MERCADOS
Mientras se llevan a cabo los descuentos para que el fiscal de Alta Complejidad, José Morales, formalice por lavado de dinero al excomandante en Jefe del Ejército, una importante diligencia se llevó a cabo en estos últimos días en las oficinas centrales de la concesionaria de vehículos de lujo Ditec, cuya propiedad es compartida mayoritariamente por Sebastián de Cárcer y Cristóbal Lira, asesor del ministro del Interior y ex subsecretario de Prevención del Delito. La diligencia consistió en la incautación de documentación contable, entre cuyos papeles se encontró un cheque a nombre de Fuente-Alba por 30 mil dólares.
Que eran amigos, que se visitaban en las casas, que era una relación vox populi, sobre todo entre el grupo de gerentes generales que corren en autos de lujo, y que, cada tanto, se unen al challenge de la marca Porsche.
En ese segmento, la relación entre Sebastián de Cárcer –uno de los socios de Ditec– y el procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, no era un secreto ni tenía nada de raro. Aunque nadie entendía bien los bemoles de su cercanía, algo que hasta hoy tampoco se ha dilucidado del todo.
En marzo pasado, un reportaje de El Mostrador reveló una estrecha relación entre Fuente-Alba y la concesionaria de autos de lujo Ditec –firma en la que el asesor del Ministerio del Interior y exsubsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, es un importante socio–, en cuyo libreto aparece la compra por parte del Ejército de más de un centenar de vehículos de lujo a dicha concesionaria en condiciones que no se han esclarecido del todo, y que abrieron una hebra investigativa en la causa por lavado de activos y que lleva adelante el fiscal José Morales.
Con posterioridad a estas revelaciones, la firma calificó estos movimientos –que implicaron la compra de más de 150 vehículos en dos operaciones– como normales, esto pese a que El Mostrador conoció de altas fuentes que lo anterior fue motivo de un fuerte debate al interior del directorio de la empresa, por involucrar el pago de comisiones irregulares a terceros, específicamente al comerciante de armas Virgilio Cartoni.
De estas dos operaciones, la que data de 2011 se adjudicó sin existir ningún otro oferente, esto pese a existir una alta gama de competidores en el segmento de vehículos en el país.
El Ejército, por su parte, aseguró que en su relación con la concesionaria en cuestión no se incurrió en el cobro de «comisiones irregulares a Ditec».
«Todo cobro efectuado fue por un servicio efectivamente prestado, y a plena satisfacción de dicha compañía”, señalaron, pese a que las alarmas se levantaron en el círculo cercano al grupo empresarial, así como en el Gobierno, que optó por blindar a Cristóbal Lira.
Para intentar zafar del lío judicial, el empresario y asesor de Interior ha planteado que hay una operación en su contra, todo en momentos en que su presencia podría ser útil para La Moneda como un reemplazante en la Subsecretaría del Interior.
«Fuentes de Gobierno confirmaron que la vinculación pública del asesor ministerial con uno de los negocios de Fuente-Alba, entre los años 2010 y 2012, activó un fuerte ‘control de daños’ en La Moneda para blindar al hombre de confianza de Chadwick. No se quedaron ahí. En Palacio se elaboró un documento –una suerte de minuta– con “ideas fuerza” y argumentos específicos para defender a Lira frente a una eventual ofensiva mediática contra el funcionario, acostumbrado a aparecer frente a las cámaras por temas más rentables en televisión, como las medidas antidelincuencia o desde su rol como concejal. Dicho dossier circuló por varias oficinas de la sede del Ejecutivo, escritorios de asesores y de algunos ministros», señaló un reportaje reciente de El Mostrador.
El ojo de la Fiscalía efectivamente se abrió ante los antecedentes exhibidos –hasta ese minuto más bien desconocidos para la indagatoria que lidera el fiscal José Morales– que han incluido indagatorias contra empresas de vehículos, como Klassic Car y otras que se han mantenido en reserva, pero que también han sido blanco de investigaciones. Todo con el fin de entender cómo Fuente-Alba lavaba dinero para fines personales y, de paso, saber si también había canales institucionales para hacerlo.
Así es como, dentro de las diligencias del caso, la Fiscalía hace poco más de un mes llegó hasta las oficinas de Ditec para realizar la incautación de documentación de la empresa, particularmente de todas las facturas que hablen de una relación comercial entre Ditec, Fuente-Alba y el Ejército en el período en que este fue comandante en Jefe de la institución.
Tras estas incautaciones se tiene planificada una etapa de toma de declaraciones, en primera instancia, a la plana ejecutiva de la firma, que conocía de este vínculo comercial, para luego ir escalando en las indagatorias hasta los directivos y exdirectivos de la compañía –tomando en cuenta que algunos directores ya no son parte de la empresa, luego que Eduardo «Guayo» Costabal vendiera su participación en la empresa–.
Un antecedente relevante es que, dentro de la incautación documental –a la que le restan antecedentes, pues la firma señaló que debía rescatar antecedentes en archivo–, se encontró un cheque emitido por Ditec a Fuente-Alba por cerca de $ 30 mil dólares, aunque el documento es anterior a su periodo como comandante en Jefe. Dentro de la investigación es clave esclarecer el por qué de este documento.
El pago estaría justificado, por el lado de Fuente-Alba, en que habría adquirido un vehículo que posteriormente devolvió a la automotora, que –sin mediar– le habría devuelto el importe involucrado.
A la par, El Mostrador solicitó por Transparencia –de manera previa a la publicación del reportaje del 12 de marzo– todo el respaldo documental en cuanto a la relación comercial entre Ditec y el Ejército.
La petición original de este medio señalaba que se solicitaban las órdenes de compra a la firma entre los años 2010 y 31 de diciembre de 2018, además de licitaciones adjudicadas en el período y otros vínculos comerciales que pudiesen existir.
En respuesta, el organismo entregó una orden de compra que se realizó bajo la modalidad de trato directo con fecha 2 de septiembre de 2011, para la “adquisición basada en mantener la línea de vehículos adquiridos anteriormente la que fue modificada el 25 de junio de 2013 para darle un upgrade a los vehículos militares”. Esta información, sin embargo, figura como altamente contradictoria respecto de una declaración pública, emitida con anterioridad, en la que el Ejército buscaba desmentir la existencia de operaciones de trato directo entre ambas entidades.
Aunque la información revelada por Transparencia tachó –haciendo eco de un fallo de la Corte Suprema– las cantidades involucradas en la operación (volumen) y especificaciones técnicas, vino a confirmar que sí existía trato directo entre la compañía y el Ejército.
La primera factura identifica diez operaciones por un monto de US$ 5.091.248. La modificación suma el detalle de otras 14 operaciones en la factura, por un total de US$ 5.374.488.
Próximamente se espera que el fiscal a cargo del caso, José Morales, formalice a Juan Miguel Fuente-Alba, aunque resta un informe de la PDI que entregue mayores detalles sobre la fórmula en que el general (r) lavaba dinero, dando cuenta de profundas inconsistencias en el informe que el acusado presentó como parte de su defensa y que sería un peritaje sin base técnica para acreditar el abultado patrimonio personal que poseía.
