejan los legítimos intereses de quienes han construido plataformas exitosas y con tecnología de punta y que permitan perfeccionar la formación de precios de los títulos de oferta pública, promuevan la liquidez y protejan debidamente la propiedad de sus desarrollos”.