Opinión
Lo que está ocurriendo en el Perú con la investigación judicial del llamado caso Lava Jato, es un fenómeno que toca a más de una decena de países de la región. En ellos, las mil y una esquirlas generadas por las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos, empresarios, políticos, y por aportes a campañas electorales. Cuando, en diciembre del 2016, la constructora reconoció a autoridades federales estadounidenses el pago de casi 800 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2016 y detalló la lista de sujetos, empresas y países involucrados en la red de corrupción, no solo apareció Perú en el listado con pagos de más de US$ 29 millones en sobornos, sino que además Argentina, Venezuela, Ecuador, México y otros más.
La muerte por suicidio del ex presidente peruano y líder del APRA, Alan García Pérez, pone una lápida trágica a toda una generación política de Perú a la que este pertenecía. Una ampliamente investigada por venalidad y corrupción, que presencia impotente cómo su poder se diluye, cerrando así un ciclo político y borrando todas las contribuciones y aspiraciones de buena vida, libertad y democracia que hubieran podido tener en el pasado para su país.
Desprovista de todo amparo o justificación ética frente a lo actuado, esta generación de políticos, mezcla transversal y abigarrada de múltiples proyectos ideológicos de libertad y democracia, deben resignarse ahora a una muerte cívica por su corrupción, tal vez la cárcel o incluso –como ocurrió con García– la desesperación de la muerte por mano propia ante la incapacidad de enfrentar su ignominia y la justicia de la sociedad.
Lo peor del caso es que lo que está ocurriendo en el Perú con la investigación judicial del llamado caso Lava Jato, es un fenómeno que toca a más de una decena de países de la región. En ellos, las mil y una esquirlas generadas por las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos, empresarios, políticos, y por aportes a campañas electorales con el fin de obtener a cambio contratos de obras públicas, tienen a las elites enfrentando la justicia y la cárcel.
Cuando, en diciembre del 2016, la constructora Odebrecht reconoció a autoridades federales estadounidenses el pago de casi 800 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2016 y detalló en un acuerdo la lista de sujetos, empresas y países involucrados en la red de corrupción, no solo apareció Perú en el listado con pagos de más de US$ 29 millones en sobornos, sino que además Argentina, Venezuela, Ecuador, México y otros más.
Desde esa fecha, solo en Perú –de acuerdo a información consignada en el diario El Comercio de Lima– hay 38 investigaciones abiertas y más de 250 personas investigadas. Entre ellas, los ex presidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, además de García; la esposa de Humala, Nadine Heredia, la ex candidata Keiko Fujimori y una larga lista de ex ministros, altos funcionarios del Estado y empresarios.
[cita tipo=»destaque»]Mientras en Perú y el mismo Brasil la justicia ha avanzado mucho en desenredar la trama de corrupción, en Chile –como si hubiera un agujero negro en su centro–el poder es capaz de condensar toda la masa de conflictos de interés, corrupción, financiamiento ilegal de la política, y más, y hacerla desaparecer, dejar a todo el mundo impune. Y luego, inventar un juego de sillas musicales en torno a altos cargos públicos, como el que ahora ocupa Raúl Guzmán en el Senado, el ex fiscal Andrés Montes en la Comisión de Mercados Financieros (CMF) o jueces que se convierten en notarios, y fiscales en defensores de organismos como el Sename, sin que nadie sienta el más mínimo rubor.[/cita]
Alan García era investigado por dos casos, uno relacionado con la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima y el otro con la construcción de IIRSA, una carretera troncal de enorme valor estratégico que va desde el Cusco a la frontera con Brasil y es parte del corredor Bioceánico Sur Perú-Brasil. En este también es investigado el grupo empresarial Graña y Montero.
Junto con García, la Fiscalía peruana había decretado diligencias judiciales en contra de Enrique Javier Cornejo Ramírez, ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) que, durante su Gobierno, licitó a Odebrecht el proyecto de la Línea 1 del Metro limeño. También a Luis José Nava Guibert, ex ministro de la Producción del segundo mandato de García, quien habría recibido USD$4 millones de la empresa Odebrecht por el proyecto IIRSA Sur (Tramos 1 y 2), y otras 6 personas, algunas de ellas prófugas.
El ex presidente Kuczynski había sido detenido algunos días antes y la Fiscalía solicitó una orden de arresto en contra del empresario chileno y socio, Gerardo Sepúlveda Quezada, por la arista PPK/Westfield de Odebrecht, en la que se investigan eventuales delitos de lavado de activos.
La acción de la justicia peruana contrasta con la alta capacidad de absorción de los conflictos de interés que presenta Chile y los resultados absolutamente intrascendentes en las investigaciones de delitos económicos, de financiamiento ilegal de la política e, incluso, cohecho y corrupción en la composición de los diferentes escalafones del Poder Judicial.
La reciente designación de un fiscal aún activo como secretario general del Senado –en un momento en que el Ministerio Público debe investigar eventuales actos ilícitos de miembros de dicha corporación–, puso en evidencia la capacidad del poder político para captar a los persecutores y fiscalizadores de sus actos, para transformarlos en los más celosos guardianes de su impunidad.
La imagen del presidente del Senado estrechando la mano de un fiscal todavía activo, luego que este celebrara su designación con una impropia alocución política sobre sus nuevas obligaciones, habla de un extravío grave de las responsabilidades políticas y administrativas, y de una promiscuidad que lesiona la probidad y transparencia del Estado.
El Ministerio Público chileno nunca ha aclarado si la solicitud hecha por los ejecutivos de Odebrecht a Chile, de referirse a sus acciones en nuestro país, les aseguraba inmunidad, ni por la fiscal Ximena Chong ni por el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien también viajó a Brasil para conocer de los interrogatorios que se realizaban a los directivos de esa empresa.
Mientras en Perú y el mismo Brasil la justicia ha avanzado mucho en desenredar la trama de corrupción, en Chile –como si hubiera un agujero negro en su centro–el poder es capaz de condensar toda la masa de conflictos de interés, corrupción, financiamiento ilegal de la política, y más, y hacerla desaparecer, dejar a todo el mundo impune. Y luego, inventar un juego de sillas musicales en torno a altos cargos públicos, como el que ahora ocupa Raúl Guzmán en el Senado, el ex fiscal Andrés Montes en la Comisión de Mercados Financieros (CMF) o jueces que se convierten en notarios, y fiscales en defensores de organismos como el Sename, sin que nadie sienta el más mínimo rubor.
Nadie desea un destino trágico para los líderes políticos como el que acabó con Alan García Pérez, pero ayudaría a fortalecer la democracia la decisión con la cual la justicia peruana ha enfrentado el tema Odebrecht, que –ojo– por desgracia, aún puede deparar muchas sorpresas en toda la región.
Revise en este link el documento del acuerdo entre Odebrecht y la autoridad federal de EE.UU.
